El debate sobre qué hacer con la energía nuclear ha revivido en la recta final de la campaña electoral. Esta vez, a raíz del desmantelamiento de la central de Santa María de Garoña, en Burgos. Tal y como confirmó el lunes el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) mediante orden ministerial publicada en el BOE, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Enresa, comenzará las obras de desmantelamiento y demolición de la central atómica este año. Costará 475 millones de euros y el proceso de demolición durará una década, hasta 2033.
El proyecto ya ha sido aprobado por el ministerio de Teresa Ribera y autorizado mediante vía administrativa por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). La central originariamente pertenecía a Nuclenor –sociedad anónima formada por Endesa e Iberdrola–, pero el CSN autorizó a principios de este mes la transferencia de titularidad a Enresa. La decisión no tiene marcha atrás, aunque Vox, por boca del vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, haya asegurado que la revertirá si el partido de Santiago Abascal llega al Gobierno.
"Vamos a reconstruir todo aquello que derriben. No sólo las centrales de producción de energía, no sólo las presas en un momento en el que España pasa sed, sino también las cruces [...] están tratando de derribar nuestra identidad colectiva y nuestras tradiciones", espetó el lunes el dirigente ultraderechista, apelando a las fake news sobre el derribo de embalses y azudes en plena sequía desmontadas por EL ESPAÑOL | Porfolio que Abascal replicó en el debate a tres del pasado 19 de julio, y a la retirada de monumentos franquistas derivada de la Ley de Memoria Democrática, como la del parque Ribalta de Castellón, en Valencia.
Miguel Ángel Cortés (d), director de la central nuclear y representante de Nuclenor, y José Luis Navarro (i), presidente de Enresa, consolidan el traspaso de titularidad de la central nuclear
"Sólo un gobierno integrado por Vox va a evitar el desmantelamiento de Garoña y favorecer la soberanía industrial y energética", continuó el representate de la formación verde durante una rueda de prensa en Ponferrada. No obstante, las competencias del cese del desmantelamiento de la central son estatales y no autonómicas.
Haría falta un Ejecutivo con una voluntad firme de recuperar la estrategia de producción energética nuclear para poder revertir el plan de cierre actual de Pedro Sánchez, que prevé el cese de la actividad de todas las centrales para 2035. En el caso concreto de Garoña, resulta prácticamente imposible deshacer una decisión ya aprobada por los socios titulares de la central, Nuclenor, y secundada por el Consejo de Seguridad Nuclear, y más cuando el traspaso de titularidad a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos ya se ha hecho efectivo.
"Es técnicamente imposible"
De hecho, fuentes internas del CSN consultadas por EL ESPAÑOL | Porfolio aseguran que las solicitudes de funcionamiento y cese de las centrales nucleares dependen de sus titulares. Por tanto, correspondería a Enresa, titular de la instalación desde el 19 de julio de 2023, solicitar al ministerio correspondiente (de momento, el MITECO) la autorización de volver a ponerla en marcha tras –o durante– su desmantelamiento. El CSN –un organismo independiente que sólo responde ante el Parlamento y no depende del gobierno de turno– tendría que evaluar dicha solicitud, estableciendo las condiciones de seguridad pertinentes, y emitir un informe preceptivo.
El mero hecho de ampliar el calendario de cierre de las nucleares es engorroso, pero factible; revertir el desmantelamiento en marcha de una central, un completo absurdo. El presidente de Enresa, José Luis Navarro, responde tajante a las preguntas de este diario: "El cierre es inevitable e irreversible. Son hechos consumados. Sin entrar, ni de lejos ni tangencialmente, en temas de política energética, ese supuesto [el cese del desmantelamiento una vez Enresa ha adquirido la titularidad] no está previsto en ninguna normativa. Mi opinión es clara: técnicamente es imposible".
José Luis Navarro, presidente de Enresa, durante la rueda de prensa posterior a la confirmación del cambio de titularidad E.E.
Otra alternativa sugerida por algunos expertos en energía nuclear es la instalación de reactores de quinta generación para reaprovechar los residuos de la central o, tal y como propuso la estudiante de Ingeniería Mecánica Andrea Íñiguez, mediante la creación e instalación de mini reactores modulares. Pero Navarro tampoco contempla estas opciones. En todo caso, una vez ejecutado el plan de desmantelamiento y devuelta la titularidad a Nuclenor, se valorarían otras alternativas. Por tanto, una vez comenzada la desarticulación de Garoña, no hay marcha atrás.
Cuestión muy distinta a 'reconstruir' la central sería alargar la vida útil de las otras centrales nucleares que aún no están en proceso de demolición. Por tanto, caben dos opciones tras el 23 de julio: seguir el calendario previsto por el PSOE durante esta legislatura o alargar la esperanza de vida de estas energías amparándose en la decisión de la Unión Europea de incluirlas en su polémica taxonomía verde.
De revalidar el cargo Pedro Sánchez, el PSOE y Sumar mantendrían el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, donde se quiere acortar la vida útil de las centrales y ejecutar su cierre definitivo entre 2027 y 2035; si, por el contrario, subiese al poder la derecha –en cualquiera de sus múltiples potenciales coaliciones electorales– esta podría parar o posponer el cierre de las nucleares, pero, tal y como exige la asociación de empresas energéticas y nucleares Foro Nuclear, primero debería garantizar a las compañías titulares cubrir sus costes de mantenimiento y, después, permitirles gozar de una rentabilidad mínima prefijada, tal y como ocurre con otras energías verdes.
"Nosotros no entramos nunca en temas de política energética", insiste Navarro, negando cualquier tipo de valoración ideológica sobre las declaraciones de Gallardo. "A los gobiernos les corresponde aprobar los planes generales de residuos que marcan las líneas estratégicas con las que Enresa debe trabajar". Por tanto, hace un reclamo al Ejecutivo que salga de las urnas: "Hay un sexto plan general de residuos radiactivos aprobado en 2006. Ojalá podamos tener ya el séptimo [revisado favorablemente por el CSN en diciembre de 2022], que establece el modelo español de desmantelamiento a los tres años de la parada de una central". Porque Garoña, recuerda, lleva parada desde 2012 y su cierre está confirmado desde 2017. Hace seis... y once años.
La tasa de Rajoy que asfixió Garoña
Desde 2006, con el cierre de José Cabrera en Zorita, Garoña era la central nuclear más antigua en activo, con una capacidad de producción de 466 MW. El edificio se construyó en 1971, aún en dictadura; desde entonces, ha generado 133.335 millones de kWh, llegando a alcanzar unas cifras de producción anuales que suponían, según Nuclenor, su empresa titular, el 6,5% del total de producción de energía nuclear en España, el equivalente en 2013 al 30% del consumo energético anual en Castilla y León o al 80% del de Cantabria o Navarra. Aún así, era la que menos aportaba al sistema eléctrico.
En 2012 fue desconectada de la red eléctrica. Nuclenor no quería seguir explotándola para evitar pagar las nuevas tasas nucleares impuestas por el gobierno de Mariano Rajoy. El entonces ministerio de Industria, Energía y Turismo dio el visto bueno al cierre, que fue previsto para el 6 de julio de 2013. Nuclenor, no obstante, decidió cerrarla unilateralmente el 31 de diciembre de 2012. Al hacerlo seis meses antes de lo acordado, fue sancionada en 2014 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con 18,4 millones de euros (multa recurrida a la Audiencia Nacional pero ratificada en 2018 por el Tribunal Supremo).
Un año y medio después del cese de la actividad, en 2014, Nuclenor solicitó la renovación de la licencia de explotación de la central. El CSN dio el visto bueno al proyecto, pero en 2017 el ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital encabezado por Álvaro Nadal, del Partido Popular, decidió no conceder la autorización. El propio ministro rubricó un decreto en el que confirmaba la clausura definitiva de la central.
"Se estima que la continuidad de la central nuclear de Santa María de Garoña no resulta necesaria para la provisión de energía eléctrica en las condiciones de seguridad de suministro, medioambientales y de precio que el Gobierno, en el ejercicio de su actividad de planificación y definición del 'mix' energético, considera apropiadas", explica la Orden ETU/754/2017, de 1 de agosto de 2017. "Por todo lo anterior, mediante esta orden se deniega la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña".
Cómo se desmantela una central nuclear
El desmantelamiento de la central nuclear de Garoña recaerá sobre hombros de Manuel Ondaro, director del proyecto, y de Manuel Rodríguez Silva, jefe de operaciones de Enresa, la cual ya tiene experiencia en este tipo de desarmes. "Tenemos un magnífico equipo de profesionales", asegura Navarro. "Hicimos el desmantelamiento parcial de Vandellós I, el de un reactor experimental en Madrid, el CIEMAT; y, en tercer lugar, el de la central de José Cabrera, en Guadalajara, entre 2010 y 2022".
El desmantelamiento de la central nuclear de Garoña se desarrollará en dos fases: la primera, de tres años, comenzará en 2023 y se extenderá, previsiblemente, hasta 2026; la segunda, de siete, concluirá en 2033. Un total de diez. Durante la fase inicial de desmantelamiento se llevará a cabo el desarme de los sistemas aún activos de la central nuclear, como los principales circuitos radiológicos (drenajes, dispositivos eléctricos y de ventilación) y el desmontaje del interior del edificio de turbinas y su condensador, contaminados internamente.
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También se trasladará el total del combustible gastado, que actualmente se encuentra en la piscina de la central nuclear, a 49 contenedores metálicos. Estos se cargarán en el interior de la piscina, se llenarán y se secarán y presurizarán antes de ser trasladados al conocido como 'Almacén Temporal Individualizado' o ATI. "El vaciado completo de las piscinas no estará finalizado hasta 2026. A final de este año, o a principios de 2024, empezaremos a cargar más contenedores", asegura Navarro.
"La segunda parte de esta primera fase es el desmontaje de las instalaciones del interior del edificio de turbinas para reconvertir ese espacio en un edificio auxiliar que sirva para acondicionar los residuos generados en el propio desmantelamiento. Yo diría que esta fase estará completamente finalizada para 2026". El presidente de Enresa también incide en que el comienzo oficial del plan de desmantelamiento fue el mismo día en el que Nuclenor hizo efectiva ante notario la cesión de la titularidad de la central de Garoña a Enresa, es decir, el pasado miércoles 19 de julio.
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Durante esta primera fase, además del vaciado de la piscina y de la adaptación de la sala de turbinas, se manejarán residuos radiactivos críticos. Muchos de ellos serán 'desclasificados', es decir, recibirán algún tipo de tratamiento para eliminar su radiactividad con objeto de convertirlos en residuos convencionales. Estos serán transportados al ATI a la espera de volver a ser trasladados o, principalmente, reciclados para otros usos.
"Sin embargo, aunque el 80% de los residuos del conjunto de desmantelamiento durante los próximos 10 años son convencionales, siempre queda un porcentaje radiactivo. Generalmente suele ser de muy baja, baja o media intensidad". Estos residuos son derivados al centro de almacenamiento de El Cabril, en Córdoba, donde se llevan a cabo operaciones de "recepción, tratamiento, acondicionamiento y almacenamiento definitivo en celdas de los residuos de baja y media actividad".
Cómo se desmantela una central nuclear como la de Santa María de Garoña
Los radiactivos empezarán a aparecer durante la segunda fase de desmantelamiento, la más compleja y delicada, pues, tal y como indica Enresa, consiste en la segmentación de la vasija del reactor y la demolición de los edificios de la instalación, así como al estudio y vigilancia radiológica de los terrenos tras las obras de desmantelamiento y a la devolución del emplazamiento a la empresa propietaria, Nuclenor, sin ningún tipo de contaminación radiológica.
Un proceso que, incide Navarro, tardará en completarse 10 años, tendrá un coste de 475 millones de euros que saldrán de las arcas públicas y que empleará, a priori, a alrededor de 350 personas. Además, el MITECO, mediante el Instituto para la Transición Justa (ITJ), colabora desde 2020 con los 27 municipios afectados por el cierre de la instalación y ya ha destinado 7,7 millones a financiar 12 proyectos municipales.
