La Junta mantiene las ayudas a los ERTE frente a los agentes del Diálogo Social que exigen hablar con Mañueco

La consejera de Empleo de la Junta de Castilla y León, Ana Carlota Amigo, ha garantizado que la Junta prevé mantener las condiciones de las ayudas a los ERTE pese a las críticas de los miembros del Diálogo Social, cuyos representantes de patronal y sindicatos exigen que se convoque una reunión del Consejo, en el que está presente el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con el objetivo de reconducir la situación para no "dilapidar" de forma "tan burda" los acuerdos.

Amigo ha insistido en que la orden a través de la que se reparten los seis millones de euros para ayudar a los trabajadores y autónomos en ERTE se mantiene en los mismos términos en los que se publicó el pasado 2 de julio y ha emplazado a los agentes del Diálogo Social a volver a reunirse en septiembre para abordar nuevas líneas de ayudas que, a su juicio, serán obligadas ante la posibilidad de que los expedientes sean finalmente de extinción y provoquen un importante incremento del desempleo.

En este sentido, la consejera ha señalado que también será esencial "repensar" las líneas incluidas en el Plan de Empleo de Castilla y León, ya que, como ha indicado, se aprobó en una situación diferente y ahora existen necesidades de otro tipo generadas por la crisis del COVID.

"Hay que sacar nuevas líneas que a lo mejor necesitan más recursos", ha defendido Amigo, quien ha confiado en que el escollo generado por las ayudas a los ERTES no influya para cerrar futuros nuevos acuerdos, ya que prevé que el Diálogo Social sea "intenso" entre septiembre y diciembre.

Este posicionamiento de la Junta ha provocado el desagrado de los representantes de UGT, CC.OO y Cecale, Evelio Angulo, Saturnino Fernández y David Esteban.

En concreto, el responsable de CC.OO, Saturnino Fernández, ha tildado la posición de la Consejería como "algo inaudito", ya que con la orden actual se quedarían cuatro quintas partes de los afectados por ERTEs fuera de las ayudas. "Esto agrieta de forma seria el Diálogo Social", ha advertido, tras lo que ha avanzado que se prevén reunir con los grupos políticos, partidos e instituciones regionales y provinciales para intentar que el Ejecutivo "reconsidere" su situación.

"Había fórmulas para arreglar el problema y no han hecho nada", ha lamentado, tras lo que ha defendido que hay posibilidades presupuestarias para resolverlo. "El gobierno no sabe arreglar este problema, no lo sabía el equipo anterior y finalmente se le fue de las manos", ha aseverado.

Por su parte, Evelio Angulo de UGT ha abandonado la reunión con un sentimiento de "decepción y frustración máxima" y, tras considerar que el Diálogo Social goza de "buena salud", ha confiado en que la Junta "recapacite".

"El presidente del Gobierno actual no puede dilapidar de esta manera tan burda la historia reciente de esta Comunidad y de la práctica de unas políticas laborales modernas que son ejemplo", ha señalado, al tiempo que ha recordado que existen cuantías que se puede destinar a ayudar a los afectados por ERTE como los 70 millones de euros que recaudará la Junta tras la no supresión del impuesto de Sucesiones.

Por último, el representante de la patronal, David Esteban, ha insistido en la importancia de que la Junta cumpla el acuerdo para la recuperación y dote de unas cuantías más elevadas las ayudas para los trabajadores y autónomos afectados por esta situación sobrevenida.

Los representantes sindicales han insistido en que el principal problema ahora es la "falta de credibilidad", lo que puede llegar a comprometer futuros acuerdos ante la desconfianza generada con la Junta, aunque han recordado que existen muchos acuerdos que afectan a materias como dependencia y servicios sociales que "van más allá".

20 MILLONES

Por su parte, la consejera de Empleo ha emplazado a los miembros del Diálogo Social a inicar trabajos para poder definir en septiembre la articulación de las políticas para el fomento y mantenimiento del empleo en entidades locales, que impulsará el Gobierno autonómico con cargo a la partida de 20 millones de euros reservada para este fin dentro del Fondo Extraordinario COVID-19, comprometido en el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social.

En paralelo, Carlota Amigo recogerá también el planteamiento de las corporaciones locales en la reunión que prevé mantener en los próximos días con representantes de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP).

Por otra parte, la titular de Empleo e Industria ha trasladado a los agentes económicos y sociales la intención de la Junta de intensificar el calendario de reuniones a partir de septiembre con una doble finalidad. En primer lugar, para analizar y consensuar la puesta en marcha de nuevas líneas de apoyo a empresas y trabajadores que estén ajustadas al escenario económico y social del momento y se adapten a las necesidades del mercado.

En segundo término, se pretende empezar a dialogar y acordar los grandes ejes en los que deben sustentarse algunos planes y programas de impulso al desarrollo económico y social de la Comunidad, cuya vigencia expira este año. Es el caso del III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León, del Plan Director de Promoción Industrial, de la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo, o del Plan Anual de Políticas de Empleo.

Al hilo de lo anterior, la consejera de Empleo e Industria ha comunicado a los representantes de Cecale, CCOO y UGT la disposición de la Junta a prorrogar durante el ejercicio 2021 la vigencia del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros, tal y como habían solicitado los agentes del Diálogo Social.

Así, ha aclarado que el Gobierno autonómico es partidario de mantener un año más las medidas previstas en el programa de impulso y reactivación de las cuencas carboníferas de León y Palencia. El objetivo es favorecer la continuidad de estas políticas mientras terminan de definirse otras actuaciones que están en marcha, como la ejecución de los Convenios de Transición Justa -sujetos aún al proceso de participación pública- o la Mesa por el Futuro de la Provincia de León.