Loreto, la desahuciada con discapacidad que implora a Sánchez su indulto: "Me tienen muerta en vida"

Faltan cuatro días. Cuatro días para que el Juzgado de lo Penal número 4 de Almería le quite a Loreto Fernández su casa. "Me tienen muerta en vida", expresa la almeriense de 68 años a este diario. Acongojada, confiesa que, en más de una ocasión, ha intentado suicidarse. Y es que desde que la Junta de Andalucía la denunció en 2007, Fernández vive en constante pesadilla. Una batalla de 17 años que concluirá, el próximo 31 de enero, en el desahucio de Fernández. 

En el Camino de Espinaza de Pechina, una pequeña localidad almeriense, existen decenas de inmuebles en situación ilegal, dado que se hallan construidos en suelo calificado como 'no urbanizable-común'. En el número 126 se encuentra la de Fernández, una sencilla casita de 100 metros cuadrados de terreno nada ostentosa. En ella invirtió todos sus ahorros, unos 90.000 euros.  Fue el mismo ayuntamiento, el que posteriormente denunció la situación irregular del inmueble de Fernández a la Junta de Andalucía, quien empujó a la abderitana a construirla. "El entonces alcalde, ya fallecido, me aseguró que nadie me tiraría la casa abajo. Y durante las obras, tampoco nadie me espetó nada", expresa. "Todo se torció a raíz de una disputa que tuvo el alcalde con mi exmarido. Y cargó contra mí", prosigue angustiada. 

Fernández llevaba, junto a su exmarido, una carnicería en la localidad almeriense de Adra, su ciudad natal, y una fábrica de embutidos en la pedanía granadina de La Rábita, en Albuñol. La mujer cuenta que la mala administración de su exmarido "mandó al garete los dos negocios". Después llegó el divorcio. El matrimonio vivía de alquiler, de ahí que tomara la decisión de construirse su propia casa, por lo que Fernández no dispone de alternativa habitacional si demuelen su vivienda actual. 

María Loreto Fernández con la orden judicial. Cedida

Tras la inminente separación, su exmarido se negó a pagarle a la almeriense una pensión. Fernández revela que tiene 35 años cotizados y asegura que ha trabajado en multitud de empleos. Cuenta que los últimos 15 años los ha dedicado limpiando cuartos de baño en la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca de Almería. "Ahora me encuentro completamente desamparada", lamenta. Y es que 873 euros mensuales, que es la pensión que cobra de la Seguridad Social, no son suficientes para subsistir. "Menos cuando te echan a la calle como a un perro", arroja. 

La almeriense expresa que los pisos en Almería "están que no se pueden tocar". "Alquilar una casa medio decente para poder medio vivir no baja de los 800 euros. Si pago un alquiler no puedo comer, no puedo vivir. Es mejor que me muera esta noche mismo y que sea lo que Dios quiera”, expresa, exhausta, Fernández. 

Además, la almeriense padece una discapacidad física y psíquica diagnosticada del 38 por ciento. Actualmente, se encuentra en tratamiento psiquiátrico en Salud Mental "por intento de autolisis relacionados con sus problemas de vivienda", tal como se puede observar en los informes consultados por este periódico de los Servicios Sociales Comunitarios del Bajo-Andarax del pasado 21 de diciembre. Asimismo, estos exponen que "la usuaria se encuentra en riesgo de exclusión social y en situación de vulnerabilidad". 

Indulto denegado

Aun con todo esto, antes de cuatro días Fernández se verá obligada a entregar las llaves de su domicilio, viéndose en la calle. En 2021, su abogado, Alfredo Najas de la Cruz, presentó un indulto ante la juez Marta Inés Sierra, pero este fue denegado. "En España sólo se indulta a los políticos", arroja el letrado, quien se encuentra con la mujer en el transcurso de la conversación con este diario. "El Gobierno de la Nación es más proclive a otorgar indultos a políticos condenados por sedición y malversación de caudales públicos que a conceder dicha gracia a mi cliente, a la que se la denegaron", declara. "La última decisión del Juzgado de no suspender la orden de ejecución de derribo, puede resultar legal, que lo es, pero no justa", prosigue.

El abogado señala que en Almería existen cientos de construcciones susceptibles de demolición, pero "parece ser que es más apremiante tirar abajo la casa de una anciana, que padece una gran discapacidad, que vive sola y que se encuentra en riesgo de exclusión social y en situación de vulnerabilidad, que la mole ilegal que lleva 17 años varada en la playa de El Algarrobico", concluye el letrado refiriéndose al hotel construido por la promotora Azata del Sol. Y es que el complejo hotelero es toda una maraña judicial al asentarse sobre suelo no urbanizable de especial protección del parque natural de Cabo de Gata-Níjar. 

Pero la zona en la que se asienta el inmobiliario de Fernández es muy distinta: "Mi vivienda no se encuentra en suelo inundable ni en suelo en especial situación y protección. Ha sido una finca de pasto. No había olivos ni he tocado huertos". La sexagenaria no encuentra explicación a lo que le está ocurriendo. "No hay derecho que a una persona que lleva trabajando toda su vida y con 68 años, le quieran tirar la única vivienda que tiene para vivir. ¿Qué va a pasar conmigo?", expresa la almeriense dirigiéndose al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. 

María Loreto Fernández en la entrada de su casa.

Fernández implora su indulto. A la juez, al gobierno y al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. En 2019, en Andalucía existían más de 300.000 edificaciones no autorizadas, según las estimaciones de la Consejería de Fomento en aquel momento. Y más de 1.500 han sido regularizadas en los últimos años. Aquel año, la Junta aseguró que se agilizarían los trámites para que estas situaciones pudieran resolverse entre 12 y 18 meses. Pero Fernández lleva años peleando.

Najas de la Cruz expresa que, llegados a este punto, no pretenden eludir el cumplimiento de una resolución judicial penal, "sino que se produzca una suspensión de forma urgente de la misma hasta que su situación personal mejore". "Nos encontramos ante una situación de extrema gravedad y riesgo para la ejecutada, en el caso de acordarse la demolición de la vivienda de esta", suplicó el letrado al Juzgado de Almería el pasado 15 de enero. 

"Yo sólo le pido a la juez Marta Inés Sierra que no tengo problema alguno en hacer entrega de mis llaves, siempre y cuando puedan darme una vivienda. No quiero verme en la calle", concluye Fernández.