Un profesor, dando clase.
El Consejo Escolar quiere debatir que se amplíe la ESO hasta los 18 años: las 41 propuestas de su informe
- También solicita garantizar un gasto educativo del 5,5 % del PIB para 2025 o reducir las ratios en las aulas en todas las etapas.
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El Consejo Escolar del Estado aconseja abrir un debate sobre la necesidad de extender o no la educación obligatoria más allá de la ESO, hasta los 18 años, edad en la que los estudiantes finalizan el Bachillerato y pueden acceder a la universidad.
De esta forma, se refleja en el informe 2024 sobre el estado del sistema educativo aprobado por unanimidad en el pleno del Consejo Escolar del Estado, donde está representado no solo el Ministerio de Educación, las patronales y los sindicatos del sector público y privado, sino también expertos de reconocido prestigio.
El documento al que ha tenido acceso EFE y que recoge 41 propuestas de mejora ha incluido una decena de enmiendas y aconseja también la creación de los consejos escolares de Ceuta y Melilla, intensificar medidas para prevenir el ciberacoso o promover acciones que eliminen el sexismo en los libros de texto.
En el capítulo de igualdad de oportunidades, equidad e inclusividad, el Consejo Escolar del Estado pide a las administraciones incluir la perspectiva de género en la labor tutorial y docente y aplicar medidas para mejorar las condiciones que permitan la igualdad efectiva entre los trabajadores y trabajadoras de los centros educativos en sus retribuciones finales.
Además, solicita reducir la ratio de estudiantes por aula en todos los niveles educativos y propone un nivel máximo de 23 horas semanales para Infantil, Primaria y Educación Especial, y 18 horas para la ESO.
Más reivindicaciones
La otra reivindicación sindical y de las patronales del sector educativo para que todo el profesorado esté equiparado administrativa y económicamente en el nivel A1 no se ha recogido en las propuestas, aunque sí se aboga por la promulgación del Estatuto de la Función Pública Docente.
El documento, que ha sido trabajado por el sector durante nueve meses y ha sido discutido en 6 reuniones de la Comisión permanente, también pide continuar mejorando la becas -en su cuantía y en sus requisitos-, reflexionar sobre la conveniencia de debatir la extensión de la obligatoriedad de la educación hasta los 18 años, o reducir el número máximo de alumnos y alumnas en Educación Infantil de 3 años.
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Sobre los centros educativos, el pleno del Consejo Escolar ha votado a favor de una enmienda de la Asociación de padres y madres de la escuela pública (CEAPA) para que exista un mecanismo de revisión anual que ajuste los conciertos a las necesidades reales de escolarización en cada comunidad autónoma.
"Priorizando la inversión en la red pública y evitando el mantenimiento de conciertos innecesarios", señala el texto que argumenta que así se evitaría "el desvío de recursos hacia conciertos innecesarios".
También se ha incluido en las propuestas pedir a las administraciones públicas educativas que refuercen los controles para garantizar que los centros concertados no piden aportaciones económicas adicionales a las familias por conceptos relacionados con enseñanzas gratuitas.
El Consejo Escolar del Estado insta al Ministerio de Educación a "negociar la revisión, modificación y actualización del Real Decreto de normas básicas de conciertos educativos en el marco de la mesa sectorial de la enseñanza concertada" y a aprovechar el descenso de la natalidad para "favorecer la calidad del servicio educativo en los centros sostenidos con fondo públicos, en lugar de cerrar unidades escolares".
Garantizar un gasto educativo del 5,5 % del PIB para 2025, crear mecanismos de compensación que ayuden a corregir los déficit de la inversión media por estudiante, son otros consejos a los que se suma la propuesta del sindicato gallego CIG para hacer un seguimiento y control de los fondos finalistas destinados a diferentes programas acordados en la Conferencia Sectorial de Educación.
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Piden a las administraciones que den a conocer el destino de esos fondos así como una evaluación de los fines perseguidos y del grado de su consecución.
En el ámbito de la formación profesional se ha incluido otra enmienda que aconseja realizar un estudio pormenorizado del crecimiento de la demanda de los estudios de FP para ofertar las plazas públicas necesarias para cubrir esa demanda.
El sindicato STES-Intersindical también ha introducido su propuesta de que el Ministerio de Educación amplíe la oferta de plazas públicas en los dos ciclos de Educación Infantil en las ciudades de Melilla y Ceuta, "ya que la baja escolarización, su elevado número de alumnado por aula y el hecho de que parte de este alumnado cuenta con lengua materna específica (tamazight y dariya) recomiendan una atención específica con más medios y cupo de profesores"
