El limbo de la abolición: el destino incierto de 400.000 prostitutas en España tras la promesa de Sánchez

Abordar la abolición de la prostitución en España es complicado. No hay cifras exactas, no existe un censo de prostitutas, no hay un listado público con el total de clubes de alterne y mucho menos de viviendas donde se ejerce.

La lucha de cifras es intensa a ambos lados de las dos trincheras: quienes abogan por acabar con esta práctica y quienes quieren ejercerla libremente. De un lado se piensa que la prohibición supone una liberación de la mujer en un sistema patriarcal y del otro que la libre elección de la profesión las empodera.

Si en algo están de acuerdo es en la lucha contra la trata y las mafias que explotan a mujeres para satisfacer los deseos masculinos a cambio de dinero. Porque el trabajo sexual se conjuga en femenino.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puso el asunto sobre la mesa hace una semana. En el congreso del PSOE prometió legislar para abolir la prostitución en España. Pero, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la dimensión de la prostitución en nuestro país?

"La abolición consiste en poner en práctica políticas que no criminalicen a la mujer que está en una situación de esclavitud. Es trabajar para que estas mujeres tengan una nueva vida, una alternativa laboral. No criminaliza a las mujeres, mientras que el sistema prohibicionista sí lo hace. El abolicionismo penaliza a quien se lucra con ello", explican desde APRAMP, una ONG que lleva trabajando desde 1984 para prestar atención integral a las mujeres prostituidas forzosamente.

Una de las prostitutas de la 'rotonda caliente' de Marconi, en Villaverde, Madrid. Jorge Barreno

Prostitutas en España

Una búsqueda rápida en internet arroja unas cifras que se repiten una y otra vez en los artículos publicados: habría entre 300.000 y 500.000 prostitutas en España, que es el segundo país donde más se ejerce porque cuatro de cada diez hombres son puteros y donde habría unos 1.500 locales de alterne. Todo estimaciones repetidas porque no existen listados oficiales. 

La secretaria general del sindicato de trabajadoras sexuales OTRAS, Concha Borrell, apuntó esta semana en una entrevista en Efe que el abolicionismo dejaría en la calle a unas 400.000 prostitutas que ejercen a día de hoy, "según los cálculos que hacen las abolicionistas". Ella rebaja la cifra a un máximo de 150.000. 

En conversación con EL ESPAÑOL, Borrell se pregunta: “¿Qué van a hacer con las que ejercemos la prostitución de manera libre? ¿Van a ponernos un policía detrás?”.

Borrell trabaja como prostituta desde 2006. Ahora lucha por los derechos de su colectivo. “Quien lo ejerce libremente no lo va a dejar porque no hay un trabajo en el que se cobre más y te dé más tiempo libre para, por ejemplo, conciliar con tu familia o cuidar a tus padres”.

Su discurso ataca directamente a los proxenetas y a los dueños de clubes de alterne. “Queremos que nos den de alta en la seguridad social, que nos contraten. Está claro que sus ingresos bajarían, pero es que eso no nos importa lo más mínimo”. Y añade: “Si cierran todos los locales muchas se quedarán en la calle, porque viven allí”.

Covid y alterne

Durante la pandemia de la Covid-19, las prostitutas no dejaron de trabajar. Fue el único colectivo que cayó en olvido, “sin posibilidad de acogerse a los ERTE o al Ingreso Mínimo Vital porque la mayoría no tiene papeles. Y durante el toque de queda no podíamos ni estar en la calle. Pedro Sánchez nos dejó tiradas”, manifiesta Borrell.

Los dueños de locales sí que pudieron acogerse a estas medidas. El Club Paradise, "el más grande de Europa" según su web, se acogió a un ERTE para 69 trabajadores. Ninguno de ellos era prostituta. Este periódico ha intentado poner se en contacto con su dueño, José Moreno, para conocer la visión de los propietarios sobre la abolición, pero no ha conseguido respuesta.

De hecho, tampoco existe una patronal hoy en día que los representen, aunque en el pasado sí la hubo, como explicó El Salto. "Ellos sabrán por qué se esconden", dice Borrell.

Ella defiende su pan. Quiere seguir trabajando de lo suyo. Pero apunta una cuestión trascendental en el debate sobre la abolición: “Hay que dejar claro que las mujeres que están en situación de trata no son trabajadoras sexuales, son víctimas”.

En este punto del relato entra en juego Rocío Mora, directora de APRAMP, donde se defiende a las que no son nadie porque no tienen identidad. A las que llegan a España engañadas por redes mafiosas con promesas de una vida mejor.

“La realidad que nosotras vemos no es la de mujeres que se prostituyen libremente. Ni mucho menos. Son mujeres explotadas, con miedo, que viven en situación de violencia y de marginación”, afirma.

Jorge Barreno

Mora explica que en Madrid atienden a 280 mujeres diariamente, y que de esas 15 comienzan un proceso de inserción laboral y social alejadas de las mafias. Pone algunas cifras más: se calcula que en el mundo hay 42 millones de mujeres ejerciendo la prostitución, de las que “el 93% están en una situación de esclavitud”.

Su asociación tiene presencia, además de en la capital, en Almería, Murcia, Salamanca, Badajoz y Asturias, “dónde hay más presencia de este problema”.

Mora quiere dejar claro que “no es una cuestión de estar enfrentados, si no de defender los derechos humanos de estas mujeres. Eso no significa que no exista otra realidad”, en relación a Borrell y sus compañeras de sindicatos.

Pero también apunta: “Necesitamos reformas que acaben con la permisividad de la explotación, no podemos dejarnos llevar por el discurso de la libre elección. En la prostitución se da una realidad de violencia, explotación y trata”.

“Desmantelar el negocio del sexo de golpe es imposible. Tenemos que asediar a todos los beneficiarios del sistema de la explotación sexual: mafias, proxenetas y puteros”, afirma Mora. Al fin y al cabo, hay mucho dinero en juego. A preguntas de este periódico, el Ministerio de Igualdad señala que mueve 5 millones de euros al día. La gran mayoría en negro. 

El movimiento abolicionista aboga por multar a puteros y proxenetas, pero eso ya está recogido en la Ley de Seguridad Ciudadana. Fuentes de Igualdad recogidas por Europa Press indican que esto no ha funcionado para acabar con la demanda de mujeres.

Prostitutas de La Junquera son obligadas por sus proxenetas a salir a la calle para buscar clientes.

Ley de Igualdad

El debate sobre si regular o abolir la prostitución divide al movimiento feminista. Un ejemplo: la ministra de Igualdad, Irene Montero, aboga por erradicar la práctica, mientras que la flamante secretaria de Estado, Ángela Rodríguez, es partidaria de la primera opción.

La lucha contra la prostitución es una de las banderas de Montero. En su Ley de ‘sólo sí es sí’ se incluye la figura de la “tercería locativa”, eliminada del Código Penal en 1995. Con ello, en España se podría multar a aquellas personas que se lucran de la explotación sexual de las mujeres, por ejemplo, como propietarios de locales o pisos en los que se ejerce la prostitución.

Tanto Igualdad como desde las dos asociaciones creen fundamental para erradicar la prostitución modificar la Ley de Extranjería para que puedan tener los mismos derechos que el resto. 

Según los últimos datos del Ministerio del Interior, el 95% de las víctimas de trata liberadas durante el 2020 eran extranjeras. En APRAMP saben bien la dificultad salvar a mujeres que no son nadie.

“Nos encontramos con mujeres que no tienen ni identidad, no tienen documentación. Y cuando las tienen, muchas veces es falsa porque es un negocio que quiere permanecer oculto. Trabajamos con consulados, embajadas, y con los países de origen”, explica Mora.

Los partidos políticos no son indiferentes ante el debate. En Unidas Podemos existen diferencias sobre el tema como se ve en la cúpula de Igualdad. Tanto el PSOE, con el anuncio de Sánchez en su Congreso, como el PP se decantan por la abolición.

Ciudadanos es el único que se inclina por regular la prostitución para "dotar de garantías" a quien la practica "voluntariamente" y poder perseguir a quienes la aprovechan para "explotar" mujeres y "delinquir". 

Modelos alternativos

En el Congreso del PSOE participó Jonathan Machler, un ciudadano francés al frente de la Coalición Internacional por la Abolición de la Prostitución, que tiene presencia en 27 países. Acudió allí para explicar las bondades del sistema abolicionista de su país.

Desde 2016 se han abierto casi 600 expedientes para sacar a mujeres de la prostitución. El 87% tiene ahora un trabajo estable fuera de las calles. 

El modelo francés se basa en despenalizar a quien ejerce y perseguir al consumidor. Para ello contempla multas de entre 1.500 y 3.000 euros o penas de hasta siete años de cárcel. El segundo punto es tratar a las víctimas de trata como lo que son: víctimas. Desde la entrada en vigor de la ley el número de detenciones a prostitutas se ha reducido a cero.

Una prostituta espera clientes en un club de alterne sin especificar de Castilla La Mancha. Marcos Moreno

También se han desarrollado talleres específicos para los clientes. Hasta mayo del año pasado, 400 personas habían pasado por ellos. “Los puteros saben perfectamente en qué situación están esas mujeres y les da igual. Son un cómplice más”, critican desde APRAMP sobre si se podría implantar este punto en España.

Suecia es el otro país que atrae las miradas de las abolicionistas. En 1999 se convirtió en la primera nación en perseguir a la industria proxeneta. Desde la puesta en marcha de las leyes, el consumo se ha reducido en un 80%, y una inmensa parte de la población apoya las medidas tomadas. Es común escuchar que en Suecia no existe apenas prostitución. 

¿O sí? “Si buscas ‘escorts stockholm’ en internet encuentras cientos de páginas. Las han obligado a trabajar de manera oculta. Muchas lo hacen en un barco a una milla y media de la costa, sin protección y sin cobertura telefónica. Nos quieren fuera del sistema. No puedes estar todo el tiempo en contra de mujeres adultas y libres que hemos decidido trabajar en lo que nos da la gana”, resume la secretaria general de Otras.

Ellas abogan por el modelo de Nueva Zelanda, "que protege a la trabajadora más que en Alemania u Holanda, donde se protegen a los empresarios". Pero quieren ir más allá: "Sólo pueden ejercer las neozelandesas, y nosotras queremos que también lo puedan hacer las extranjeras".