Rosa Gil Mendoza, de 52 años, lleva una vida discreta en la localidad francesa de Hendaya, donde nació y pasa los días alejada de los focos y de las noticias; sobre todo, las del otro lado de la frontera. Por eso, cuando EL ESPAÑOL | Porfolio logra localizarla tras conocer que el etarra que asesinó a su hermano Francisco está en las listas de EH Bildu a la alcaldía de Irún (Guipúzcoa), el mismo pueblo donde lo mató, a Rosa le cambia la expresión del rostro de golpe.
“Me acabo de enterar”, asegura entre aspavientos, mientras se apoya con una mano en la pared del portal del bloque de apartamentos donde vive, y con la otra, se cubre el pecho. Le cuesta asimilar que, al otro lado del río Bidasoa, a apenas 3,5 kilómetros de su casa, el etarra Juan Ramón Rojo González, asesino de Francisco Gil Mendoza —su hermano—, concurre como número 21 del partido de la izquierda abertzale a las elecciones municipales del 28 de mayo. “Una persona que ha cumplido pena de cárcel por matar a otro no debería poder representar a nadie”, dice la mujer tras recomponerse.
Han pasado casi 32 años desde el 7 de agosto de 1991, un fatídico miércoles que quedará en la memoria de Rosa para siempre: “Estábamos cenando y Paquito [como llamaba cariñosamente a Francisco] tuvo una discusión fuerte con mi padre. Entonces se fue de casa dando un portazo. Era una noche de tormenta, lo recuerdo perfectamente. Al cabo de un par de horas, a las 10 ó 10:30 de la noche, sonó el teléfono. Lo cogió mi hermano mellizo y se quedó pálido: mi otro hermano Alfredo estaba al otro lado del teléfono y le acababa de decir que habían matado a Paquito a tiros delante de él. Mi madre… ¡qué gritos dio! Si mi hermano no hubiera discutido con mi padre, quién sabe si aún lo tendríamos entre nosotros”.
Rosa Gil Mendoza en la actualidad.
Durante este tiempo, Rosa ha tratado de olvidar. Se casó, tuvo hijos y los sacó adelante trabajando como limpiadora de edificios públicos en la zona de Hendaya. Nunca volvió a saber nada del asesino de Paquito, ni se cruzó con él pese a vivir en la localidad vecina, a unas pocas calles de distancia, después de que Rojo saliese de la cárcel en 2013, tras cumplir 21 de los 57 años a los que fue condenado por el asesinato de Paquito y el del policía nacional José Ansean.
Pero después de más de tres décadas, la sombra de Rojo ha vuelto a la vida de Rosa de forma inesperada: el pasado 9 de mayo, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) hizo saltar las alarmas cuando anunció que 44 candidatos que figuran en las más de 300 listas de Bildu en el País Vasco y Navarra para las elecciones del 28 de mayo fueron condenados por pertenencia y colaboración con ETA. Siete de ellos, entre los que se encuentra Rojo, fueron autores de delitos de sangre.
“Estoy temblando, esto no puede ser posible. Parece que la vida de un ser humano no vale nada. ¿No habían dicho que habían hecho la paz? Tengo rabia y ganas de llorar”, asegura Rosa en conversación con este periódico tras conocer la noticia. Ella no está afiliada a ninguna asociación de víctimas. “Soy cristiana, y no me quiero vengar, pero no es justo; no sólo por Paquito, sino por las demás víctimas”.
A sangre fría
Oriundos de San Sebastián, los Gil Mendoza se mudaron a Hendaya a mediados de los 80, después de que el padre encontrara trabajo en Francia como pintor. Los tres hijos mayores, entre los que estaban Alfredo y Francisco, nacieron en España. Rosa, la única chica, vino al mundo ya en la localidad francesa, junto a otros dos hermanos. Su vida siempre ha transcurrido en francés, pero no ha olvidado el castellano que aprendió de sus padres. Eran una familia de clase trabajadora con seis hijos y, como muchas en aquellos años, sus vástagos cayeron en la epidemia de heroína que sacudió a toda una generación.
La familia Gil Mendoza al completo. Francisco, resaltado en el centro; Rosa, a la izquierda de la imagen.
Alfredo y Francisco estaban enganchados al 'caballo' y ejercían como traficantes a pequeña escala para costearse sus dosis. En 1991, Francisco tenía 27 años y acababa de salir de la cárcel de Bayona (Francia) por un robo con violencia a una sucursal bancaria en 1989. “Al poco de salir de prisión, se puso a buscar trabajo, pero la droga lo llevaba a delinquir”, recuerda su hermana Rosa, quien dice que tenía muy buena relación con él. “Era la única niña de la familia, me cuidaban mucho”, asegura sobre sus hermanos.
Alfredo, por su parte, estaba prófugo de la justicia francesa por otros delitos pequeños. Ambos solían desplazarse a Guecho (Vizcaya) para comprar heroína, según relata Pablo García Varela en su tesis doctoral, “El mundo de las drogas en el País Vasco y su relación con el Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV): ETA contra la ‘mafia de la droga’ (1980-2000)”, publicada en 2019.
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En aquellos años, ETA pretendía erradicar lo que la banda denominaba como la “mafia de la droga”, a la cual responsabilizaba de narcotizar a los jóvenes vascos. Para la organización criminal, los estupefacientes eran un arma política que tenía el fin de fracturar a la sociedad y al movimiento separatista. Los camellos o sospechosos de serlo se convirtieron así en objetivos terroristas. La banda asesinó a más de 40 personas con esta motivación.
La noche del 7 de agosto de 1991, tras la discusión en el domicilio familiar, Francisco se fue a Irún a encontrarse con su hermano Alfredo. Ambos quedaron en la Plaza de Urdanibia de la localidad guipuzcoana, donde se sentaron a hablar en un banco, a pesar de que llovía con fuerza.
“Estoy temblando, esto no puede ser posible. Parece que la vida de un ser humano no vale nada. Tengo rabia y ganas de llorar”
De forma paralela, los etarras Iñaki Rekarte Ibarra y Juan Ramón Rojo González, compañeros del ‘comando Donosti’, habían decidido aquella misma noche matar a un traficante. Según escribe García Varela en su tesis, “días antes, habían logrado arrebatar un fusil Cetme y una metralleta Z-70 a dos centinelas del cuartel de Araca (Álava), donde Juan Ramón había hecho el servicio militar”.
Los terroristas habían localizado a una joven como posible objetivo, pero se les escapó. Frustrados, terminaron en el bar Izkiña de Irún, adonde fueron a tomar un trago. El bar estaba en la misma plaza donde los hermanos Gil Mendoza permanecían sentados en uno de los bancos. El etarra Rekarte, entonces, los identificó.
Así habla de ellos el propio Rekarte, ya arrepentido, en su autobiografía, “Lo difícil es perdonarse a uno mismo: Matar en nombre de ETA y arrepentirse por amor”: “Los traficantes de droga, que eran naturales de Hendaya pero solían vender su mercancía en Irún, tenían muy mala fama, eran muy conocidos y la gente los odiaba. Yo, como he dicho antes, había coincidido con uno de ellos, brevemente, en Proyecto Hombre un par de años antes”.
Tras definir su nuevo objetivo, Rekarte y Rojo volvieron al piso franco a buscar las armas y, según explicó el primero en una entrevista con el periodista Jordi Évole, los terroristas se jugaron el “privilegio” de disparar a cara o cruz. La moneda cayó del lado de Rojo.
El etarra Iñaki Rekarte durante su entrevista en 'Salvados' en 2015.
“Sobre las 22.15 de la noche, el terrorista encapuchado se acercó a los hermanos Mendoza que intentaron huir al verle, pero mientras huían, Francisco Gil Mendoza fue acribillado por las balas. Una impactó en la cabeza dejándolo muy malherido. Su hermano, Alfredo, intentó parar la hemorragia, pero fallecería horas después en el traslado hospitalario a la Residencia Nuestra Señora de Aránzazu en San Sebastián. Mientras esperaba la llegada de los servicios de emergencia, Alfredo protagonizó un altercado con los clientes del bar Deportivo, que en vez de ayudarle se limitaron a subir el volumen de la música para ignorarlo”, explica García Varela en su tesis. En algún momento entre los disparos y el episodio con los impasibles parroquianos del bar Deportivo, Alfredo llamó horrorizado a casa desde una cabina para dar la terrible noticia.
Unos días después del asesinato, la familia envió una carta a varios medios de comunicación. Se publicó el 13 de agosto de 1991: “Es posible, casi seguro, que [Francisco] trapicheara con algunas dosis para conseguir las pesetas suficientes para su autoconsumo, pero no era un narcotraficante. No hacía dinero con la droga, ni tenía bienes ni un gran tren de vida (...) No entendemos por qué nos lo han matado, pero sí sabemos que su muerte no servirá para nada, que los drogadictos no dejarán la droga porque hayan matado a uno de ellos, ni los que realmente trafican y hacen dinero con la desgracia ajena van a pararse por eso (...) Esperamos que los padres y familiares de drogadictos comprendan nuestro dolor por su muerte violenta y griten con nosotros: ¡Basta ya de asesinatos, de marginación y de desprecio!”.
El entierro de Paquito fue en el cementerio de Polloe de San Sebastián y su funeral en Hendaya. Ambas ceremonias se oficiaron en la intimidad y ninguna autoridad política acudió en muestra de apoyo. Pese al golpe, la tragedia de la familia Gil Mendoza no había hecho más que empezar.
Dolor interminable
“Las primeras semanas después del asesinato de mi hermano, salía al balcón y sentía que le escuchaba llamándome con el apodo con el que se refería a mí. Pero no estaba. Estaba muy triste, aquello se me quedó dentro”, dice Rosa.
Vista aérea de Irún, a la izquierda; y Hendaya, a la derecha, separadas por el río Bidasoa.
Las secuelas para la familia fueron mucho más allá: “Mi hermano Alfredo, el que estuvo con él, tenía sida, pero no estaba ni ‘condenado’ ni nada: estaba en tratamiento. Pero debido a eso [el asesinato de Francisco], le afectó tanto que su estado de salud se deterioró y se murió en menos de un año. Y luego, a mi madre, le dio un derrame cerebral, de la tristeza que tenía de haber perdido a su hijo. Debido a eso, estuvo en coma y, un año después, murió ella también. Estas fueron las consecuencias que conllevó el asesinato de mi hermano”, explica Rosa.
Además de esta cadena de muertes, los Gil Mendoza han tenido que convivir con manifestaciones pro-etarras y la connivencia de sus vecinos con la causa de los radicales. “Mis vecinos no están al corriente de lo mío, pero muchos son independentistas y hacen comentarios”, asegura Rosa, que ha optado por vivir en silencio, centrada en su trabajo y en sus hijos. Sus hermanos vivos, por su parte, prefieren permanecer en el anonimato.
Rosa también recuerda algunas manifestaciones separatistas y a favor de los presos de ETA en Irún, hacia las que siempre se ha limitado a apartar la vista, como si no hubieran existido. “Nunca me acerqué a ninguna de estas concentraciones porque lo hubiera quemado todo”, dice.
En 2013, Rosa recibió un nuevo revés: el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió entonces, por 10 votos a ocho, la excarcelación del asesino de Francisco, al entender que el licenciamiento definitivo de su condena estaba fijado previamente a la aplicación de la 'Doctrina Parot', lo que hubiese alargado su estancia en prisión.
Juan Ramón Rojo en la actualidad, durante un homenaje.
El mismo año, el cómplice del asesinato de Franciso, Iñaki Rekarte, también fue puesto en libertad tras la anulación de la retroactividad de la ‘Doctrina Parot’ por parte del Tribunal de Estrasburgo, tras cumplir también 21 años en prisión desde su detención, al igual que Rojo, en 1992.
Rekarte fue condenado en 1998 a 203 años de cárcel por, entre otros crímenes, ser el autor del atentado con coche-bomba en el barrio de La Albericia de Santander, en febrero de 1992, donde murieron tres personas y otras 20 resultaron heridas. El etarra, además, había mostrado su arrepentimiento, el cual también influyó en la decisión de la Sala.
Confundida e indignada a partes iguales por la salida de prisión de los asesinos de su hermano, Rosa decidió escribir a Rekarte poco antes de que abandonara el penal de Martutene. A Rojo no lo localizó. “Le escribí [a Iñaki Rekarte] porque supe, por mi otro hermano, que iba a salir de prisión por arrepentirse y eso no lo entendía. Para mí no era normal que alguien que hubiera matado, porque diga que se arrepienta, que lo dejen salir”.
Según explica Rosa, Rekarte contestó a su carta. El etarra arrepentido le reconoció que “no estuvo bien” lo que hizo y que, en el momento del asesinato de Francisco, “era joven y le habían lavado la cabeza”.
La incorporación de Juan Ramón Rojo a la lista electoral de EH Bildu por Irún es un nuevo episodio más en el calvario que han sufrido Rosa y toda la familia Gil Mendoza. Un hermano asesinado, seguida de la muerte de otro hermano y de su madre; la excarcelación prematura de los autores del atentado, y ahora, esto. “Alguien que ha matado a alguien no debería poder presentarse”, insiste. Y le manda un mensaje a él y a sus seguidores: “El País Vasco está bien así, como está. Que no se hagan ilusiones, porque no van a ganar”.
De asesino a candidato
El etarra Juan Ramón Rojo González, en una imagen de archivo.
Juan Ramón Rojo González era miembro del 'comando Vizcaya' de ETA cuando fue detenido el 29 de enero de 1992. Anteriormente, en el momento del asesinato de Francisco Gil Mendoza, había formado parte del 'comando Donosti'. En el juicio que se inició en la Audiencia Nacional el 28 de noviembre de 1995, Rojo reconoció ante el juez Ismael Moreno que había participado en numerosas acciones terroristas.
Rojo se integró en la banda terrorista en 1991 y participó en la comisión de distintas acciones terroristas, como el intento de colocación de artefactos explosivos en los vehículos de un presunto traficante de drogas y un policía nacional, el robo de armamento del cuartel de Araca, así como el intento de colocación de un explosivo en una entidad bancaria.
El 25 de marzo de 1996, la Audiencia Nacional condenó Rojo a 27 años de prisión por el asesinato del policía nacional José Ansean, ocurrido en Bilbao el 14 de enero de 1992. También en 1996 fue condenado a otros 30 años de cárcel por disparar y asesinar a Francisco Gil Mendoza el 7 de agosto de 1991 en Irún.
El hijo de Ansean, José Manuel, se suicidó el 15 de septiembre de 2006, al día siguiente del juicio contra Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias 'Gadafi', el otro etarra que participó junto a Rojo en el asesinato de su padre.
En noviembre de 1998, Rojo fue sorprendido mientras se besaba con una psicóloga del centro penitenciario de máxima seguridad Puerto 1, en la localidad de El Puerto de Santa María (Cádiz). La psicóloga fue cautelarmente suspendida de empleo y se le abrió un expediente.
En septiembre de 1999, cuando el Ministerio de Interior adoptó medidas penitenciarias para 110 presos de ETA, Rojo fue trasladado desde la prisión de Navalacarnero (Madrid) a la de Valladolid. En el momento de su excarcelación en 2013, se encontraba en la cácel de Daroca (Zaragoza).
