La calma ha durado poco en la justicia gallega, dado que tras la reciente finalización de la huelga de letrados, que supuso la casi completa paralización de los tribunales gallegos y de toda España, ahora son los funcionarios los que se han puesto en pie de guerra solicitando mejoras salariales, como el Ministerio de Justicia de Pilar Llop negoció con los letrados judiciales. Los convocantes son los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT.

Están llamados a la huelga indefinida los 45.000 trabajadores de Justicia y exigen también negociar la asignación de funciones. En un comunicado, reivindican una Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO) "sin trampas con unas funciones claras y retribuciones justas". Los efectos de esta convocatoria comenzarán a notarse la semana que viene en la comunidad, concretamente el lunes 17 de abril con paros parciales diarios de 10:00 a 13:00 horas.

El 19 de abril está convocada una huelga general durante toda la jornada y una manifestación partirá del Ministerio de Justicia en Madrid a las 12:00 horas. Según el comunicado de los sindicatos, hacen un llamamiento a todo el personal de Justicia para que secunde estas movilizaciones "con independencia de su ámbito territorial de destino".

Denuncian "años de reivindicaciones no atendidas" y pretenden que "se oiga la voz unánime de quienes abren los Juzgados todos los días y hacen posible la prestación del servicio público de justicia en medio de una precariedad y obsolescencia escandalosa de medios personales, materiales y organizativos impropia de un servicio público esencial".

"Es el momento de aunar fuerzas para exigir al Ministerio de Justicia lo que nos corresponde y que no ningunee al 93% del personal de la Administración de Justicia. Reclamamos el reconocimiento de las funciones reales que realizamos, la responsabilidad, la profesionalidad y la especialización de todos y todas, y no sólo del 7% restante", exponen. En el comunicado también argumentan que "el personal de todos los Cuerpos de la Administración de Justicia tiene un papel determinante en los nuevos modelos organizativos y tecnológicos, algo que el Ministerio ha olvidado".

Para finalizar el comunicado, los sindicatos alegan que "la imposición de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO) y los Tribunales de Instancia, sin negociación, pondrá en riesgo, si no lo evitamos, los puestos de trabajo, los destinos, la movilidad voluntaria, las retribuciones especiales y las funciones concretas". "Por una LOEO sin trampas, por unas funciones claras, por unas retribuciones justas", sentencian.

Servicios mínimos

Los servicios mínimos establecidos por la Xunta incluyen un gestor o tramitador y un auxilio para las salas, registro y secretaría del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia; un gestor, un tramitador y un auxilio para cada una de las secciones penales y mixtas de las audiencias provinciales, en las que también deberán trabajar un gestor o tramitador por cada sección y un funcionario de auxilio por cada dos secciones o fracción.

En las oficinas de registro y reparto de las audiencias provinciales tendrán que operar durante los paros un gestor o tramitador y, a mayores, un auxilio judicial, mientras que los juzgados de guardia en toda la estructura judicial gallega deberán contar con la totalidad del personal habitual al tratarse de un servicio esencial.

Por su parte, en los registros civiles exclusivos operarán dos gestores o tramitadores para defunciones y otros tantos para el resto de las funciones. En primera instancia los servicios mínimos son de un gestor o tramitador por juzgado, y un auxilio para cada dos juzgados o fracción, un reparto similar al que deberán estar activo en aquellos con competencia en materia de familia y en registro civil.

En instrucción, los juzgados de guardia también están obligados a contar con todo su personal, mientras que el resto habrá, como mínimo, un gestor o tramitador para cada uno, un auxilio para cada dos juzgados o fracción. Para Fiscalía, la Xunta determina que le corresponde un gestor o tramitador y un auxilio para la autonómica, otro tanto para las provinciales y las de áreas más un tramitadora para Menores. En las secciones territoriales del Ministerio Público deberá haber un funcionario.