Galicia acelera su ley propia para regular el litoral. Este jueves el Consello de la Xunta ha dado el visto bueno al anteproyecto de Ley del litoral con el que Galicia busca el pleno autogobierno sobre la regulación de la costa frente a la "inseguridad" de la normativa del Gobierno central.

“Galicia se va a convertir en la primera comunidad en regular el litoral en toda su extensión”, resaltó el presidente de la Xunta en la rueda de prensa posterior al Consello en el que se avanzó en la futura normativa que la Xunta prevé aprobar a lo largo de 2023.

Con el visto bueno al anteproyecto, el Gobierno gallego da un paso más hacía la gestión y regulación propia de la costa gallega pese a la negativa del Gobierno central, quien se niega a transferir las competencias de Costas a la comunidad gallega alegando que debe hacerse una reforma del Estatuto de Autonomía. Una alegación que fue rechazada por la Xunta, quien presentó un informe del Consello Consultivo para demostrar que dicha reforma no es necesaria.

En la rueda de prensa la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, explicó algunas de las líneas principales de la futura normativa que va a adaptarse a la realidad gallega, “atendiendo a su modelo productivo, sus necesidades y un modo de vida”.

De este modo, la costa gallega se dividirá en tres franjas con distintos niveles de protección. Una, la de máxima protección, en la que no está permitido urbanizar y que se corresponde con una extensa zona que conserva características naturales y valores singulares e irremprazables que deben protegerse y preservarse especialmente de cualquier proceso que los pueda alterar. Una segunda, con protección media, que, sin llegar a reunir las condiciones de la zona anterior, sí conserva valores naturales y se mantienen mayoritariamente en un buen estado de conservación por lo que requieren acciones de protección, recuperación y renaturalización. Por último, el tercer espacio abarca aquellas zonas del litoral ya urbanizadas y que por tanto "ya no tiene sentido dar marcha atrás" y solo queda "mejorarlas".

Además, la norma identifica los usos estratégicos, para así también preservar la instalaciones preexistentes. Y estos uso son: cadena mar-industria alimentaria, sostenibilidad socioeconómica del sector pesquero, marisquero y acuícola, interacción puerto-ciudad, patrimonio cultural, turismo litoral, sendas costeras y dotaciones públicas esenciales de tratamiento de aguas.  

El texto normativo se someterá a información pública y consultas durante el plazo de un mes. Una vez recopilados todas las aportaciones, alegatos y los informes sectoriales requeridos, el texto volverá a elevarse ante el Consello da Xunta para su aprobación como proyecto de ley, previsiblemente, en el primer trimestre del próximo año