El presidente de la Región de Murcia, López Miras, y Barrachina en la cumbre del pasado verano sobre el agua.
La Generalitat acusa al Gobierno de "condenar a la desaparición a la agricultura alicantina" con el trasvase
Agricultura alerta de que la decisión provocará la desaparición de 15.000 puestos de trabajo.
Más información: Castilla-La Mancha celebra la nueva sentencia del Supremo contra la revisión del plan hidrológico del Tajo
La Generalitat da la voz de alarma por el impacto en la provincia de Alicante de los recortes en el trasvase Tajo-Segura que atribuye al Gobierno central: "Provocará la desaparición de 15.000 puestos de trabajo".
El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha sido el encargado de mostrar su rechazo a estas "decisiones políticas, tomadas sin aval técnico, que representan una grave amenaza para la agricultura alicantina y la condenan a su desaparición".
Barrachina ha realizado estas declaraciones a través de un comunicado después de conocer que el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la Junta de Andalucía contra el aumento del caudal ecológico del río Tajo.
Y ahí ha dejado bien claro lo que calculan que supondría que se mantenga esta decisión. "El dogmatismo, sin rigor técnico, del Gobierno de Sánchez provocará pérdidas económicas de 6.000 millones de euros y la desaparición de 15.000 puestos de trabajo. Esta situación es insostenible para nuestra agricultura y exige una respuesta urgente", ha afirmado.
El conseller ha insistido en la necesidad de un enfoque técnico y colaborativo que permita revertir estas medidas. Y así afirman que "hoy es más importante que nunca la creación de una comisión técnica entre las autonomías y el Gobierno de España para analizar y revisar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura".
"Es imprescindible que las decisiones que afectan a los recursos hídricos cuenten con el consenso de las comunidades autónomas implicadas y estén basadas en criterios técnicos y no políticos", ha añadido.
Barrachina ha reiterado la urgencia de alcanzar un Pacto Nacional del Agua porque "nuestra tierra necesita una política hídrica justa y equilibrada, que permita a los agricultores mantener su actividad y asegurar el empleo que depende de ella. El agua es una cuestión de Estado, es de todos. No es propiedad de nadie".
"No obstante, estas premisas no son las que marcan las políticas del Gobierno de España que, lejos de defender el agua que necesita nuestra agricultura, se ha dedicado a tomar decisiones políticas que van en contra de mantener nuestros campos," ha subrayado el conseller.
"Necesitamos un Gobierno central, que al igual que está haciendo el Consell de Carlos Mazón, crea en nuestra tierra y en nuestros agricultores y regantes. No queremos más que nadie, pero tampoco menos", ha reiterado Barrachina.
Recurso compartido
El comunicado del responsable de Agricultura de la Generalitat concluye con una apuesta por el diálogo: "El agua no puede ser un elemento de confrontación política, sino un recurso compartido para garantizar el futuro de todos".
