El dueño de la finca del pozo donde cayó Julen, el niño de 2 años que se intenta rescatar desde el domingo en Totalán (Málaga), ha prestado declaración ante los investigadores del caso tras el suceso, al igual que lo hizo el profesional que ejecutó la prospección. También han tomado declaración a varios de los miembros de la familia del pequeño. 





Fuentes cercanas a la investigación han informado este jueves a Efe que ambos han declarado, aunque las autoridades en reiteradas comparecencias no han precisado datos al respecto al destacar que se centran en estos momentos en las tareas de búsqueda del pequeño.





El empresario que efectuó el pozo, Antonio Sánchez, aseguró a EL ESPAÑOL que taponó el orificio y que su actuación fue modificada posteriormente, información que facilitó a la Guardia Civil.





El pocero se desplazó el martes hasta el puesto de mando del operativo de rescate, a requerimiento del instituto armado, y está convencido de que su proceder fue correcto.





La Junta de Andalucía no tramitó ningún permiso para excavar el pozo en busca de agua y en ningún departamento del Gobierno autonómico consta que se solicitase, según fuentes de la Consejería de Empleo, de la que depende la Dirección General de Minas, donde se tienen que pedir.



En caso de haber tenido permiso, los responsables de la obra tendrían que haber tramitado un segundo expediente -aunque solo si hubiesen encontrado agua- para poder extraerla legalmente.





Este segundo trámite corresponde a la Dirección General de Dominio Público Hidráulico y Calidad de las Aguas en la Demarcación de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, donde tampoco consta petición.

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