Una Constitución indigenista, radical y bolivariana podría acabar con Gabriel Boric

El presidente de Chile, Gabriel Boric, junto a la ministra del Interior, Izkia Siches, saluda tras ser investido presidente en Valparaíso (Chile). EFE

El sistema institucional de Chile, instaurado durante el régimen militar, es muy liberal en lo económico. Pensiones, educación y sanidad son mayoritariamente privadas.

Pero en lo político, el sistema está controlado por el discurso hegemónico de la izquierda. Socialistas y democristianos han ocupado el poder sin alternancia real durante los últimos treinta años. Los dos mandatos de Sebastián Piñera, por ejemplo, representaron un continuismo sin oposición de la legitimidad moral de la izquierda.

Boric se ha convertido, por tanto, en el jefe de Estado más joven de Hispanoamérica. Su llegada al poder ha generado, tanto fuera como dentro del país, grandes expectativas entre sus partidarios e inevitables incertidumbres entre sus opositores.

Su pasado radical le persigue. La ambigüedad de sus propuestas, su nula experiencia como gestor y el ambiente revolucionario que vive Chile desde el estallido social del 18 octubre de 2019 (una ola de atentados sin precedentes contra bienes públicos donde se quemaron más de 47 estaciones de metro en Santiago) hacen que su mandato presidencial presente, desde el primer día, muchas más incógnitas preocupantes que soluciones factibles. A esto se ha unido la crisis económica producto de la pandemia, el problema de la inmigración descontrolada en el norte del país y el surgimiento del terrorismo mapuche en la Araucanía 

Pero el principal reto del nuevo presidente de Chile, por encima de todos los anteriores, se encuentra en la coincidencia temporal del inicio de su Gobierno con el final de la Convención Constitucional pactada por su antecesor, Sebastián Piñera. Un intento de solución al problema de la violencia y que cuenta con un tiempo tasado. Porque el 4 de julio de este año deberá presentarse una propuesta de Constitución, que se tendrá que someter a referéndum en septiembre de 2022.

El contenido y aprobación de esta nueva Constitución es vital para el futuro de Boric. Así lo ha reconocido su ministro secretario general de Presidencia, Giorgio Jackson, al afirmar que "no existe otro horizonte en nuestro programa político, ya que esta reforma es el guion institucional para dar cumplimiento al programa de Gobierno".

La actual Constitución, llamada "de Pinochet", pero reformada en referéndum en 1989 tras un acuerdo con la Concertación (izquierda chilena), y rubricada tras una amplia modificación en 2005 con la firma del socialista Ricardo Lagos, es según Jackson "un obstáculo a las reformas que plantea Boric". También ha dicho Jackson que "una nueva Constitución es un requisito sine qua non para llevar a cabo estas reformas. Por lo tanto, haremos mucho énfasis en mantener el clima político de esperanza en todos los sectores que apoyaron al nuevo presidente en las elecciones del pasado diciembre".

El problema que tiene Boric para ejecutar sus cambios institucionales es que está hipotecado por los apoyos moderados que obtuvo para alcanzar la victoria en segunda vuelta después de unos resultados mediocres en la primera. En esta fue derrotado por el candidato de la derecha, José Antonio Kast. Además, su Gobierno debe lidiar con un Congreso y un Senado donde no tiene mayoría, lo que le obliga a alcanzar consensos para aprobar leyes y realizar grandes reformas.

"Aunque el perfil moderado de su gabinete ha tranquilizado a los observadores internacionales, nadie olvida que la coalición de Boric incluye al Partido Comunista"

El anuncio de los nombres de su primer gabinete ha tranquilizado a los observadores internacionales. Casi todos esos nombres tienen un perfil moderado y proponen reformas sin radicalidad. Es el llamado "cambio tranquilo" que abanderó la socialdemocracia europea durante el siglo pasado.

Pero nadie olvida que Gabriel Boric es el líder de una coalición de extrema izquierda de la que forma parte el Partido Comunista de Chile (defensor de las dictaduras cubana y venezolana), que cuenta con varias carteras ministeriales y que ha copado un importante número de subsecretarías, tanto en segunda línea del Gobierno como en la Administración regional.

La aprobación de una nueva Constitución es, por tanto, el principal reto político de Boric. De ahí que todos los analistas coincidan en que sus primeros meses de presidencia van a ser de campaña electoral para alcanzar dos objetivos.

En primer lugar, un texto aceptable y moderado que sea aprobado por la Convención Constitucional en junio.

En segundo lugar, un respaldo mayoritario a la nueva Constitución en el plebiscito de septiembre.

Sin embargo, la paradoja de la política chilena ha conseguido algo que parecía imposible. Que la Convención Constitucional sea, en la actualidad, el mayor obstáculo a las expectativas de cambio lideradas por Gabriel Boric.

Desde que en febrero el pleno de la Convención comenzó a aprobar los nuevos artículos que formarán parte de la propuesta de texto constitucional, sectores importantes del centroizquierda chileno agrupados en el movimiento llamado Los Amarillos (socialistas, radicales y demócratas cristianos) han manifestado su oposición a estos. Se trata de artículos que no suponen "un cambio de 180 grados" respecto al llamado modelo "neoliberal chileno" (aspecto en el que todos estarían de acuerdo), sino una propuesta radical de refundación de lo que hasta ahora se conoce como la República de Chile.

"Chile es un Estado regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado", se afirma en uno de los artículos aprobados.

Más adelante aparece una nueva muestra del intento de desmembración de la nación chilena: "El Estado se organiza territorialmente en regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales".

El texto recalca esta intención en otro artículo posterior: "Las regiones autónomas, comunas autónomas y autonomías territoriales indígenas están dotadas de autonomía administrativa y financiera para la realización de sus fines e intereses, sin poder atentar en contra del carácter único e indivisible del Estado de Chile".

También el proyecto de la nueva Constitución plantea suprimir el sistema presidencialista por otro parlamentario con amplio poder de decisión para las minorías políticas y regionales (como sucede en España), que es lo que le interesa al Partido Comunista.

"El nuevo proyecto de Constitución elimina el Poder Judicial independiente y supone la desaparición de facto de la República de Chile como sujeto soberano único"

Pero quizá la reforma más radical, la que rompe no solamente con el pasado reciente de la nación chilena, sino que situaría a este país en una órbita premoderna (antiliberal y no ilustrada), es la que fulmina de un plumazo la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia.

Dejaría de existir, por tanto, un Poder Judicial independiente en Chile como garantía de defensa de los derechos y libertades ciudadanas, y como necesario contrapeso a un Poder Ejecutivo que lleva en su ADN la marca genética del totalitarismo.

Este proyecto de Constitución crea varias estructuras judiciales diferentes (algunas de ellas primitivas y sin ninguna tradición, seguridad ni garantías). Algo a lo que se une la desaparición de facto de la República de Chile como sujeto de soberanía política única.

Son hechos suficientes como para que una parte importante de la población chilena observe estos cambios con gran preocupación y amplio desagrado. Así lo reflejan las últimas encuestas, donde el rechazo a la nueva Constitución se sitúa ya en el 45% de los votantes (hace unas semanas era tan sólo del 33%).

Si Boric no es capaz de controlar la radicalidad e insensatez de sus correligionarios constituyentes (la mayoría de ellos pertenecen a su coalición electoral) y no es tampoco capaz de presentar el proyecto de una nueva Constitución moderna, democrática y consensuada, es posible que su presidencia descarrile durante los primeros meses de su mandato.

Si no es así, quien no podrá contar con un futuro prometedor será la propia democracia de Chile.

*** Javier Castro-Villacañas es abogado, periodista y autor del libro El fracaso de la monarquía (Planeta, 2013).