Juan Franco, alcalde de La Línea, posa para EL ESPAÑOL en el salón de plenos del Ayuntamiento linense.
Juan Franco, alcalde de La Línea, anuncia que pedirá irse de Andalucía de nuevo si hay consulta catalana
Considera que su petición de consulta no vinculante para que el Gobierno designe la localidad como ciudad autónoma es constitucional, siendo rechazada en 2022 por el Consejo de Ministros, que esgrimió que no lo era y que vulneraría "el derecho a la participación política de los andaluces".
10 enero, 2024 02:45"Nos dijeron que excedía de los límites, pues entiendo que con el referéndum (catalán) y ahora la amnistía es igual", dice Juan Franco, alcalde del municipio gaditano de La Línea de la Concepción. Así lo resume hoy a EL ESPAÑOL en referencia a la respuesta que recibió en 2022 del Consejo de Ministros, y posteriormente, la del Tribunal Supremo, denegando la petición del Ayuntamiento para poder realizar una consulta popular en el municipio para que los vecinos respondieran a una pregunta."¿Cree usted conveniente que el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción eleve al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales una petición para instar la conversión del municipio en comunidad autónoma de acuerdo con el art. 144 a) de la Constitución Española?".
El edil insiste en que en función de lo que decidieran los linenses, votando afirmativa o negativamente, se instaría o no al Gobierno para que fuera la administración central la que dictaminara, si ganase el 'sí', que La Línea se constituyera en Ciudad Autónoma, tal y como lo son Ceuta y Melilla.
Por ello, y ante el giro reciente de los acontecimientos tras las elecciones generales, Juan Franco advierte que están "expectantes" por si además de la amnistía el Gobierno de Pedro Sánchez acabase autorizando una consulta en Cataluña. "Porque los mismos argumentos que se utilizaron para denegarla (a La Línea) son válidos para Cataluña", subrayando además que con la amnistía "ya se está viendo una diferencia de trato". "Nosotros cumplimos con la Constitución y no se nos ocurrió abrir colegios y votar en urnas como hicieron allí para luego quedar impunes".
La historia se remonta a 2019, cuando se convirtió en uno de los alcaldes más votados de España. Entró en política en 2015 tras pedir una excedencia en su puesto de trabajo y accedió a la alcaldía por primera vez y sin mayoría absoluta. Hasta ese año era el jefe del Área de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de La Línea. Es funcionario de oposición, clase A, y antes estudió Historia, Derecho, obtuvo la diplomatura de Gestión Pública y realizó un máster en Gestión Tributaria.
Fue la cercanía de La Línea a Gibraltar y otro referéndum, el del Brexit, los que resaltaron las diferencias económicas entre el Peñón y la localidad gaditana... y le hicieron caer en la idea de la consulta popular. "El referéndum del Brexit fue el jueves, 23 de junio de 2016. Los trabajan en Gibraltar y viven en La Línea cobran los viernes. Al día siguiente del resultado, la libra se había devaluado un 16%".
El primer edil linense, en su despacho de Alcaldía.
Entonces, entendió que si la ciudad se constituyera como Ciudad Autónoma como lo son Ceuta y Melilla, sería una solución para paliar la enorme diferencia económica de la localidad con Gibraltar, si disfrutarse del mismo régimen tributario que tienen Ceuta y Melilla. "No veo otra solución para la situación de La Línea, por su singularidad como ciudad fronteriza, de las más pobres de España frente al poderío económico de Gibraltar. No hay región europea con mayor diferencia económico social".
[La Línea pide ser ciudad autónoma para tener un régimen similar al de Ceuta y Melilla]
También subrayó entonces, como ahora, que su propuesta era "una medida constitucional, amparada por el artículo 144 de la Constitución Española. No como lo de Cataluña, que "es un despropósito y un error". ¿'Indepe'? No. Siempre ha subrayado que se siente "español y andaluz", por lo que ahora constata "una diferencia de trato", además de que "se está vulnerando el principio de solidaridad".
Tras el rechazo del Supremo, no hay más vías que el Tribunal Constitucional, es decir, "que hemos tocado techo", porque "no tendría recorrido" acudir al recurso ante el TC. Sin embargo, y en función de lo que ocurra en virtud de los pactos del PSOE con ERC y Junts, "lo mismo tengo que llevar a pleno otra vez la cuestión", asevera en conversación con EL ESPAÑOL.
Juan Franco, a las puertas del edificio consistorial de La Línea de la Concepción.
Lo hizo ya en marzo de 2022, cuando la mayoría absoluta lograda en las urnas en 2019 propició que la medida no tuviera que recurrir a recabar 7.000 firmas necesarias para activar la propuesta. El Gobierno municipal invocó el artículo 71 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Este artículo recoge que "los alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la nación, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda local".
El Consejo de Ministros argumentó, en primer lugar, que el artículo 149 de la Constitución Española establece como competencia exclusiva del Estado la "autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum", algo que se vulneró en Cataluña y sabían en La Línea, de acuerdo incluso a los términos formulados en la pregunta que querían elevar a la consulta popular en el municipio.
El documento de respuesta, a la que ha tenido acceso este periódico, recordó además que esta norma solo permite hacer consultas populares exclusivamente relativas a asuntos municipales y locales. Y al mismo tiempo, siempre que sean "de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda local".
"El asunto que se proyecta someter a consulta popular supera claramente el carácter local y trasciende del puro interés vecinal al centrarse sobre una cuestión de interés nacional de trascendencia constitucional", agregó Moncloa.
"Inconstitucional"
De hecho, el Gobierno consideró hace un año y cuatro meses que la consulta además sería inconstitucional porque el cuerpo electoral considerado "no es el establecido en el bloque de la constitucionalidad, ni la tramitación propuesta la procedente de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Andalucía", por lo que la consulta "vulneraría el derecho a la participación política de los andaluces en la que se presenta como una propuesta de consulta municipal".
Al Ayuntamiento de la Línea llegó la respuesta en octubre de 2022, algo que afearía luego el Tribunal Supremo, criticando la "pasividad injustificada" por la tardanza del Gobierno de la nación en responder. Porque el Consistorio dio traslado en primer lugar a la Junta de Andalucía, que el 12 de abril envió la solicitud y el expediente por correo electrónico al Ministerio de Administración Territorial. "Ante la falta de respuesta", y "habiendo pasado más de tres meses", La Línea pidió certificación para interpretar este silencio como positivo. De ahí que acabaran llevándolo posteriormente al Tribunal Supremo, al entender que el acuerdo posterior del Consejo de Ministros vulneró el ordenamiento jurídico.
El Supremo censuró en este punto que desde el Gobierno "no se hizo nada al respecto y solamente tras recibirse en el Registro del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y de Memoria Democrática la petición por el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción del certificado de silencio administrativo positivo (...) se pone en movimiento la Administración General del Estado".
No obstante, el Alto Tribunal confirmó, a través de su sala Tercera, los parámetros advertidos aquel entonces por el Consejo de Ministros. Consideró que la consulta popular "excede absolutamente de los intereses meramente locales" por afectar "a la organización territorial del Estado", y alterar "la composición territorial de la comunidad autónoma, en este caso la de Andalucía y, por tanto, a su Estatuto de Autonomía, y es ajeno a la competencia municipal".
La postura esgrimida por el Gobierno con La Línea choca de plano con la sostenida en referencia a Cataluña. El 30 de septiembre de 2023 el todavía diputado y posteriormente ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó como "inviable" un referéndum en Cataluña, pero sí "una consulta". "Si se pretende una consulta para valorar un marco de consulta, eso cabe en la Constitución", una vez la aprobase el Consejo de Ministros y las Cortes Generales. Como lo que pedía el Ayuntamiento de La Línea... y que barajan volver a solicitar si a Cataluña, finalmente, se le concede.
