La lucha de Manuel Pena contra Marlaska: le deben 200.000 euros tras ser reconocido víctima de ETA

Respuesta.- Claro. Deme un momento. Desde hace tiempo tengo pérdida de memoria a corto plazo. Necesito mis folios. Ahí tengo todo detallado. Aunque esto le da para un libro.

Manuel Pena es incapaz de despojarse de aquella sangrienta escena. Han pasado más de cuarenta años, pero esta sigue reproduciéndose una y otra vez en su cabeza. Cada noche, antes de dormir, evoca aquel sanguinario escenario donde seis jóvenes guardias civiles fueron asesinados en un atentado de ETA. Y entonces ansía "martillarse la cabeza". Ocurrió en Ispaster, un municipio vizcaíno, el 1 de febrero de 1980. Pena no sufrió heridas físicas, pero desde entonces padece daño psicológico permanente. E incluso, en ocasiones, la misma memoria le falla. Por esto, el 20 de noviembre de 2020 fue reconocido como el primer guardia civil víctima de terrorismo sin haber sufrido lesiones directas.

Todo se remonta al 1 de marzo de 1979 cuando Pena —cuya labor en la Guardia Civil era comprobar el buen funcionamiento de las telecomunicaciones y la informática—, fue destinado, con 18 años recién cumplidos, al Servicio Rural en el Puesto de la Guardia Civil de Ondarroa. El 31 de enero de 1980, el agente tenía que prestar servicio de escolta y protección del convoy de la Fábrica de Armas Esperanza y Cía, con recorrido entre Marquina y la playa de Laga. Estos se encargaban de proteger y escoltar a los trabajadores de la fábrica y el material que era trasladado.

Aquella tarde, la banda terrorista ETA tendió una emboscada al convoy. Utilizaron rifles de asalto, ametralladoras y granadas. El día anterior Pena le cambió el servicio de escolta de este convoy por la protección del edificio de la misma fábrica al guardia Victorino Villamor, asesinado en el asalto. Tras conocer la noticia por radio-teléfono, Pena se trasladó hacia el lugar de los hechos para recoger los cadáveres de los agentes. "Ver a mi compañero [Villamor] con las tripas fuera de su cuerpo y completamente quemado es una fotografía que mi mente jamás ha sido capaz de abandonar", expresa el guardia a este diario.

Manuel Pena López Cedida

Desde aquel día, Pena no ha vuelto a ser el mismo. El lucense de 64 años lleva consigo unas instantáneas mentales que le perseguirán el resto de su vida. Su salud se ha visto drásticamente perjudicada. El guardia civil permaneció en el País Vasco hasta 1986, cuando le trasladaron a Madrid. Las bajas médicas eran constantes. Desde 1982 hasta hoy, se encuentra en tratamiento psiquiátrico. En 2014 Pena seguía presentando cefaleas, alteraciones del sueño, síntomas de hiperactivación vegetativa; irritabilidad y sentimientos de ira; algias inespecíficas diseminadas y tristeza y dificultad para concentrarse, entre otros.

P.- ¿Esto le perjudicó en sus relaciones sentimentales y sociales?

R.- Mi mujer y yo nos terminamos separando. La familia se destrozó. Alegó que tenía el síndrome del norte.

P.- ¿Síndrome del norte?

R.- No dejaba de mirar hacia atrás por si me disparaban por la espalda. 

En 2017, la psiquiatra de Pena hace constar, según los informes que el lucense muestra a este diario, que este presenta "trastorno por estrés postraumático crónico que cursa clínicamente como depresión mayor", lo que lo incapacita laboral y socialmente. Las conclusiones de la especialista son contundentes: se trata de una discapacidad grave resultado del escenario que presenció aquel día de 1980. "La alteración puede ser considerada como una lesión psíquica y, asimismo, como enfermedad laboral, puesto que la agresión la sufrió en acto de servicio", continúa el informe, que denuncia que su inutilidad se debe o está directamente relacionada con el acto terrorista. 

Y el 19 de febrero de 2019, debido a patologías de necrosis aséptica ósea de cadera izquierda, osteoartrosis localizada en la columna y depresión mayor crónica —valoradas con un porcentaje de discapacidad o minusvalía global del 41 por ciento—, acordó la incapacidad permanente absoluta, que según la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo de 2011, está indeminzada con hasta 300.000 euros.

Es momento de hablar 

Pena señala que hasta hoy "he estado reprimido", y que es ahora, una vez retirado, cuando ha podido hablar. Así pues, el guardia presentó la demanda el 14 de septiembre de 2020. La ley de víctimas de terrorismo, citada anteriormente, expone que "las personas fallecidas o que han sufrido daños físicos y/o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista son consideradas como víctimas del terrorismo", por lo que dos meses después, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de la Audiencia Nacional acreditó a Pena su condición de víctima del terrorismo.

Después de emitirse la sentencia, la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo ordenó indemnizar a Pena con 200.000 euros. Sin embargo, tres años después, el guardia sigue sin tener noticias de dicha indemnización. También el lucense solicitó al Ministerio de Defensa una pensión como víctima de terrorismo. Este le arrojó que dicha solicitud no era de su competencia, por lo que Pena, a través de su letrado, pidió al juzgado que expusiera quiénes tenían que ejecutar la sentencia. El 29 de marzo de 2021 el juzgado dictó que "el órgano competente para la ejecución de la sentencia es la Dirección General de Apoyo a Víctima del Terrorismo, la Dirección General de la Guardia Civil y el Ministerio de Defensa". Sin embargo, sólo la Guardia Civil le ha escuchado. "Sólo encomiendo lo que me pertenece por ley", afirma. 

Para esta pensión, el Ministerio de Defensa explicó a Pena que era necesario poseer un Expediente de Averiguación de Causas de Terrorismo. El lucense expresa que, además de la sentencia firme, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa tienen constancia de este expediente —firmado por la directora general de la Guardia Civil Ministerio del Interior y dirigido a la subsecretaria de Defensa—, como mínimo, desde el 26 de mayo de 2022, "y a fecha de hoy no le han dado curso reglamentario, cuando el máximo para ejecutar la sentencia son de tres meses. Después de tres años, pese a ser los dos magistrados de Justicia no tienen la dignidad de respetar y cumplir la sentencia".

Con esto, Pena explica que el Tribunal Supremo ha admitido la posibilidad de cometer delito de prevaricación por omisión: "Siempre que fuera imperativo para el funcionario o cargo público dictar una resolución (contraria a derecho), y no lo hizo a sabiendas de que esa omisión producía un injusto (resultado materialmente injusto) y sabiendo lo que hacía (conocimiento de actuar contra derecho)". Y es que en el caso del civil, tal como muestran los informes, "los cargos públicos del Ministerio del Interior (ministro Marlaska) y Ministerio de Defensa (ministra Margarita Robles), tenían que cursar reglamentariamente el Expediente de Averiguación de Causas de Terrorismo, y no lo hicieron a sabiendas que esa omisión producía un injusta vulneración de mis derechos", subraya.

Por todo esto, el pasado 28 de noviembre, Pena se manifestó frente al Ministerio del Interior en Madrid. A la manifestación estuvieron convocadas las asociaciones mayoritarias de la Guardia Civil —AUGC, AIGC, ASIGC, JUCIL y UNION GC— y las 26 asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo: "Ninguna de ellas vino a la concentración para apoyarme". Pena expresa que después de acreditar su condición, las asociaciones le contestaron que "no podían ayudarme porque la Dirección General de Apoyo a Victimas de Terrorismo del Ministerio del Interior no me tenia reconocido como tal". "Parece que sólo reconocen como víctima a quienes presentan daños físicos", continúa irritado.

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"En vez de defender nuestros derechos, a las asociaciones les preocupa más no ponerse en contra de quien le financia —el Ministerio del Interior—. Pero lo peor ha sido la actuación de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, que me acogió como socio y después me pasaron una minuta de 2.457,51 euros, cuando estas asociaciones tienen justicia gratuita", espeta. En la manifestación, Pena permaneció sólo: "No acudió nadie, excepto dos amigos a última hora". 

Ahora el lucense se hace dos preguntas: "Dónde está el Poder Judicial cuando el Ministerio del Interior y Defensa no ejecutan sentencia firme de noviembre de 2020 de la Audiencia Nacional y Expediente de Averiguación de Causas del Terrorismo vulnerando la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a esta víctima" y "señor Presidente del gobierno, que defiende los derechos humanos y condena los actos de terrorismo, ¿cómo está ahora cuando tiene en su país al ministro Marlaska y a la ministra Margarita Robles vulnerando mis derechos como victima de terrorismo?".

Pero el actor que forma parte de "quienes, durante demasiados años, fueron los escudos humanos protectores de nuestra democracia, de nuestros derechos fundamentales, de nuestra vida frente a la barbarie de los asesinos etarras" sigue sin obtener respuesta.