Jorge, el profesor con 35 años de contratos temporales, hace historia: indefinido por sentencia

A sus 64, Jorge Molina, profesor universitario, ha firmado 31 contratos en 35 años con la Universidad de Málaga (UMA). Todavía le queda uno, el más importante. Tras la sentencia del Tribunal Supremo, Molina y otros dos compañeros de la Facultad de Medicina tendrán un contrato indefinido y el reconocimiento de sus 38 años como docente. Para llegar hasta aquí ha tenido que pasar por 30 contratos anuales y uno de cinco años que acabó en 2017 y no le renovaron, con 61 se enfrentaba a un futuro incierto y a “una pensión que se habría quedado en nada”. 

“Jamás imaginé verme denunciando a mi casa, en la que me he formado y la que me ha dado de comer durante toda mi vida”, asegura mientras insiste en el amor a la que será su casa hasta su jubilación. Ahora, el Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia en la que se condenaba a la UMA a readmitir o indemnizar con más de 124.000 euros a los tres profesores. Si a Jorge le dieran a elegir no lo dudaría: tras una vida dedicada a la docencia no quiere salir por la puerta de atrás y elegiría seguir en las aulas. Llegó a la Facultad de Medicina con 26 años y hoy, tras 38, siente que se ha hecho justicia.

Nunca había tenido la sensación de que su relación con la Universidad de Málaga pudiera terminar y, menos aún, de una forma tan abrupta como la que sufrió. El 30 de abril de 2017, a poco más de dos semanas para cortar las clases antes de los exámenes, su contrato de Ayudante Doctor finalizó. La UMA, según relata, sólo le dio una solución: denunciar.

La vicerrectora de Personal Docente e Investigador, Yolanda García Calvente, insitió en que sólo un juez podría conseguir su readmisión. “Estuve dos meses planteándome qué hacer y finalmente tomé la determinación de denunciar”. El 31 de octubre de 2017 el juzgado de lo Social número 1 de Málaga falló a su favor, instando a la UMA a reincorporarlo en un plazo de cinco días. Desde entonces, Molina y sus compañeros volvieron a las aulas con su puesto pendiente de un hilo: “¿Cómo me iba a sentir pensando en que cualquier mañana me podían echar a la calle?”.

Jorge Molina con la sentencia del Tribunal Supremo

La universidad española cuenta con un sistema de figuras laborales bastante complejo. Jorge y sus compañeros tuvieron durante años diferentes contratos como profesores asociados, una tipología creada para acercar a la Academia a profesionales de distintos ámbitos que pudieran compatibilizar una actividad externa y la docencia. Sin embargo, en 2012 la Universidad de Málaga les propone firmar un contrato con una duración de cinco años como Profesor Ayudante Doctor, un tipo de contrato pensado, principalmente, para profesores en proceso de formación y que tiene una duración máxima de cinco años. Ni Jorge estaba en proceso de formación (tras 30 años como docente universitario) ni pensaba que a los cinco años su vinculación con la UMA fuera a desaparecer. 

Cuando supo que su contrato tenía fecha de caducidad, Jorge se reunió con el rector, José Ángel Narváez, también profesor de Medicina, quien le aseguró que no se preocupara. "Me dijo que no iba a haber ningún problema". En otras ocasiones se había recurrido a la figura de Profesor Colaborador ante casos similares. Sin embargo, la solución nunca llegó.

Fachada de la Facultad de Medicina de Málaga Universidad de Málaga

En el limbo

Ahora que su readmisión en 2017 ha sido refrendada por la Justicia, sólo queda aclarar cuál será su categoría laboral. Actualmente no hay ninguna figura recogida por la ley en la que pueda encajar. El profesor Molina espera aún la llamada desde el vicerrectorado de Personal Docente e Investigador: “La pelota está en el tejado de la vicerrectora”.

Hasta llegar a este limbo en el que se encuentran Molina y sus compañeros han pasado tres años. La UGT (desde el inicio) y el Sindicato de Apoyo Mutuo de la Málaga (SIAM) han estado a lo largo del camino junto a ellos. Desde SIAM explican esta situación, como otras similares en España, en base a la “precariedad laboral e inestabilidad estructural sistémica sobre la que se ha construido el sistema universitario” como ocurre con otros servicios públicos, como la Sanidad.

Un aula de la Universidad de Málaga Universidad de Málaga

Según Eduardo Rojo, catedrático de Derecho en la Universitat Autònoma de Barcelona, la relevancia de esta sentencia está, principalmente, en el reconocimiento de la experiencia laboral del profesor con independencia del tipo de contrato que éste haya firmado con su universidad. Lo que para SIAM es una buena noticia, porque “es una cuestión de dignidad laboral que se reconozcan esos años de ejercicio, más allá de la figura contractual”. Este sindicato entiende que las universidades han estado abusando de profesores a los que ha concatenado contratos temporales mientras realmente cubrían necesidades permanentes. “Debemos un respeto a profesionales como los que, en este caso, han estado sacando las castañas del fuego durante 30 años”.

El “problemón” de los profesores asociados

El Observatorio del Sistema Universitario, en su informe Profesor asociado: ¿Experiencia profesional o precarización? contabiliza en 2019 más de 25.000 profesores asociados en España, lo que supone una cuarta parte del total. Esta figura es una de las más polémicas.

La presidenta de la Asociación Nacional de Profesores Asociados, Isabel de la Cruz, afirma que la sentencia a favor de Jorge Molina y sus compañeros es una buena noticia. “El problema viene de que las universidades han hecho un mal uso de la figura del profesor asociado, han abusado de una figura que se creó con otro fin”.

De la Cruz revela que el pasado 4 de septiembre su asociación fue parte de la mesa de negociación con el Ministerio de Universidades. “Desde hace unos años se está trabajando en un nuevo estatuto para el Personal Docente e Investigador (PDI) y el ministro Castels nos ha incluido como interlocutores”. A lo largo de esta semana, Castels y su equipo se está reuniendo con los distintos sindicatos. Tras esta ronda volverá a presentarse un nuevo borrador del estatuto del PDI en el que, esperan, se solucione “el problemón que han creado las universidades”.

Mientras, Jorge Molina encara el curso con una ilusión renovada tras un periplo que ha sido “nefasto” en lo personal. Ahora puede respirar tranquilo sabiendo que tras su esfuerzo se ha abierto una puerta para otros docentes: aquellos que llevan años renovando sus contratos al principio de cada curso sabiendo que cumplen una función permanente sin ninguna protección laboral.