Juana y otras víctimas de la caza de brujas de la SS de Cádiz para acabar con los falsos inválidos

- Mi caso clama al cielo. ¿O es que yo he visitado a la virgen de Lourdes para que conmigo hiciera un milagro?

Juana Hermoso no sabe cómo ha llegado a esta situación, pero lo cierto es que se ha topado de frente con ella. Tras 16 años cobrando una paga de 1.900 euros por una invalidez, a esta gaditana de 62 años le acaban de retirar la prestación pese a que su historial médico dice que su salud ha empeorado con el paso del tiempo. Como ella, desde hace un año son legión en Cádiz, donde la Seguridad Social ha iniciado una cruzada para acabar con el fraude de los falsos 'malitos'.

Pero mientras los inspectores buscan, Juana hace ya tres meses que no cobra. Ahora sobrevive con una prestación de 426 euros por ser mayor de 52 años y no tener empleo. No es la única. Hay casos que rozan el absurdo. La quebrada Seguridad Social, que en julio ha necesitado un crédito de 19.000 millones de euros para pagar la extra de verano de los pensionistas y las devoluciones de Hacienda, ya se ha visto obligada a recular en algunos casos. A un profesor enfermo de cáncer y en mitad de tratamiento le dieron de alta y le asignaron plaza en un colegio. Le avisaron mediante un mensaje de teléfono. Tras el resbalón que denunció el sindicato de maestros Ustea, le volvieron a dar de baja días después.

Juana Hermoso muestra sus manos entumecidas producto de la epicondilitis que padece. Marcos Moreno

Hay más, aunque todavía pendientes de resolver. A un padre sexagenario sumido en una profunda depresión tras perder a su hijo en un accidente de coche le tramitaron el alta el mismo día que entraba a quirófano para extirparle un tumor de estómago. El hombre, con 40 años cotizados, ha recurrido a un abogado y espera que la justicia le dé la razón. Algo parecido le ocurre a una funcionaria que acudió a los tribunales porque se le había retirado la invalidez después de practicarle una mastectomía y perder movilidad y fuerza en uno de sus brazos. Su juicio se prevé en 2021.

Son las víctimas de la caza de brujas que se vive en Cádiz para acabar con los inválidos que mienten y fingen estarlo. Desde 2008, año de la irrupción de la crisis en España, hasta el 1 enero de 2018, la gaditana es la provincia española donde más pensiones por incapacidades absolutas se han concedido de todo el país.

En la última década, según el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), una de cada cuatro personas que han empezado a recibir una paga vitalicia por no poder trabajar era de ‘la tacita de plata’. Representan un 25 por ciento del total, pese a que los 1,24 millones de gaditanos suponen sólo un 2,66% entre los 46,56 millones de españoles.

Ante tales cifras en semejante cantidad de población, las administraciones comenzaron a sospechar. Ahora, el Estado ha cogido la lupa en busca de los defraudadores. Aunque en ocasiones, como en el caso de Juana y de otros muchos, demuestre una aguda miopía.

La Seguridad Social le dijo a Juana que se debía reincorporar a su antiguo puesto de trabajo, que hoy no existe. Marcos Moreno

A una empresa cerrada

“¿He visitado a la virgen de Lourdes para que hiciera un milagro conmigo?..." La pregunta se repite en varias ocasiones durante la cita de EL ESPAÑOL con Juana, que enseña sus manos entumecidas. Desde hace 16 años la mujer sufre epicondilitis, también conocida como la enfermedad del codo de tenista. No es que ella de joven le pegara a la raqueta, sino que desde que cumplió la mayoría de edad trabajó en la antigua tabacalera de Cádiz. Primero, elaborando puros con las manos. Luego, conduciendo una carretilla elevadora con la que cargaba los camiones para abastecer de cigarrillos a media Europa. 

Fruto de aquel trabajo mecánico y repetitivo, desde hace más de tres lustros la señora no puede sostener apenas peso o fregar la vajilla. Dice que a diario sufre fuertes dolores que le recorren desde las puntas de los dedos hasta los antebrazos. “Los calambres empezaron en el pulgar de la mano izquierda, con la que manejaba el volante. Con la otra usaba las palancas. A esa mano llegaron más tarde”.

Aunque ella no quería dejar de trabajar, en 2003 un tribunal médico le dijo que no era apta para seguir en la tabacalera. Le otorgó una prestación por una invalidez del 75%. Hace tres meses, la mujer acudió de forma voluntaria a que una inspectora médica revisara su expediente clínico. Como tiene diagnosticada una invalidez total, Juana, cuya salud ha empeorado con nuevas dolencias aparecidas en estos últimos 16 años (escoliosis dorsolumbar, artrosis en las manos, síndrome ansioso-depresivo…), pretendía que le subieran la prestación al 100%.

La sorpresa para Juana llegó cuando, a las pocas semanas, el cartero depositó una carta en el buzón de su casa. La misiva decía que debía volver a su antiguo puesto de trabajo y que le retiraban los 1.900 euros que cobraba de paga. “¡Pero si mi empresa, Altadis, ya no existe en Cádiz! Pensaba que me estaban gastando una broma pesada”.

Pese a que Juana ha reclamado la devolución de su prestación por invalidez ante el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, todavía no ha recibido respuesta. Ya ni la espera. Por eso ha decidido acudir a la justicia ordinaria, que será la que decida qué ocurre con ella: si sigue en el paro, que es la situación en que se encuentra ahora, o vuelve a cobrar su invalidez hasta que se jubile definitivamente.

Como ella, durante el último año se han dado numerosos casos similares en Cádiz denunciados por verdaderos enfermos. Entretanto, las instituciones pretenden combatir el fraude en la provincia con mayor número de incapaces laborales.

Germán Bernal, abogado gaditano, está tramitando reclamaciones por prestaciones retiradas. Marcos Moreno

"Pagan justos por pecadores"

“Esto no lo había visto jamás en los 50 años que llevo ejerciendo la profesión", explica José Blas Fernández, presidente del colegio de Graduados Sociales de Cádiz. “Se están creando unos problemas terribles". Dichos contratiempos se deberían a que la Tesorería de la Seguridad Social, en bancarrota, ha iniciado una campaña para acabar con el fraude de los supuestos falsos enfermos gaditanos.

Aunque desde el ministerio no se ha ofrecido información pública al respecto, entre graduados sociales, abogados y los propios afectados no hay duda de que existe un empeño para destapar a los inválidos que falsean su estado de salud, aunque por el camino salgan malparados los verdaderos enfermos.

¿La razón que hay detrás de este sigiloso movimiento de la Seguridad Social? “A mi juicio no hay duda de que se está metiendo mano donde más pagas por invalidez hay y donde se piensa que puede haber más fraude”, explica Germán Bernal, abogado gaditano a cuyo bufete han llegado varios casos, como el del hombre en depresión que perdió a su hijo y le retiraron la paga la fecha que le estaban extirpando un tumor en el hospital. “No hay dinero en la caja y todo lo que se puedan ahorrar, lo van a hacer. Pero en ese movimiento están pagando justos por pecadores”, dice el letrado.

La Seguridad Social está en quiebra. Lo ha certificado este mes el Tribunal de Cuentas: la institución perdió 100.000 millones desde 2010. Y el Estado ha tenido que acudir en su ayuda para pagar en julio la extra de verano y las devoluciones del IRPF. La Administración central ha pedido un préstamo de 19.000 millones para hacer frente a esos gastos. Por eso, cada euro de ahorro se convierte en oro. Y en Cádiz algunos se han echado a temblar.

Colapso en los juzgados

Nadie sabe cuántos afectados hay. Pero lo cierto es que la noticia ya es la comidilla en muchas reuniones callejeras de Cádiz. Como representante del Colegio de Graduados Sociales de la provincia gaditana, José Blas asegura: “No entendemos qué está ocurriendo y qué criterios se están siguiendo”. Blas señala que desconoce “qué hay detrás de todo esto" y denuncia una situación que “está empezando a colapsar los juzgados".

Pero, ¿las cifras de Cádiz en cuanto a incapacidades laborales concedidas responden a una mera casualidad o, sin embargo, en cierta medida también interviene la picaresca, como señala José Blas Fernández? Entre 2008 y 2018, España ha pasado de tener 916.291 incapacitados laborales a contar con 949.857. Son 33.566 más.

En la misma franja temporal, Cádiz, que no ha bajado del 25% de paro (2008) y ha sufrido picos de hasta el 34,8% (2013), ha visto cómo se incrementaba el número de incapacitados permanentes en 8.421 personas. En 2008, Cádiz sumaba 30.863 incapacitados laborales. El pasado 1 de enero eran 39.284. De media, cada uno de ellos cobra 961,18 euros. Son datos del INSS.

A Maleni Herrera, de 60 años, le retiraron la prestación durante seis meses, aunque la Seguridad Social rectificó. Marcos Moreno

Pensó en el suicido

Quien seguro que no falsea su estado de salud es Maleni Herrera, una exempleada de Correos. Tiene 60 años. Su caso refleja la torpeza de la Seguridad Social a la hora de acabar con el fraude que pueda darse -si es que es así- entre los inválidos gaditanos.

A Maleni le concedieron una paga por invalidez absoluta permanente en 2002. En su historial clínico pone que no “es apta para ningún trabajo”. Mientras repartía cartas o clasificaba envíos, a la mujer, madre de seis hijos -dos de ellos adoptados- se le hinchaban “de una forma exagerada” las manos, los brazos, los hombros… Un tribunal médico le diagnosticó artritis reumatoide severa. Años después, también fibromialgia.

A finales de 2017, la mujer sufría una hinchazón continua en ambas piernas. Se le rompieron los dos gemelos y también las fibras. Sufrió una trombosis en una de ellas. Un año más tarde le requirió una inspectora médica. Tras estudiar su caso durante cinco minutos y mirarle las rodillas, según Maleni, le dijo que estaba apta para trabajar de nuevo y que debía volver al paro hasta que encontrase un empleo.

Maleni cayó en depresión. Cuenta que pensó varias veces en quitarse la vida. Le retiraron los casi 800 euros que cobraba. Necesitó de familiares y amigos que le prestaran dinero para pagar la luz, el agua, la bombona de butano o la medicación. También para los parches de morfina que requería su enfermedad y para paliar los fuertes dolores que padece.

En mayo de este año, Maleni visitó a un subinspector médico. Tras revisar su caso, dice la mujer, el galeno le preguntó: ‘¿cómo han podido hacerte esto?’. En 15 días volvió a cobrar la prestación, pero recuerda como “un calvario” los seis meses sin ella. La Seguridad Social le devolvió los atrasos y desde entonces ingresa su paga por ser inválida para el trabajo. Ella no miente, pero por un tiempo la administración pensó que sí.