Cada vez menos Junts: en el partido de Puigdemont vuelan los cuchillos y no se salva ni el líder supremo

El sector más pragmático dentro de Junts, que no tiene problemas en pronunciarse cuando la situación lo requiere, calló ante la decisión marcada desde Waterloo. De nuevo, otra guerra consabida: la de las diferentes almas de la formación nacida de la antigua Convergència. EL ESPAÑOL ha contactado a diferentes representantes de esa corriente más favorable al pacto, algunos con asuntos pendientes ante la justicia y que se verían beneficiados por la ley de amnistía, aunque la mayoría prefiere mantener el silencio o remitirse a las declaraciones oficiales de los portavoces del partido. Sin embargo, el malestar existe y cada vez resulta más complicado ocultarlo.

“Si hemos pactado la investidura con el Gobierno, hemos pactado. Y lo que no podemos es estar cada 15 días montando un vodevil. Yo creo que debíamos haber avanzado en lo que nos parecía bien en diciembre y hasta hace tres días para no montar una comedia cada dos semanas”, señalan fuentes de Junts. Según esta versión, hay “una gran cantidad de gente sorprendida y decepcionada por no haber aprobado la ley de amnistía” tanto en Cataluña como dentro del partido de Carles Puigdemont. 

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Quienes han estado al tanto de las negociaciones señalan a Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, como responsable directo de la ruptura. El voto negativo de Junts retrasará la tramitación de la ley, que se volverá a debatir durante un plazo máximo de un mes antes de presentarla de nuevo en el Pleno del Congreso. Boye insistió para introducir nuevas enmiendas que incluyeran en la amnistía los delitos de terrorismo y alta traición, por los que se investiga al expresident. Es decir, que el objetivo era salvar por todos los medios al soldado Puigdemont. 

“Lo que ocurre es que el debate ha llegado a un punto en el que si muestras alguna discrepancia interna parece que estás en contra de que vuelva Puigdemont. Y por eso nadie se atreve a decir nada. Evidentemente que todos en el partido estamos a favor de que Puigdemont pueda regresar a Cataluña, pero esto no significa que estemos de acuerdo con la forma en que se están haciendo las cosas”, insisten desde este sector crítico.

La postura oficial es que aún hay tiempo para negociar, pero que la ley que salga del Parlamento debe ser “blindada, integral y de aplicación inmediata”, según las palabras del secretario general de Junts, Jordi Turull. Efectivamente, ningún alto cargo se ha desmarcado en público de este alegato, aunque existen señales que marcan las vías de agua. 

Carles Puigdemont, Míriam Nogueras y Jordi Turull tras reunirse en Bruselas el pasado noviembre Efe

Bajas en el partido

Un día después de la votación en el Congreso, Miquel Sàmper, exconseller de Interior de la Generalitat, envió una carta a la dirección del partido para comunicar su baja debido a sus discrepancias ante las últimas decisiones. Contactado por este medio, Sàmper rechaza hacer declaraciones y se limita a expresar “un respeto absoluto por las bases y los dirigentes de una formación” que le permitieron “ejercer como político” en Cataluña. 

Su baja se une a la de la diputada Cristina Casol, expulsada por la ejecutiva del partido estama semana, después de que ésta denunciara “acoso por razón de género” en el seno de la formación. Casol es próxima a la presidenta de Junts, Laura Borràs, que a su vez discrepa de la postura oficial marcada por Turull. 

Cristina Casol en el Parlamento catalán

También la diputada Aurora Madaula denunció haber sufrido acoso machista dentro del grupo parlamentario y su caso está pendiente de resolver. "Tenemos un problema si quien debe hacer las leyes no las conoce ni las aplica en sus entornos", escribió en X -antes Twitter- Madaula para respaldar a Casol. Mientras Puigdemont marca el paso de Junts desde Bruselas, corren las aguas muy revueltas en Barcelona.

Estas dos denuncias por acoso parecen responder a otras motivaciones. Si bien, en el caso de Sàmper las razones están directamente relacionadas con la estrategia política del partido. Pese a su negativa a ofrecer explicaciones sobre su marcha, no es ningún secreto que él se enmarca dentro de ese sector crítico que apostaba por aprobar ya la ley de amnistía tal y como estaba pactada. 

Abogado de profesión, Sàmper fue candidato por CiU a la alcaldía de Tarrasa (Barcelona) -su localidad natal- en 2015. Cuatro años más tarde repitió en las listas, entonces bajo la marca de Junts per Terrassa. Y en 2020 el presidente Quim Torra lo nombró conseller de Interior en sustitución de Miquel Buch, condenado después a cuatro años y medio de cárcel y 20 años de inhabilitación por malversación de fondos públicos y prevaricación. Buch es otro de los políticos que esperan con más apremio la aprobación de la ley de amnistía. 

Miquel Samper en el Parlamento catalán durante su etapa como conseller de Interior Europa Press

La experiencia de Sàmper como conseller fue breve: apenas duró unos meses, ya que en mayo de 2021 Père Aragonès (ERC) tomó posesión del cargo como presidente de la Generalitat y un año más tarde impuso un gobierno monocolor de Esquerra. La baja de Sàmper, por tanto, se interpreta dentro de Junts como una pérdida menor. Aunque la decisión, realmente, está cargada de simbolismo. 

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El exconseller Lluís Puig Europa Press

Al cesar como conseller, Sàmper volvió a la abogacía. Y uno de los clientes que lo contrataron fue Lluís Puig, exconseller de Cultura, acusado por desobediencia y malversación por el referéndum del 1-0 de 2017 y fugado a Bruselas desde entonces. Puig viajó a la capital belga junto a Puigdemont y hasta hace un año su caso lo llevaba también Gonzalo Boye, el abogado del expresident.

El relevo de Boye por Sàmper y la marcha de este último de Junts por diferir en la estrategia acerca de la amnistía cuando su cliente está a la espera de la ley revelan el hartazgo de algunos de quienes fueron estrechos colaboradores de Puigdemont. Lluís Puig tampoco se presta a hacer declaraciones, pero su regreso a España también tendrá que retrasarse debido a la línea marcada por la dirección del partido por el que fue designado conseller. 

Otros amnistiados

Hay diferentes cálculos sobre el número de personas que podrían verse protegidas por la ley de amnistía, aunque quizás el informe más completo lo ha realizado Òmnium Cultural. La organización que se puso al frente de las movilizaciones durante el referéndum ilegal del 1-0 estima que son cerca de 1.500 los posibles beneficiarios de la ley. En esa lista hay una importante amalgama de personalidades que va desde la plana mayor de los políticos del procés, a decenas de miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) -12 de ellos serán juzgados por presuntos delitos de terrorismo- o directores de los medios de comunicación públicos acusados de hacer propaganda del referéndum ilegal.

Cuando Puigdemont y el resto de dirigentes que huyeron de España se marcharon para librarse de las penas impuestas por la justicia ya se abrió un debate acerca de la situación de las bases -o los políticos que fueron juzgados- y quienes estaban fuera gracias a la financiación de la Casa de la República. Los indultos del Gobierno, algunas sentencias absolutorias y el paso de los años fueron cerrando esa brecha. Pero ahora que la amnistía se veía a la vuelta de la esquina, esa cuestión se ha vuelto a abrir. 

Este viernes, el viceconseller de Estrategia y Comunicación de la Generalitat, Sergi Sabrià, de ERC, habló de cerca de “1.200 personas, 1.200 familias que estaban absolutamente destrozadas porque sus juicios empiezan ya, en febrero”. En una entrevista en TVE, el responsable de comunicación del gobierno catalán insistió en que no haber aprobado esta semana la ley fue “un error” y lo hizo apelando a la parte más sensible para el electorado: las bases. 

Entre esas personas que esperan la amnistía están varios cargos de Esquerra, como la actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga; el presidente de ERC en el Parlamento catalán, Josep Maria Jové; la consellera de Acción Exterior, Meritxel Serret; o el ex exsecretario de Hacienda y ahora presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó. Además, esta semana se ha hecho público que el diputado de ERC Rubén Wagensberg se ha instalado en Suiza, después de que su nombre apareciera como uno de los presuntos cabecillas del movimiento Tsunami Democràtic en las diligencias del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, quien aprecia en este caso indicios de terrorismo. 

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Diferencias con ERC

La vicesecretaria de derechos, libertades y lucha antirrepresiva de ERC, Marta Vilaret, insiste al teléfono en que lo ocurrido esta semana ha sido una “oportunidad perdida” y una “pérdida de tiempo innecesaria”. Vilaret ha sido una de las negociadoras de la ley de amnistía, por lo que se conoce al detalle el actual texto. “Nosotros hemos dicho desde el principio que no hay ley perfecta o que lo blinde todo, y no hemos querido entrar en esta dinámica de jugar al gato y al ratón con ningún juez. Nos esforzamos por incluir todos los hechos que se han producido los últimos años en Cataluña y pensamos que el martes la ley cumplía todos los elementos necesarios para ser aprobada”, defiende. 

Las dudas de Junts estaban en los delitos de terrorismo y alta traición. “En cuanto al terrorismo, la ley incluye los delitos que no hayan producido vulneraciones graves del artículo 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y a partir de aquí, nosotros tenemos clarísimo que no se ha producido ningún acto terrorista, ningún atentado ni ninguna acción que se pueda calificar como terrorista en Cataluña”, sostiene la responsable de ERC. Algo en lo que coincide el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien afirmó este jueves que todos los implicados en el procés estarán protegidos por la ley porque “los independentistas catalanes no son terroristas”.

Carles Puigdemont y Pedro Sánchez de fondo el pasado diciembre en el Parlamento Europeo Efe

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En lo referente a la alta traición, Vilaret considera que “tampoco ha habido ninguna invasión de una potencia extranjera ni ningún delito que se detalle bajo esta categoría en el Código Penal” y piensa que es “completamente surrealista que esto sea aplicable a ninguno de los líderes en Cataluña durante los últimos años”.

La dirigente de ERC evita el choque con Junts, aunque opina que “el fallo ha sido buscar titulares absolutos al hablar de una ley blindada. Las leyes son interpretables y el Ejecutivo no puede controlar su aplicación, por lo que no es un problema del articulado. Sabemos que cuando se apruebe no entrará en vigor y ya está, sino que habrá que batallar en cada uno de los tribunales y en cada una de las causas concretas”.

Para eso tendrán que volver a ponerse de acuerdo con Junts; y Junts tendrá que volver a ponerse de acuerdo consigo misma. Tienen un mes de plazo para hacerlo. Un pacto haría mucho más fácil que Gobierno e independentistas vuelvan a entenderse. Pero un nuevo desencuentro amenaza con llevarse todo por delante, incluida la legislatura.