Aumenta hasta los 2 millones el presupuesto de apoyo a la vida autónoma con asistente personal

La titular de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha reivindicado esta mañana en Ávila la figura del asistente personal como un recurso fundamental en la atención a las personas con discapacidad, a las que acompaña y permite elegir su proyecto de vida, y ha avanzado que su departamento trabaja en extenderlo a otros colectivos vulnerables.

Tras recordar que Castilla y León fue la primera comunidad autónoma de España en poner en marcha este servicio, la consejera ha apostado por incluirlo dentro del Plan Estratégico contra la soledad no deseada y el aislamiento social –presentado recientemente por el presidente Mañueco–, que permitirá atajar este tipo de situaciones a través de la detección, la prevención y la intervención.

En este punto, la máxima responsable de los Servicios Sociales de la Comunidad ha anunciado que su departamento incrementará el 43 % el presupuesto del programa específico de viviendas y apoyo para la vida independiente –dirigido a personas con discapacidad que realicen un itinerario de formación para el empleo– que financia tanto el servicio de asistencia personal, como la vivienda que el usuario necesite como complemento al desarrollo de las acciones formativas.

Así, a este programa, con el que se financiaron 61 viviendas y se atendieron a 119 personas con discapacidad en el último ejercicio cerrado, se destinarán en 2022 un total de 2 millones de euros, frente a los 1,4 millones de este año.

Junto a esto, la Junta reforzará también el programa específico de formación y apoyo a la empleabilidad en el ámbito de la asistencia personal, particularmente en el medio rural. A este proyecto, que en 2020 contribuyó a la cualificación de 95 personas con discapacidad y favoreció la contratación de 37, se destinarán el próximo año casi 194.000 euros.

Isabel Blanco ha realizado este anuncio durante su visita a una de las últimas viviendas supervisadas abiertas por Faema Salud Mental en la capital abulense, la número 15 dentro de la red de atención a las personas con discapacidad por enfermedad mental que gestiona esta entidad en la provincia. Allí ha agradecido la labor de Faema a través de su directora general, Inmaculada Pose, centrada en mejorar la calidad de vida de un colectivo formado por 30.000 personas en Castilla y León, unas 2.100 en Ávila.

El servicio de viviendas supervisadas se enmarca en un nuevo modelo de atención sociosanitaria a la enfermedad mental, sustentado en la coordinación entre los Servicios Sociales y el sistema sanitario, dirigido a ofrecer los apoyos que necesite cada usuario para llevar a cabo sus propios proyectos de vida y lograr la plena normalización e integración de las personas con discapacidad por enfermedad mental, fundamentalmente a través del empleo.

Este modelo incluye una amplia red de recursos y dispositivos integrados y complementarios, donde tienen su encaje viviendas supervisadas como la que esta mañana ha visitado Isabel Blanco. En este entorno, las personas con enfermedad mental reciben una atención personalizada, donde se pone el énfasis en sus potencialidades en lugar de en sus limitaciones, respetando sus preferencias y deseos.

Atención personalizada y aprendizaje social

El servicio les permite desarrollar niveles de socialización adecuados, al tiempo que contribuye a promover el desarrollo de múltiples dinámicas de interacción, de resolución de problemas y de habilidades sociales, y a marcar objetivos y tareas comunes con otras personas, que refuerzan la vida independiente y la autodeterminación de cada usuario y posibilitan los aprendizajes sociales.

La piedra angular de este modelo es la figura del asistente personal, un apoyo muy versátil capaz de garantizar una atención ajustada a las necesidades de cada usuario, fomentando su autonomía y facilitando con ello su integración en los diversos ámbitos de la vida.

Precisamente, en su visita a Ávila la consejera ha conocido de primera mano los resultados de un estudio realizado por Faema sobre el asistente personal, que pone de manifiesto que el retorno social de este recurso, medido en términos sociales y económicos, es muy superior al gasto que requiere la prestación de este servicio. En concreto, por cada euro invertido retornan 3,59 euros a la sociedad.

Conclusiones como ésta refuerzan el convencimiento de lo especialmente adecuado que es el servicio de asistencia personal para las personas con discapacidad por enfermedad mental, en palabras de la consejera, en tanto contribuye a complementar su autonomía de manera eficaz junto a las medidas impulsadas por la Junta en materia de empleo y de vivienda.

Castilla y León cuenta en la actualidad con 1.561 prestaciones reconocidas de asistente personal –de ellas, 576 para personas con enfermedad mental–, lo que la convierte en la segunda autonomía con mayor número de prestaciones reconocidas del país, sólo por detrás del País Vasco, comunidad que cuenta con un régimen de financiación propio. El 8 % del total de prestaciones atiende las necesidades de menores de 4 a 17 años.

Esta figura, prácticamente inexistente en el resto de comunidades, es además un yacimiento de empleo con mucho potencial, también para las propias personas con discapacidad, que con la formación y apoyo adecuados pueden desempeñar con éxito su actividad laboral en este campo.

Así, en la Comunidad, 1.460 personas con discapacidad por enfermedad mental realizaron itinerarios de formación y empleo (el 38 % del total usuarios) y, de ellas, 69 fueron formadas en asistencia personal.

Colaboración con Faema

En el desarrollo de este modelo de atención sociosanitaria y de la figura del asistente personal promovidos por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades tiene un papel protagonista Faema y, por extensión, la Federación Salud Mental Castilla y León (donde se integra la asociación abulense), entidades con las que la Junta mantiene una estrecha colaboración.

En concreto, la Gerencia de Servicios Sociales respaldó la labor de Faema con 1,7 millones de euros el pasado año. De esta cuantía, 700.000 euros se destinaron a financiar servicios a través de la prestación vinculada de dependencia, con 172 usuarios (la mayoría, 162, se corresponden con el asistente personal), y otros 600.000 a sufragar centros (con 121 beneficiarios).

La concertación de 32 plazas (de las 222 que gestiona Faema en sus dos centros de día y 15 viviendas) absorbió 235.000 euros, mientras que en el desarrollo del programa de itinerarios personalizados de empleo se invirtieron 126.000 euros, cuantía que permitió ofrecer asesoramiento laboral a 88 usuarios, de los que 26 fueron contratadas.

Finalmente, Faema recibió de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades una partida de 25.000 euros con cargo a la subvención del 0,7 % del IRPF –para prestar sus programas de asistente personal, acompañamiento integral, envejecimiento activo y prevención de la dependencia y el equipamiento de viviendas supervisadas, entre otros– y otra de 55.000 euros a través de la Federación autonómica para su funcionamiento como entidad en Ávila capital y en la delegación de Barco de Ávila.

Proyectos con la Federación Salud Mental

La consejera se ha referido también a la colaboración entre la Junta y la Federación Salud Mental Castilla y León, de la que forma parte Faema. Ha precisado que la entidad autonómica participa en uno de los proyectos más relevantes que ha propuesto el Gobierno autonómico dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Comisión Europea 2021-2023, por un importe de 728.000 euros.

Se trata de la transformación digital de la red de viviendas supervisadas y residencias, que consiste en su equipamiento tecnológico y domotización para orientar los cuidados hacia la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad por enfermedad mental.

En concreto, se va a llevar a cabo la sensorización de las viviendas y residencias y la monitorización biométrica de la actividad física y rehabilitación. Este proyecto se acompasará de un proceso de formación y mejora de las competencias digitales para el aprendizaje, la inserción y la comunicación, haciendo especial hincapié en los recursos ubicados en zonas rurales y con particular incidencia al colectivo de mujeres.