Un subinspector de la Unidad de Intervención Policías (UIP) agredido durante una concentración.
"Pegar a un policía sale gratis": se disparan las agresiones a los agentes de la autoridad un 28%, con dos ataques a la hora
El pasado 2024 cerró con 16.878 atentados a policías y guardias civiles, donde Madrid y Barcelona lideran las regiones donde más ocurren estos altercados.
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Las agresiones a policías nacionales y guardias civiles se han incrementado de forma notable desde el año 2019. Así lo muestran los datos proporcionados por el Gobierno a una pregunta parlamentaria planteada por el Partido Popular.
En concreto, durante el pasado 2024 se registraron 16.878 agresiones a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que supone un 0,26% más que el año anterior (16.833). De esta forma, la media mensual refleja unos 1.406 delitos de atentado contra la autoridad, o lo que es lo mismo, 46 agresiones diarias o una media de dos a la hora.
"El principio de autoridad, el principal elemento vertebrador de cualquier cuerpo de seguridad, se ha deteriorado hasta niveles nunca antes conocidos. Se cuestiona la legitimidad de la intervención policial y la aplicación de las normas sancionadoras, ya sean administrativas o penales", indicaba en el Parlamento Europeo el secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP).
Europa Press
Hace dos años, en 2022, las agresiones se situaron en 16.651, un 1,09% menos que en 2023 pero un 8,14% más que en 2021 (15.397). Siguiendo en esta línea, el 2020 apunta 13.671 atentados hacia agentes de la autoridad, un 12,62% menos que en su año posterior. La cifra más baja la reseña 2019, con 13.127 ataques, con una media de 1.093 agresiones al mes.
En resumidas cuentas, durante estos seis años de evolución, los delitos de atentado contra la autoridad hacia policías y guardias civiles han aumentado en 3.751, un incremento del 28,46% con respecto al primer año de la serie.
Madrid y Barcelona, a la cabeza
Del total de delitos de este tipo registrados durante el año 2024, la mayor parte de ellos se han producido en seis provincias españolas. De mayor a menor, son la Comunidad de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla y Murcia, según el CEP.
La región capitalina aglutina el 18,2% del total de agresiones a agentes de la autoridad, mientras en Barcelona suceden un 11,1%. En el tercer puesto se sitúa Valencia, con un 6,7% del total, ligeramente por delante de Alicante (5,3%), Sevilla (3,9%) y Murcia cierra el listado con el 3,4%.
El delito de atentado contra la autoridad se contempla en el artículo 550 del Código Penal. Este precepto legal se constituye como la "agresión o la grave oposición de resistencia (con intimidación grave o violencia) a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos durante el ejercicio de sus funciones".
A este delito también están ligados otros como el de desobediencia o resistencia a la autoridad, con unas condenas inferiores. Las penas contempladas para el delito de atentado contra la autoridad oscilan entre uno y cuatro años de prisión.
El sindicato CEP demanda el incremento de las penas por este delito y destaca que si las condenas no alcanzan los dos años de cárcel suponen la nula repercusión "para su libertad, porque se suele suspender su cumplimiento". "Se ha venido perpetuando una sensación de impunidad, ya que es casi imposible acabar en prisión por este delito y lo que ocurre con mayor frecuencia es que el autor se va a su casa con una simple multa. Sale casi gratis, en definitiva, pegar a un policía o guardia civil", agrega el CEP.
El "coste irrisorio" de pegar a un policía
Con el objetivo de paliar estos ataques a "quienes protegen a los demás", el sindicato CEP reclama a la cartera dirigida por Fernando Grande-Marlaska que "haga mucho más esfuerzo en el refuerzo de medios físicos", como es el uso de las pistolas eléctricas o táser, chalecos antibalas, cámaras unipersonales de grabación y defensas extensibles.
A ojos de la Confederación Española de Policía, "el nivel de violencia que se encuentran los policías en las calles es cada vez mayor, mientras que el ministro del Interior no atiende a estas reivindicaciones". "Pegar a un policía tiene un coste irrisorio y eso ha provocado un incremento de ataques a los profesionales de la seguridad pública", cierra el CEP.
