SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) –

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad impulsado por la Xunta el pasado mes de febrero contra la Ley de cambio climático, al no lograr llegar a un acuerdo en el seno de la Comisión Bilateral con el Estado.

Tras la aprobación del recurso, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, quien reiteradamente ha reprobado la actitud del Ejecutivo central con Ence, lamentó en su día tener que dar el paso ante la "discrecionalidad" de la norma y explicó que el recurso tiene como objetivo buscar una solución que "dé seguridad" jurídica a más de un centenar de empresas de la cadena mar-industria y a otras cerca de 3.000 edificaciones ubicadas en la línea de costa.

En el Boletín Oficial del Estado del 21 de mayo se publicó la Ley de cambio climático, con respecto a la que el Gobierno gallego mantiene discrepancias en relación con el artículo 20, que prevé la consideración del cambio climático en la planificación y gestión de la costa, así como en la gestión de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre (DPMT).

Esto es algo que, según argumenta la Xunta, afecta la duración de las concesiones y de sus prórrogas en el DPMT, así como los requisitos para acceder a estas, provocando "una gran confusión normativa", sin permitir que sus destinatarios y los operadores jurídicos sepan la que atenerse.

Dudas en el ámbito de las prórrogas extraordinarias

Esta regulación suscita "grandes dudas respecto del derecho vigente" en el ámbito de las prórrogas extraordinarias de que se trata, añade la Xunta, "vulnerando así la seguridad jurídica".

Supone limitar la duración máxima de las concesiones a 75 años, incluidas las prórrogas, que sólo se concederán "de ser posibles", es decir, "si el Estado las considera posibles" y con base a "criterios indeterminados", lo que "pone en riesgo la viabilidad de las empresas que diseñaron sus planes empresariales de acuerdo con los plazos anteriormente previstos".

Galicia, sostiene la Xunta, ha advertido desde 2019 de la "inseguridad jurídica" que genera para las compañías del complejo mar-industria las decisiones del Gobierno central, "primero impulsando la modificación del Reglamento general de costas y ahora con esta Ley de cambio climático".