Ecologistas, sindicatos y 'kellys' contra el turismo: "Violencia no son pistolas de agua, es no poder vivir"

Canarias, Málaga, Cádiz, Barcelona, Palma… Ha transcurrido poco más de un mes de verano y el movimiento contra el turismo en España ha cogido vuelo con múltiples movilizaciones en los 'puntos calientes' de llegada de visitantes. Junto a pintadas de "Tourists go home", escraches con pistolas de agua y carteles en las playas para importunar a los turistas, miles de personas han salido a las calles exigiendo poner límites a una actividad que es el motor económico de sus ciudades e islas, pero también, según dicen, les impide vivir.

Todo comenzó en Canarias el pasado 20 de abril cuando, bajo el lema de "Canarias tiene un límite", 57.000 personas (100.000 según los organizadores) tomaron las calles de las siete islas para poner fin a la "depredación turística". Le siguieron Málaga (15.000 personas) y Cádiz (2.000 personas) el 29 de junio; Barcelona el 6 de julio con 2.800 personas; y Baleares, el 21 de julio, donde unas 20.000 personas se adhirieron al manifiesto "Menys turisme, més vida" ("Menos turismo, más vida").

Todas estas marchas tienen en común dos objetivos principales: que se frene por completo la llegada de nuevos turistas y que las administraciones apuesten con medidas ambiciosas por un cambio de modelo económico que sustituya al turismo como principal actividad en estas zonas.

Consideran que sus efectos son devastadores y que se ha llegado al tope, con una sobrecarga de población que tiene consecuencias sociales, laborales y ambientales. Y que, además, impide el acceso a la vivienda, a los servicios y al ocio por culpa de unos precios que se han disparado.

En común, este movimiento también tiene su base social: comenzó a cocerse hace años y a diferente escala a través de organizaciones vecinales, pero ahora ha cristalizado hacia otros movimientos sociales, como los activistas climáticos, las feministas e incluso algunos colectivos de trabajadores del sector como las 'kellys', que aglutinan en diferentes ciudades a las limpiadoras de hoteles y apartamentos.

Pistolas de agua

Sus demandas, sin embargo, se han visto empañadas por acciones que las patronales turísticas y algunos políticos no han dudado en definir como turismofobia. En Barcelona, por ejemplo, en la manifestación del pasado día 6, las imágenes de dos mujeres rociando con pistolas de agua a algunos turistas que comían en una terraza dieron la vuelta al mundo. Para el movimiento no son acciones representativas, pero se niegan a condenarlas.

"Son acciones que hicieron personas anónimas a título individual y que no representan a nuestra plataforma", dice Daniel Pardo, portavoz de la Asamblea de Barrios por el Decrecimiento Turístico (ABDC), que ha encabezado las protestas. "Unas pistolas de agua no son violencia, pero la turistificación y sus efectos, como que la gente sea expulsada de sus casas o explotada hasta extremos durísimos sí que lo es", añade.

Una manifestante en la marcha de Palma el pasado 21 de julio. EFE

Pardo lamenta que el debate se centre en esa acción en concreto y no en el contenido de fondo del movimiento, y dice que si eso da una mala imagen de la ciudad que ahuyente la llegada de turistas, no es su problema. "No es nuestro problema. Lo que sí que sabemos es que la población sufre de esa imagen de la ciudad de 'hub' turístico que se ha querido vender", asegura. "Esa anécdota ha conseguido, por contra, que se hable de nuestras demandas", sentencia.

La ola actual contra el turismo comenzó a formarse en la Ciudad Condal hacia 2019. "Fue un momento de récords turísticos y la gente comenzó a organizarse a nivel vecinal", explica Pardo. Luego vino la pandemia, donde se paró todo, "y los vecinos pudieron volver a disfrutar de zonas de las que habían sido expulsados", prosigue Pardo.

Pero con la recuperación de la normalidad, el activista denuncia que la crisis socioeconómica "brutal" posterior a la pandemia trató de revertirse con una especie de rescate al sector por parte de las administraciones. "En 2019 se llegó al techo de un proceso progresivo que se había gestado desde los Juego Olímpicos de 1992; pero ahora, en tres años tras la pandemia, se ha producido un proceso de turistificación muy rápido y violento. En lugar de repensar el modelo, salieron como bestias feroces a por todo", se queja Pardo.

Después de la manifestación de Canarias, desde la ABDC comenzaron a organizarse para replicar las movilizaciones en Barcelona. Consiguieron aglutinar hasta 180 colectivos de la ciudad. Sus fines, recogidos en el manifiesto que se leyó en la marcha, son, entre otros, "dejar de hacer promoción turística", "parar las subvenciones y exenciones fiscales al sector", "acabar con los alojamientos turísticos y nuevos hoteles", "crear más parque de vivienda" o "frenar la ampliación del aeropuerto y el puerto de cruceros".

"El turismo atraviesa todos los ámbitos de la vida en la ciudad y de nada sirven medidas aisladas, tienen que estar conectadas y producirse en todas las áreas", afirma Pardo.

La provincia de Barcelona, con 5,5 millones de habitantes, recibió 26 millones de turistas en 2023 que generaron un impacto económico directo de 12.700 millones de euros, según el Observatorio del Turismo de Barcelona. Preguntado por qué pasaría con la ciudad de verse afectado el sector, Pardo insiste en la necesidad de un cambio de modelo: "Los políticos tienen que comprometerse a diversificar la economía, con un plan de reinserción y de formación a los trabajadores del sector, que en muchos casos son aliados nuestros", dice el activista.

Por otro lado, Pardo asegura que la ABDC no tiene previstas más movilizaciones masivas como la del pasado día 6 próximamente, pero dice que su objetivo más inmediato es concentrarse en toda una serie de protestas y actos en contra de la celebración de la Copa América de Vela, la cual acogerá la Ciudad Condal en octubre de este año.

Sin "afiliación política"

Donde el movimiento contra el turismo también se ha consolidado es en Baleares. En Palma es donde tuvo lugar la última gran manifestación masiva, el pasado día 21. Allí, más que en otros territorios, la dependencia del turismo es absoluta. El movimiento se fue gestando, al igual que en otros puntos de España, en los últimos años a través de plataformas como 'Terra Ferida' (Tierra Herida). Pero fue el año pasado, con la cumbre de ministros de Turismo europeos que se celebró en Palma en octubre, cuando adquirió mayor envergadura.

Ahí nació una nueva plataforma llamada 'Contracimera' (Contracumbre), cuyos derivados terminaron por organizar la manifestación del pasado 21 de julio. "Comenzamos a hacer charlas y a informar a la gente, hasta que constituimos una asamblea en mayo de este año, donde decidimos sumarnos a la ola de protestas, viendo el ejemplo de otras ciudades", cuenta Marta, portavoz de la plataforma 'Canviem el rumb' ('Cambiemos el rumbo'), en conversación con este periódico.

En la marcha se pudieron ver ecologistas, feministas, colectivos propalestinos, ateneos populares, 'kellys' que demandan condiciones de trabajo dignas, como parte de una cuarentena de entidades, muchas vinculadas a la izquierda. "No tenemos ninguna afiliación política y los políticos que participaron en la marcha lo hicieron a título personal", responde Marta, preguntada por la presencia de algunos cargos y expolíticos de partidos de izquierdas en la manifestación.

"El turismo en Baleares no para de crecer: este año ya tenemos un 5% de visitantes más respecto al año pasado y un 15% del 2023 al 2022. Las islas se abarrotan de coches, las enfermeras y profesores tienen que viajar en avión desde ciudades de la península para venir a trabajar aquí porque no pueden costearse la vivienda ni la vida", se queja Marta, exponiendo las razones que han llevado a la gente a movilizarse.

La activista insiste en que Baleares "es esclava de un modelo turístico concebido en el tardofranquismo" y que, con el tiempo, ha terminado por relegar a su población a "no poder vivir de nada más que el turismo". Por ello, desde su plataforma, exigen también un cambio de modelo económico, además de frenar la llegada de turistas.

Preguntada también por algunas acciones que se han visto en Baleares, como la presencia de activistas con lonas en las playas que impedían el baño a los turistas y les pedían que se fuesen, Marta dice: "Al lado de una pancarta de 'Tourists go home', lo que es violencia es que quienes vivimos en las islas no podamos emanciparnos hasta los 35 años y que el alquiler nos cueste lo que cuesta un piso en el centro de Madrid, sin haber aquí la actividad económica de una capital".

"Inaceptable"

Quien está diametralmente en oposición a estas posturas es Marian Muro, exdirectora General de Turismo de Barcelona y ahora presidenta de Apartur, la patronal de alojamientos turísticos de la ciudad. "Se trata de un movimiento testimonial", dice al respecto de la marcha que hubo en la Ciudad Condal.

"En la manifestación hubo alrededor de 2.000 personas, algunas de las cuales tuvieron comportamientos inaceptables hacia los turistas. Entendemos que haya algunas demandas lícitas y que los vecinos estén cansados, pero lo que no puede ser de ninguna manera es que se vaya a por el turista, como también pasó en Baleares en las playas, porque la culpa no es de ellos, sino de las administraciones", dice Muro en conversación con este periódico.

La presidenta de la patronal barcelonesa resta importancia al impacto que puedan tener estas acciones, aunque advierte que, "si se producen de forma reiterada, podrían ser un problema". Para ella, el foco principal está en las responsabilidades de los diferentes gobiernos. "Les va muy bien atacar al sector turístico porque en España hay un déficit de vivienda y ellos no han hecho los deberes al respecto", lamenta Muro.

Manifestantes contra los cruceros en Palma. EFE

El sector turístico barcelonés recibió un duro golpe el pasado 21 de junio, cuando el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunció que, para 2029, los cerca de 10.000 apartamentos turísticos que hay en la ciudad desaparecerían.

"Una cosa es el 'overtourism', que es la masificación de algunas zonas, pero para lo que hay medidas concretas y ordenanzas como reforzar el transporte o distensionar zonas de mucha concentración. Pero atacar a un sector económico legal y eliminar su actividad no tiene una repercusión en esto: las viviendas turísticas apenas representan el 0,77% de la oferta de vivienda de la ciudad. No aceptamos que se ponga todo en el mismo saco", dice Muro.

La presidenta de la patronal también advierte de que acabar con los apartamentos turísticos en Barcelona supondrá eliminar de golpe el 40% de la oferta de alojamiento en la ciudad, lo cual no sólo afectará al turismo, sino a grandes eventos. "¿Qué pasará con el Mobile World Congress, otros congresos, festivales de música, etc?", se pregunta. "¿Adónde irán las familias? Tres de cada cuatro reservas de apartamentos turísticos son familias, porque no pueden permitirse reservar varias habitaciones en hoteles", prosigue.

Para ella, las respuestas no están en atacar una actividad legal con 5.000 trabajadores directos y un impacto económico de 400 millones de euros en la ciudad (1.200 si es de forma indirecta), y que ya está sometida a una moratoria desde 2012, por la cual no se pueden ampliar las licencias de pisos turísticos. "Tiene que haber medidas que incentiven el uso de las 11.000 viviendas vacías que hay en Barcelona, no destruir un sector, ni mucho menos ir contra el turista", concluye Muro.