El conflicto entre el personal de extinción de incendios continúa vivo, a pesar de todo un verano de paros, protestas por cierre de parques comarcales y negociación de convenio. Esta mañana trabajadores, tanto laborales como funcionarios, presentaron ante la Xunta casi 700 firmas para reclamar un "convenio general".

La responsable de la asesoría jurídica de la CIG-Administración Autonómica, Aser Tobío, remarcó esta mañana en declaraciones a los medios que "llevan tiempo reclamando" que el personal del servicio de incendios "tiene que tener un acuerdo de condiciones".

Explicó que el convenio actual "está muy coartado" por varias cuestiones, entre ellas que la ley de medidas "recortó derechos de compensación" en domingos y festivos. Tobío también ha señalado que el proceso de funcionalización provocó que los trabajadores que pasaron de laboral a funcionario "no tienen un acuerdo" de condiciones específicas. "Está en un limbo", dijo.

Este acuerdo fue reclamado en varias ocasiones, sin respuesta, por lo que han decidido recoger firmas apra pedir un acuerdo general que incluya a todo el personal. "No queremos discriminación, queremos que el personal laboral y funcionario tenga las mismas condiciones", ha remarcado.

Tobío ha puesto sobre la mesa la situación de los trabajadores contratados para las brigadas helitransportadas, que están "sin ninguna condición pactada con anterioridad", provocando diferencias en horarios y libranzas distintas, convirtiéndolo en una "cuestión urgente". "No puede haber personal que no sepa de que horario va a trabajar al mes siguiente. Entonces por eso la premura de hacer esto así".

A ello se le suman otros "derechos perdidos", como la "pérdida" de la compensación por trabajar domingos y festivos, que se traducía a un descanso adicional. Junto con ello el derecho a comedor o la gratificación de jubilación son algunos de los ejemplos que ha puesto la representante de la CIG.

Parte de ellos ocurrieron después de la crisis del 2008, y señalan que desde entonces la Xunta "no ha hecho nada" para recuperarlos. "Entendemos que ya toca, que todo eso hay que recuperarlo y hacer un acuerdo de condiciones adaptado al servicio", puntualizó.

Cierre de parques

Por su aprte, la la responsable del área de administración autonómica de la CIG, Zeltia Burgos, tmabién hizo referencia al cierre de lso parques comarcales de bomberos que también afecta al personal de extinción de incendios. "Si están desmantelando los parques comarcales, el trabajo de primeras alarmas en el rural lo que va a pasar es que tengamos que acudir", ha explicado.

En este sentido ha añadido que creen que el servicio de extinción de incendios forestales tiene que tener esa capacidad de apoyo de primera llamada, pero "se tienen que encargar los bomberos comarcales".

El cierre de los parques de bomberos comarcales también ha sido criticado duramente por el comité de huelga autonómica y la mesa intersindical de bomberos de Galicia. Ambos han señalado su "indignación" por el "cierre injustificado" del parque comarcal de Ribeira (A Coruña) para garantizar servicios "a las puertas del complejo industrial de Inditex" en Arteixo.

A través de un comunicado, han recordado que el decreto de servicios mínimos del Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento de A Coruña "exige que un número determinado de efectivos permanezcan de turno las 24 horas del día en todos sus parques de bomberos", y estos efectivos prestan estos servicios mínimos "en sus respectivos centros de trabajo".

El parque de Ribeira da servicios a tres municipios del área: Ribeira, A Pobra do Caramiñal y Porto do Son, que quedan sin cubrir al enviar uno de los efectivos a Arteixo, donde una baja no dejaba cumplir el ratio de servicios mínimo. "Con esta actitud, el Consorcio de Bomberos de la provincia coruñesa está empujando a los trabajadores para que comiencen a secundar su derecho a la huelga, evitando así cualquier servicio prestado fuera de los servicios mínimos propios de cada parque", advierten.

Los sindicatos insisten que los múltiples cierres de parques de bomberos comarcales no son resultado de la huelga autonómica sino que se refieren a "la falta de capacidad para prestar el servicio por parte de las administraciones responsables".

Denuncian un "clasismo social" en la prestación del servicio, ya que le Consorcio "está marcando qué ciudadanos merecen disponer de un servicio mínimo y qué ciudadanos pueden prescindir de él". Exigen que no se prive a los vecinos de estos servicios y que "se dimensione adecuadamente".

Terminan el comunicado reclamando al Consorcio Provincial que se tome "en serio" el servicio "sin anteponer la protección de ciertos ‘lobbies’ del textil a la seguridad de las personas y sus bienes".