La Junta dicta las normas para la elaboración de los presupuestos 2022 orientados a la recuperación económica sostenible
La Junta publica hoy en el BOCYL la Orden de elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2022, por la que se dictan las normas para elaborar las cuentas de la Comunidad para el año que viene. El texto tiene en cuenta la situación de una economía todavía muy afectada por la crisis sanitaria, social y económica sufrida a nivel mundial; también establece las condiciones para impulsar una senda progresiva de recuperación resiliente que pueda transformar y reactivar de forma sostenible la actividad económica y el empleo de Castilla y León.
Asimismo, los Presupuestos aprovecharán las oportunidades del mundo rural, lo que supondrá un importante apoyo al reto demográfico y contra la despoblación, en línea con el objetivo general de promover la cohesión económica, social y territorial priorizando la creación de nueva actividad económica y más ocupación en el medio rural. Todo ello alineado con la nueva estrategia establecida por la Unión Europea, en el marco de la Agenda 2030 de las Naciones unidas con los 17 Objetivos de desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.
La Orden de elaboración de los Presupuestos Generales está en consonancia con las recomendaciones de la Unión Europea para impulsar un nuevo desarrollo económico, social y territorial, y para seguir avanzando en la transformación de la Comunidad aprovechando el efecto multiplicador de los nuevos fondos europeos con iniciativas orientadas a:
- Invertir en empleo y talento para una economía digital y sostenible.
- Transformar el medio rural desde la transición ecológica, la digitalización y la innovación.
- Fortalecer y modernizar el sistema sanitario público en garantía de salud.
- Mejorar el bienestar de los ciudadanos desde el compromiso con las entidades locales.
- Apoyar la inversión y transformar la economía desde sectores y tecnologías claves priorizando la innovación digital y la ciberseguridad.
- Activar la transición a una economía circular desde la sostenibilidad impulsando el ahorro y la eficiencia energética.
- Salvaguardar las infraestructuras con un desarrollo armonioso con el entorno.
- Desarrollar conocimiento con una educación de calidad.
- Un mejor aprovechamiento de los recursos culturales y naturales.
- Fortalecer la igualdad, la inclusión y la protección social apoyando el bienestar y el desarrollo de los más vulnerables.
Por último, la Junta continúa aportando recursos extraordinarios que se dirigen a la contención de la pandemia, el refuerzo de los servicios públicos y, también, para combatir los efectos nocivos sobre el empleo y la actividad económica en aquellos sectores especialmente castigados por la crisis.
La Orden, conforme a la Ley de Hacienda de la Comunidad, dicta las normas para elaborar los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2022, en las que se establecen los criterios de presupuestación, su ámbito institucional, la estructura de los ingresos y gastos que lo componen, así como las comisiones participantes en el proceso de elaboración. Finalmente, la Orden relaciona la documentación requerida y sus plazos de cumplimentación.
Prioridades
La asignación de recursos disponibles entre los distintos programas de gasto tendrá como líneas fundamentales:
- Desarrollar una política fiscal que fomente la inversión y el emprendimiento, que apoye a las familias, a los jóvenes y al mundo rural y a crear oportunidades de futuro.
- Impulsar una política económica que mejore la competitividad y la creación de empleo que impulse la modernización de la Comunidad.
- Acordar una nueva financiación autonómica que atienda al coste real de los servicios públicos, considerando adecuadamente nuestra extensión territorial y la dispersión de la población, así como el envejecimiento y la baja densidad demográfica.
- Asegurar una política sostenible y responsable en materia de endeudamiento y de contención del déficit público.
- Consolidar una política presupuestaria con vocación de liderazgo en la calidad y nivel de prestación de los servicios públicos, asegurando estos servicios en el medio rural profundizando en la conciliación y la corresponsabilidad y en la reducción de las desigualdades.