La lucha de Bea y Jaime contra un aserradero sin licencia en Madrid: "Aquí no se puede vivir"

Beatriz y Jaime son aficionados a la hípica. En 2005 invirtieron sus ahorros en una finca en Villamanta, con el objetivo de dar un giro a sus vidas, mudándose allí para habilitar una cuadra para sus caballos y para incorporar más miembros a la familia: un burro, perros, gallinas… "Queríamos disfrutar de la naturaleza y de los animales", resume Beatriz. Casi veinte años después de tomar aquella decisión y de realizar una inversión millonaria para acondicionar la finca, el matrimonio afirma que su casa es un lugar "insoportable" por culpa de un aserradero sin licencia de actividad.

"Nuestro día a día es aguantar polvo y serrín, la entrada y salida de camiones y el ruido de las motosierras", subrayan indignados Beatriz y Jaime, al tiempo que afirman que a veces deben ponerse mascarillas por el ambiente "irrespirable" que la mercantil genera en su propiedad. "No podemos abrir las ventanas porque entra serrín; si estás en el patio te tragas el polvo; no podemos tender la ropa cuando sopla el viento porque se ensucia; no podemos descansar porque el horario de la empresa es las 24 horas del día, los 365 días del año... Mentalmente, estamos desquiciados".

Tal afirmación del matrimonio se debe a que un camino es lo único que separa el aserradero de su casa: "Lo tenemos enfrente". Para demostrar que su convivencia con la actividad de la mercantil les está pasando factura, Jaime aporta a EL ESPAÑOL un informe de un médico privado con este diagnóstico: "Trastorno de ansiedad adaptativo, por conflictiva ambiental en su domicilio. Tratamiento psiquiátrico: orfidal". Este experto en formación de empresas afirma que a sus 50 años recibe ayuda profesional: "Acudo al psiquiatra por la ansiedad y los nervios que sufro".

Su esposa, Beatriz, profesora de Primaria, de 51 años, también acude al psiquiatra desde 2020 y necesita lexatin para combatir el estrés diario. De hecho, también ha sido evaluada por un médico privado que concluye que sufre un trastorno ansioso depresivo adaptativo; crisis de ansiedad; hiperreactividad bronquial con exacerbación de asma alérgico; urticaria crónica y otalgia bilateral. El facultativo considera que existe "relación causal" entre esas patologías y "la exposición a tóxicos ambientales, derivados de la actividad realizada por la empresa T. T. F. D.".

El matrimonio está sobrepasado por la situación y ha contratado al abogado Eduardo Muñoz Simó para denunciar por prevaricación administrativa y desobediencia a Valentín Pereira: el alcalde de Villamanta, un pueblecito madrileño que no llega a los 3.000 habitantes. Esta decisión drástica la han adoptado porque la empresa no cuenta con una licencia de actividad emitida por el Ayuntamiento. "Pidió licencia en el año 2008 como leñera y almacén de maquinaria, pero funciona como un aserradero sin ningún tipo de permiso", según sostienen Beatriz y Jaime.

Así lo corrobora un informe elaborado por el Seprona de la Guardia Civil, a raíz de la denuncia presentada por el matrimonio porque estaban "sufriendo agresiones de contaminación acústica y tóxica", por parte de la empresa T. T. F. D.: "Debido a las labores de trituración de diferentes tipos de maderas, trabajo con elevado número de maquinaria pesada (camiones, trituradora, pala…) y con motosierras, que producen contaminación acústica y grandes cantidades de polvo de serrín de madera muy fino, que invade tanto nuestro domicilio como los alrededores".

"La empresa realiza todas sus actividades en campo abierto, no dispone de los medios adecuados para no emitir partículas de polvo a la atmósfera, ni cerramiento de todos los depósitos de serrín y madera, ni medidas de insonorización". Y todo ello, a pesar de que la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo tiene clasificado el polvo de serrín, como sustancia química peligrosa. Tan largo era el listado de supuestas irregularidades denunciadas por el matrimonio, que el Servicio de Protección de la Naturaleza realizó una inspección a la empresa.

En su informe, los agentes detallan que en el aserradero encuentran 400 toneladas de leña en largo, de encina y olivo, 6.000 toneladas de leña cortada de encina, olivo, roble y fresno, además de 700 toneladas de viruta. También confirman que las instalaciones están "sin la correspondiente licencia de actividad y de obra definitiva", pero a pesar de ello, se desarrollan trabajos forestales para cortar leña rústica y urbana, troceado de leña a máquina y con motosierra, así como el astillado de residuo vegetal para convertirlo en biomasa para su posterior venta.

- ¿Cómo es un día en su domicilio familiar conviviendo con el aserradero?

- Beatriz y Jaime: Es insoportable tanto física como psicológicamente. Cuando estás en casa escuchas la maquinaria. Es como si tuviésemos un helicóptero en el tejado. El polvo del serrín invade nuestra propiedad y es muy peligroso: tiene partículas que son tóxicas y cancerígenas. La empresa empezó su actividad en 2007 y los problemas comenzaron desde el principio: el humo de las quemas, el polvo, el ruido de camiones descargando leña a las dos de la madrugada y las motosierras trabajando a las ocho de la mañana de un día festivo... El ruido también le genera mucho estrés a todos nuestros animales. Solo estamos relajados cuando estamos fuera de nuestra casa.

El matrimonio ha intentado mediar con el dueño del aserradero y con el alcalde de Villamanta, el socialista Valentín Pereira, pero asegura que al final han tenido que denunciar al regidor porque no les ofrece una solución a los problemas que sufren en la finca donde han invertido más de 70 millones de las antiguas pesetas para acondicionar su casa, un espacio para los equinos, un pozo, instalar placas solares... "Hemos aguantado hasta que no podemos más, sentimos impotencia porque nadie le impide nada a esta empresa: hacen lo que quieren". 

Beatriz y Jaime han contratado al penalista Eduardo Muñoz Simó para iniciar un proceso legal, por segunda vez, con el objetivo de frenar el calvario que sufren en su casa. La Fiscalía ordenó en octubre de 2021 el archivo de las diligencias abiertas, por un delito contra el medioambiente, tras la denuncia que el matrimonio presentó con otro letrado, pero esta vez, las acciones las dirigen contra el alcalde por prevaricación administrativa y desobediencia porque la empresa carece de licencia de actividad municipal.

El letrado expone en la querella que la mercantil suma 16 años realizando trabajos forestales en tres parcelas, sin licencia de actividad, ocasionando "contaminación", "altos niveles de ruido" y "continuas molestias" al matrimonio. "Del mismo modo, el polvo en suspensión que produce, sumado a la ausencia de medios adecuados para su contención, han provocado problemas de salud en mis patrocinados".

Eduardo Muñoz Simó remarca que Beatriz y Jaime vienen alertando de esa situación al Ayuntamiento de Villamanta, desde junio de 2020, sin obtener una solución a sus quebraderos de cabeza. De modo que el penalista carga las tintas contra el regidor del PSOE:

"El señor alcalde, don Valentín Pereira, ha mostrado durante estos años una absoluta inactividad para comprobar los hechos manifestados por mis patrocinados, tras los numerosos escritos enviados al Ayuntamiento y tras ser conocedor, sobre todo, a partir del informe del Seprona de agosto de 2020, de que la empresa T.T.F.D. no cuenta con licencia de actividad que le permita realizar las actividades que durante todos estos años lleva realizando, no llevando a cabo ninguna inspección ni incoando expediente disciplinario alguno hasta la actualidad (como sí hizo el Ayuntamiento de Navalcarnero ante la misma situación)".

"Esta absoluta inacción y falta de interés por verificar y sancionar dicha conducta de la empresa, conlleva la comisión de un delito de prevaricación administrativa, por parte del señor alcalde". El letrado llega a esa conclusión tras enumerar que el matrimonio ha acudido cinco veces al Consistorio, sin poder consultar el expediente del aserradero, incluso le han negado una copia alegando que "supone fotocopiar gran cantidad de documentación".

El penalista Eduardo Muñoz Simó, en su despacho de Madrid.

Eduardo Muñoz Simó también recuerda que en el acta del Pleno celebrado el 25 de marzo de 2021, el regidor afirma que "no tiene conocimiento de que se estén realizando actividades en las parcelas de dicha empresa", algo que el penalista califica de "llamativo", a la vista de dos datos. El primero: el informe del Seprona de la Guardia Civil fue remitido al Ayuntamiento en agosto de 2020, es decir, un año antes. Y el segundo dato: el matrimonio también presentó una denuncia en el Área 8 de Salud Pública, informando de las continuas molestias que provoca la empresa, y ese organismo le remitió la denuncia al Consistorio el 9 de noviembre de 2021.

La guinda a la supuesta "inacción" del alcalde con la mercantil se produce cuando el Fiscal de Medio Ambiente ordena el archivo de las diligencias contra el aserradero, pero acuerda que envíen las actuaciones al Ayuntamiento de Villamanta para que abra un expediente sancionador, por ausencia de licencia de actividad y obra, algo que no ha ocurrido, según sostiene el abogado que representa al matrimonio.

El primer edil de Villamanta, Valentín Pereira, aclara a EL ESPAÑOL que cuando llegó a la Alcaldía en 2019 no sabía que el aserradero estaba sin licencia municipal. "Como es lógico, desconozco si todos los establecimientos del pueblo tenían licencia, pero doy por supuesto que así es si llevan funcionando diez años, como ocurre en este caso", según argumenta el regidor, al tiempo que remarca que la mercantil está presentando documentación para regularizar su situación. "Posiblemente, todos los informes sean favorables y no haya problema en la concesión de licencia".

- ¿Permitirá que el aserradero siga abierto mientras tramita la licencia de actividad?

- Alcalde: Si nos vamos al punto final de la decisión, yo lo tengo muy claro. Todo se está haciendo del modo correcto en la aportación de documentación, con más lentitud de la interesada, pero solo molesta a dos personas y tengo que decretar el cierre de una actividad que molesta a un matrimonio para poner a setenta personas en la calle. Así que si me decisión depende de eso, lo tengo muy claro: independientemente de que cumpla estrictamente con la legalidad o esté en el borde de la legalidad.

Le digo que actualmente, la licencia está en tramitación, con la documentación presentada, pero no tenemos [habilitado] al técnico correspondiente para emitir ese informe. Entre cerrar la actividad o dejar que siga funcionando del modo que lo está haciendo, aún en el supuesto de que eso se considere ilegal, yo dimitiría antes que cerrar esa actividad porque las molestias de dos personas, bajo mi punto de vista, están por detrás del trabajo de setenta. Más claro no puedo ser.  

De modo que el juzgado de instrucción de Navalcarnero tendrá la última palabra en la batalla que mantienen Beatriz y Jaime para vivir en su casa sin ruidos ni polvo ni serrín.