El gobierno municipal del PP de Alicante, liderado por Luis Barcala, alcanzó un acuerdo el pasado martes con Vox para aprobar la Zona de Bajas Emisiones en la capital de la provincia sin sanciones para los conductores. La buena calidad del aire de Alicante por su cercanía al litoral, que diluye la contaminación, es la principal razón para aludir las multas.

Precisamente ese mismo día el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM) anuló las Zonas de Bajas Emisiones de la ciudad de Madrid, conocida como Madrid Central. La nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible aprobada el 13 de septiembre de 2021, por su incompatibilidad con las necesidades de conductores y comerciantes, y por su impacto en la movilidad y la economía local.

En este contexto, sin embargo, el PSOE de Alicante sigue levantando el estandarte de las "sanciones" como único modo de reducir la contaminación en Alicante. Y sostiene que si no se aplican (como las anuladas como el TSJ de Madrid), la ciudad no podrá concurrir a los fondos europeos para la aplicación de la norma.

[Ni la legislación europea ni la nacional de las ZBE impone restricciones y sanciones a ayuntamientos como Alicante]

La sentencia del TSJ de Madrid afirma que no se ha tomado en consideración de sus consecuencias económicas, para poder efectuar "una ponderación adecuada del balance de beneficios y costes y de la posibilidad de adoptar medidas menos restrictivas de efecto equivalente, o que pudieran producir un efecto discriminatorio para los colectivos más vulnerables económicamente".

Un argumento que sí ha atendido el gobierno municipal alicantino, que intenta precisamente que su Zona de Bajas Emisiones sea compatible con las necesidades de movilidad de los vecinos y los comerciantes, lo que ha fallado el alto superior de justicia madrileño. 

Según explicó el PP local tras la aprobación, "la ZBE de Alicante se orienta al fomento de la movilidad sostenible, la desincentivación de las alternativas más contaminantes y la educación ciudadana para generar hábitos más saludables. Las actuaciones en esta ZBE se deben conjugar, además, con mejoras del espacio público para peatones y ciclistas, como las actuaciones recientes en el frente litoral".

Calidad del aire en la ciudad de Alicante, ayer, según los medidores del Ministerio.

La postura socialista

Sin embargo, la portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, anunció tras su aprobación que dará traslado tanto al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible como a Bruselas de la decisión adoptada por el alcalde, Luis Barcala. La socialista entiende que "no tendrá ningún impacto en el objetivo de reducir la contaminación, luchar contra el cambio climático y preservar la salud.

También el concejal Raúl Ruiz aseguró que Barcala ha asumido la tesis negacionista de Vox al impulsar una norma vacía de contenido y que no contempla sanciones. “¿Cómo se va a garantizar entonces el cumplimiento de la norma? No sirve de nada”, explicó el edil.

“El gobierno del PP insiste en que en Alicante no existe un problema de contaminación, sin embargo, no existen medidores en la zona centro. Es inaudito que en los días en que Alicante celebra la Semana Europea de la Movilidad se impulse una ordenanza absolutamente descafeinada. Barcala defiende que quiere fomentar el transporte público mientras devuelve 1,7 millones para subvencionar, precisamente, el transporte público, y retira el 100% de bonificación a los jóvenes”, añadió Ruiz.

El socialista ha añadido que los expertos coinciden en que cuando se reduce el tráfico rodado y no se activan restricciones, se acaban registrando más emisiones, por lo que cree que la ordenanza pactada entre PP y Vox no sólo es irresponsable, sino también incongruente.