“El golpe del 23-F estuvo mucho más cerca de prosperar de lo que el Gobierno admite”

Los servicios secretos estadounidenses se movían con agilidad en suelo español. Estudiaban los pasos de Juan Carlos I, de Adolfo Suárez y de los principales representantes políticos y sociales. Informaban a sus superiores sobre una transición que, a su juicio, amenazaba con estallar en cualquier momento. Las tensiones políticas, la aprobación de leyes que levantaban ampollas y un futuro político incierto azuzaban los movimientos subrepticios. Sus conjeturas se hicieron realidad a las 18.23h del 23 de febrero de 1981, con la irrupción del teniente coronel Tejero -al grito de “¡Quieto todo el mundo!”- en el Congreso de los Diputados. Este jueves se cumplen 36 años de aquel golpe que fracasó, pero la tentativa de los uniformados estuvo cerca del éxito; mucho más de lo que la sociedad española llegó a saber. Al menos, así lo detallaban los informes internos de la CIA.

El Pentágono desclasificó el pasado mes de enero millones de documentos que hasta ahora habían permanecido ocultos; de ellos, 12.500 analizan los principales acontecimientos históricos de la Historia de España. El 23-F es un recurso frecuente entre los papeles que relatan el transcurso de la transición. “El intento del golpe de Estado de la semana pasada evidentemente estuvo mucho más cerca de prosperar de lo que el Gobierno quiere admitir”, revela un cable fechado el 3 de marzo de 1981. La incipiente democracia, a punto de relegar a Adolfo Suárez a un segundo plano para encomendarse a Leopoldo Calvo-Sotelo, caminaba sobre el alambre.

Los informes de la CIA sobre el 23-F son claros: “Los oficiales ultraconservadores creen que el rey ha traicionado al Ejército. Ese sentimiento es compartido en el seno de los diferentes Cuerpos policiales y militares, y muchos de sus oficiales pueden tener su lealtad dividida. […] La moral de las fuerzas de seguridad, sacudidas por los ataques terroristas y por un escándalo reciente por el supuesto uso de torturas, así como por la falta de apoyo del Gobierno, les hace temer que todos sean castigados por el levantamiento de unos 200 guardias civiles”.

Y prosiguen: “Los militares españoles se consideran los protectores últimos del destino de la nación, y existe una tradición de intervenir en el proceso político”.

El caldo de cultivo invitaba a la CIA a pensar en un nuevo golpe de Estado. Además de los zarpazos de ETA -y la consiguiente incapacidad del Estado de frenar al terror-, los informes de los agentes secretos desvelaban otros factores que provocaban la reacción de los “sectores ultraconservadores”: la incertidumbre política, la estrategia de las Autonomías, la descentralización del poder y el desarrollo de la ley del divorcio, impulsada por Suárez en 1981.

El teniente coronel Tejero esgrimió esos argumentos cuando él y sus hombres entraron en el Congreso pistola en mano. Muy pronto sería respaldado por el teniente general Jaime Milans del Bosch, quien sacó los tanques a las calles de Valencia. El militar Torres Rojas también quiso apoderarse del mando de la División Acorazada Brunete para seguir sus pasos. Un puñado de regiones militares permaneció a la espera del éxito o fracaso de los golpistas para determinar su posición. La CIA creía que Tejero y sus hombres contaban con un respaldo mucho mayor del que trasluciría: “La complicidad militar con los golpistas estuvo mucho más extendida de lo que pudo parecer”.

¿Qué sabía la CIA del 23-F?

Durante décadas, Washington observó a Francisco Franco como uno de sus principales valedores para frenar la expansión del comunismo en la Europa occidental. Pero las relaciones diplomáticas entre España y Estados Unidos atravesaban una encrucijada en 1981, con un cambio en sus interlocutores. Estaban en fase de tanteo, como actuaban casi todos los actores implicados en la transición. Los norteamericanos encomendaron esta misión a Terence Todman, quien se hizo cargo de la embajada en Madrid en 1978; se trataba de un diplomático veterano, combatiente en la Segunda Guerra Mundial, que se había desempeñado en las embajadas de EE.UU. en el Chad, Guinea y Costa Rica.

¿Qué opinión merecía al Gobierno estadounidense la intentona golpista que se estaba viviendo en el Congreso? ¿Se implicaron en el asunto u optaron por desentenderse? Alexander Haig, secretario de Estado norteamericano, expresó su postura cuando los diputados todavía permanecían retenidos en la Cámara: “Es un asunto interno español”. Una respuesta ambigua ante la incertidumbre del futuro inmediato que le esperaba a España.

Pero algunos movimientos desdijeron aquella supuesta pasividad de Washington.

Por un lado, una visita en un coche oficial. En su interior viajaba el embajador Terence Todman. Su destino: el palacio de la Zarzuela. Ocurrió unas horas después de que Tejero irrumpiese en la Cámara, cuando el golpe militar respiraba su último estertor antes de extinguirse. Han pasado 36 años de aquel encuentro, pero todavía no ha trascendido su contenido.

Por otro, las andanzas de los espías estadounidenses. La transición inspiró a la CIA para elaborar una cantidad ingente de informes sobre la situación política española. Entre 1981 y 1985 remitieron 2.154 cables al Pentágono. Actuaban a un ritmo frenético y siempre de forma invisible. Al menos, eso creían ellos. En febrero de 1985, el Gobierno expulsó a Dennis McMahan, vinculado con la embajada de EE.UU., y a Johnny F. Massey, empleado en la base militar de Torrejón de Ardoz. Ambos fueron acusados de espionaje tras ser capturados en las inmediaciones de la Moncloa, ocupada entonces por Felipe González, con una cámara de fotos en la mano. El incidente abrió una grave crisis diplomática entre ambos países.

La CIA temió por la vida de Juan Carlos I

El nombre de Juan Carlos I se repite hasta la saciedad en los documentos de la agencia estadounidense; más aún en los últimos años del franquismo y en la transición. La figura que iba a jugar el monarca como jefe de Estado era una incógnita.

En sus primeros informes, la CIA veía muy difícil que fuera capaz de tomar las riendas de la transición: “Si logra preservar la ley y el orden mientras consigue una apertura política ganará apoyo. El reto es enorme. Y es improbable que el nuevo rey reúna las cualidades necesarias para lograrlo”, detallan los informes de inteligencia fechados el 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte de Franco. Un año antes, los agentes estadounidenses describían al entonces príncipe como una figura “a la sombra” del dictador, sin “poder real” para tomar ninguna decisión.

Pero su percepción cambió con el 23-F. Casi todos los documentos secretos de la CIA sobre el golpe de Estado han sido censurados en parte, pero aquellas líneas que se dejan entrever hablan de un Juan Carlos “reforzado” al “oponerse firmemente” a las intenciones militaristas.

A partir de entonces despejan sus dudas y hablan del monarca como un símbolo de unidad, el tronco político sobre el que debía erigirse el futuro del país: “El rey se ha visto forzado a revelar sus colores democráticos de una vez por todas”, detalla un cable fechado a los pocos días de la asonada.

A juicio de la inteligencia estadounidense, esa nueva tesitura no eximía al rey de algunos riesgos; al contrario, creían que los sectores más radicales, especialmente los de la derecha política, podían verse traicionados. Juan Carlos se había granjeado un nuevo enemigo, además de una ETA que soñaba con dar un golpe equiparable al del asesinato de Carrero Blanco: “Los retos a los que debe enfrentarse el Gobierno español pueden cambiar: en lugar de un golpe de Estado, es posible que los atentados sean más frecuentes, quizás dirigidos contra el rey u otros altos cargos”.