La lucha de Ana contra un concejal de Valencia por ocultar el accidente mortal de su marido

Vasile Sucala tenía 47 años cuando falleció en 2017 durante el montaje de unas gradas en los conciertos de Viveros, un festival de música que el Ayuntamiento de Valencia organiza cada verano junto a un grupo de promotores en un parque público dentro de la programación de la Feria de Julio.

El montaje se llevó a cabo en condiciones precarias, en una jornada demasiado larga y a temperaturas muy altas en un trabajo que requiere toda la atención y medidas de seguridad.

Las gradas acabaron precintadas durante unos días por problemas de seguridad y el Ayuntamiento y los promotores se mostraron indeferentes ante la tragedia hasta que un juez resolvió que debían responder por los hechos de manera civil y penal.

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Cinco años después del accidente mortal y apenas 48 horas antes de que se celebre el juicio, su mujer Ana Sucala y sus dos hijas han conseguido que las compañías aseguradoras de las empresas implicadas y el Ayuntamiento acepten un acuerdo con sus condiciones. La familia recibirá una indemnización por la muerte de Vasile a cambio de retirar su escrito de acusación y el próximo lunes se ratificará el pacto en el juzgado.

Pere Fuset, concejal de Compromís y uno de los rostros más conocidos de la coalición en Valencia, figura en la lista de los seis acusados. El juez lo envió al banquillo por autorizar el montaje de una instalación a última hora "sin cerciorarse ni exigir" el estudio de seguridad y salud de esa obra.

El concejal de Compromís acusado, Pere Fuset, sale del juzgado. EFE / BIEL ALIÑO

La familia pedía cinco años de prisión por los supuestos delitos de homicidio imprudente y contra los trabajadores. La Fiscalía no acusó a Fuset y su abogada, Mercedes Piá Brisa, presentó escrito de acusación al considerar que el regidor se saltó los procedimientos para contratar las gradas y omitió la responsabilidad de la Administración en los accidentes laborales que se producen en recintos públicos.

La lucha de Ana y sus dos hijas es la de una familia, de origen extranjero y humilde, que se ha enfrentado sola al sistema, la victoria del pequeño contra el grande, para que se reconozca la responsabilidad del Ayuntamiento de Valencia y las empresas acusadas en el accidente de su marido.

"Ahora mismo estamos agobiadas, nerviosas y con pocas ganas de revivirlo todo otra vez. Queremos que se termine ya, verle el fin a todo esto. Solo el hecho de ir a Valencia para nosotras es un mundo entero", confirma a EL ESPAÑOL poco antes de que empiece el juicio. 

El acuerdo representa para ellas un triunfo porque la aseguradora del Ayuntamiento también tendrá que abonar parte de la indemnización en concepto de responsabilidad civil.

Mientras, al concejal de Compromís acusado, que renunció a sus competencias en Fiestas pero mantuvo el acta, le permite pasar página y volver a ser candidato de Compromís. El juicio seguirá adelante contra el resto de acusados.

"Hemos sentido rabia porque no le dieron a este caso la importancia que tiene. Queremos olvidarnos del juicio y de toda esa gente", apunta la familia. Es la primera vez que acceden a contar en un medio de comunición su historia y cómo vivieron la tragedia.

Pere Fuset junto al diputado nacional de Compromís, Joan Baldoví. EFE

El accidente

Ana y su marido llegaron a España desde Rumanía hace más de 20 años y la familia residía en un municipio de Madrid. "Primero vino él solo y más tarde llegué yo. Cuando ya tuvimos toda la documentación en regla y los dos estábamos instalados, llegaron las niñas".

Vasile trabajaba de operario para diversas empresas y el día 27 de junio de 2017 llegó junto a un compañero a Valencia a las nueve de la mañana para montar unas gradas en los conciertos de Viveros.

La infraestructura fue la gran novedad de aquella edición y se montaron a última hora para que el público disfrutara "de una experiencia más completa y de mayor calidad", según defendió el Ayuntamiento durante la presentación del evento.

Vista general del escenario y el público en las gradas donde murió Vasile.

Vasile y su compañero estuvieron esperando indicaciones toda la mañana y empezaron la obra a las cuatro de la tarde. Valencia sufría ese día la primera ola de calor del verano y se activaron las alertas por temperaturas extremas y viento de poniente. El trabajador, cansado por las horas de espera a la intemperie y el calor sofocante según declaró su compañero, tropezó y se precipitó al suelo.

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El atestado que elaboró la Policía Nacional recoge que Vasile cayó como un péndulo hacia abajo desde una altura superior a los tres metros con resultado de muerte cerebral. Falleció siete días después, el 4 de julio, en el Hospital La Fe.

El día que se confirmó el fallecimiento, varios concejales de Compromís visitaron a la familia en el hospital para ofrecerles los servicios jurídicos municipales e iniciar medidas legales contra la empresa instaladora de las gradas, lo que permitía dejar al margen el Ayuntamiento. Ana acababa de perder a su marido y rehusó el ofrecimiento. "Nos dieron un papel con un número de teléfono y se marcharon".

El Ayuntamiento informó del suceso después de que el sindicato CGT denunciara el accidente mortal repartiendo octavillas en el acceso al recinto y se hiciera público.

El accidente provocó una bronca monumental entre Compromís y el PSOE, con reproches públicos, después de que el concejal Fuset denunciara que la Policía Local no le había informado de la tragedia hasta varios días después.

Las gradas se anunciaron en la cuenta oficial del festival desde principios de mayo y las entradas estaban vendidas, pero su instalación se retrasó hasta última hora y no se confeccionó ningún expediente administrativo para su instalación.

En este sentido, la investigación judicial sacó a la luz una carta del "puño y letra" del concejal que fue entendida como "una imposición" o "las gradas no se hubieran montado, menos con la premura de tiempo que se hicieron, y el siniestro no se hubiera producido", concluyó el juez instructor.

El público, ajeno al accidente mortal, asiste a los conciertos de 2017.

Indiferencia 

Así recuerda su familia a Vasile. "Era muy buen marido y padre. Era muy trabajador y le daba mucho miedo perder el empleo. Creo que por eso accedía a ciertos horarios o trabajos".

Como las empresas implicadas y el Ayuntamiento se pusieron de perfil, Ana llegó a Valencia sin saber cómo estaba su marido ni las circunstancias del accidente.

"No nos dieron ninguna información y nos mintieron mucho al principio. Primero nos dijeron que se había caído y estaba mareado, pero no tuvimos conciencia de la gravedad de la situación hasta que llegamos a Valencia. Nosotras pensábamos que se había caído y que estaba en el hospital porque tendría un brazo roto o una pierna. En ningún caso esperábamos encontrar lo que encontramos".

En los últimos cinco años, el concejal ha defendido que no efectuó la contratación o la adjudicación del montaje y que actuó siguiendo los criterios que le proporcionaban los técnicos. 

La defensa de Fuset argumentó que se trataba de un contrato administrativo de servicios, que no requiere de un estudio de seguridad y salud. Igualmente, defendió que no efectuó la contratación o la adjudicación del montaje -los promotores subcontrataron el servicio- y que actuó siguiendo las instrucciones de sus técnicos.

Compromís hizo piña en torno a Fuset y lo mantuvo como uno de sus grandes activos, aunque con un perfil más discreto. El dinero que abonará la aseguradora del Ayuntamiento, junto a otras dos, le permitirá repetir como candidato sin la rémora que suponía este caso.

Un músico ensaya con las gradas de Viveros al fondo.

Pero el juez que investigó los hechos estimó que la Inspección de Trabajo sancionó al Ayuntamiento con más de 40.000 euros por infracción muy grave, y afirmó que es un contrato con contenido mixto "que exige que se cumpla la normativa laboral de prevención de riesgos".

Si se hubiera cumplido la normativa al respecto, "hubiera permitido constatar que la empresa encargada de dicha construcción carecía de los estudios de seguridad y salud exigidos y por tanto, no se hubiera procedido a afrontar dicho montaje de las gradas ni se hubiera producido dicho fallecimiento".

"Tiene extraordinaria relevancia el hecho de que fuera él quien enviara una misiva personal, de su puño y letra, imponiendo al adjudicatario de la ocupación temporal de la explanada de Viveros y de la construcción del escenario" que otra empresa lo ocupara, dijo el juez.

"Nosotras somos tres mujeres extranjeras que no entendemos de leyes y nos dejaron solas. Tenemos muchísimo miedo, esperamos que todo vaya bien el lunes. Estos años han sido muy duros para nosotras. Hemos tenido en casa problemas económicos y de todo lo que te puedas imaginar. Por suerte, las tres trabajábamos y ahora estamos bien", explica la familia.

Entre enero y julio de este año, según datos del Ministerio de Trabajo, se han registrado en España cerca de 400 fallecimientos en accidentes laborales, una situación ante la que los sindicatos urgen medidas de choque para evitar muertes como la de Vasile y es la gran tarea pendiente de la ministra Yolanda Díaz.