Manifestantes protestan contra la reforma judicial de Benjamin Netanyahu, el pasado jueves en Tel Aviv.
Israel pasa por sus horas más críticas
La reforma judicial de Netanyahu es especialmente grave en un sistema político como el israelí, que además de ser parlamentario no tiene Constitución.
Si existe un pueblo que mantiene una relación especial con el concepto de justicia, ese es, sin duda, el pueblo judío. Cada año, entre Rosh Hashaná y Yom Kippur, los judíos analizan lo que han hecho. Una parte importante de su historia transcurre dentro de un periodo que denominan "de los jueces". Por otro lado, la vida de los judíos está guiada por 613 preceptos (mitvoz) que señalan las cosas que pueden o no pueden hacer.
El primer ministro Benjamin Netanyahu, escoltado por oficiales de la Fuerza Aérea israelí.
La justicia tiene un papel muy importante en la tradición judía. Algo que, sin duda, inspiró el papel de este poder en el actual sistema político israelí. Desde que el 14 de mayo de 1948 Israel se constituyó como Estado, el papel de la justicia ha sido especialmente relevante en él.
El motivo es que, debido al acuerdo entre Ben Gurion y los ultraortodoxos (los haredim), que sólo obedecen la ley divina, Israel carece de Constitución escrita. Se rige por un conjunto de normas básicas o fundamentales cuya interpretación corresponde a la Corte Suprema, el verdadero garante de la democracia israelí.
La polémica reforma que está llevando a cabo el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu va precisamente contra el espíritu del Poder Judicial, eliminando su independencia y su capacidad de control sobre el Ejecutivo y el Legislativo.
Por eso es lógico que, desde hace 30 semanas, los israelíes hayan estado saliendo a la calle para pedir el fin de este disparatado proyecto. Este sentimiento es bastante unánime en toda la sociedad.
Lo demuestra que, desde marzo, muchos reservistas del IDF (las Fuerzas de Defensa de Israel) hayan amenazado con no acudir a sus puestos; que el poderoso sindicato Histadrut haya planteado paros; y que, este martes, los principales periódicos israelíes hayan dejado su portada en negro. La mayor parte de la población de Israel rechaza el proyecto.
El pasado lunes, la Kneset dio el primer paso para poner en práctica la polémica reforma judicial con la eliminación de la cláusula de la anulación. Debido a la particularidad histórica y constitucional de Israel, la Corte Suprema tenía capacidad para anular determinadas disposiciones jurídicas que eran consideradas no democráticas.
Con la reforma judicial, este poder del alto tribunal israelí quedará anulado con una mera mayoría simple en la Kneset, haciendo que su papel pase de fundamental a residual. Esto ha llevado al presidente de Israel a calificar la situación de "estado de emergencia nacional".
"Muchos sospechan que el primer ministro puede haber emprendido este proceso de reforma para aliviar sus problemas judiciales"
Además de esta alteración de los poderes del Estado, la reforma plantea que sea el Gobierno quien nombre a la mayor parte de los jueces (seis) de la Corte Suprema. El resto de los jueces, cinco, serían nombrados por el Parlamento, por los propios jueces y por órganos independientes. Así, el Poder Ejecutivo tendría el control absoluto del Poder Judicial. Y esto es especialmente grave en un sistema político como el israelí, que además de ser parlamentario no tiene Constitución.
El tercer gran elemento de la reforma judicial es la eliminación del principio de la racionalidad por el que los jueces pueden frenar el nombramiento de determinados políticos si hay indicios de no idoneidad, como una condena por corrupción.
A comienzos de año, con la puesta en marcha de este polémico y extremista Ejecutivo, el líder del Partido Shas se vio obligado a dimitir, ya que sobre él pesaban condenas en firme por corrupción. De eliminarse esta posibilidad, políticos como Arieh Deri o el propio Netanyahu, que están siendo juzgados por corrupción, no tendrían freno a la hora de ejercer responsabilidades públicas.
Por eso, para muchos este aspecto es, quizás, el más grave de la reforma. Porque invita a pensar que el primer ministro puede haber emprendido este proceso para aliviar sus problemas judiciales.
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El futuro democrático de Israel está pendiente de un hilo. De aprobarse la reforma judicial, la calidad democrática de su sistema político se vería muy debilitada. Israel es un estado democrático con unos estándares similares a los europeos. Y eso es posible gracias a un Poder Judicial independiente y muy crítico con las decisiones del Ejecutivo.
Esta afirmación, tan rotunda, se basa en sentencias como la que en 1953 obligó a Israel a mantener abierto un periódico árabe muy crítico con el Gobierno. O como la que en 2004 hizo modificar la valla de seguridad de Ariel Sharon. Tampoco podemos olvidar que fue la Justicia quien mandó a prisión a un presidente como Katsav o a un primer ministro como Olmert.
Si bien es cierto que ahora se percibe la situación como crítica, la democracia y la división de poderes sobrevivirá en Israel. Como dice su himno, "mientras lata un alma judía y hacia el Oriente un ojo aviste Sion, no se habrá perdido nuestra esperanza".
*** Alberto Priego es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas.
