La pandemia generó en 2020 un gasto extra de 1.500 millones en Castilla y León, un 14% más que en 2019

El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, presentó hoy en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes el informe sobre el análisis económico y financiero del impacto de la COVID-19 en el sector público administrativo de la Comunidad. El ámbito de la fiscalización toma como base el sector público administrativo, es decir, los entes que forman parte del sector público de la Comunidad sujetos al régimen de contabilidad pública, incluidos en la Cuenta General de la Comunidad en los ejercicios 2017 al 2020, deteniéndose en la gestión del último año.

El presidente recordó que el Consejo de Cuentas incorporó en su web una versión interactiva de este informe para hacer más accesible su contenido, una iniciativa pionera en las instituciones de control externo.

Antes de pasar a la exposición del informe, Amilivia precisó que quedan ya solo 9 informes pendientes de comparecencia. Y que la próxima, prevista para el 17 de octubre, abordará otra fiscalización relacionada con la pandemia, relativa a las ayudas y subvenciones tramitadas por la Administración autonómica y además el informe de seguimiento de las recomendaciones efectuadas por el Consejo, correspondiente al ejercicio 2020.

Añadió que en este mandato han sido presentados 92 informes, un 36% de toda la serie histórica del Consejo de Cuentas, y que “además tenemos 36 auditorías en marcha, que incluyen las 24 del Plan Anual 2022 y otras 12 del Plan 2021 que van a ir publicándose durante este último trimestre del año”.

Entrando ya en la exposición, en cuanto a la liquidación presupuestaria, apuntó que los gastos presupuestarios ejecutados en 2020, año de aparición de la pandemia, ascendieron a 12.222 millones de euros, con un aumento interanual del 14% (1.468 M€), cuando solo se habían incrementado un 1% hasta 2019 con respecto a 2017.

Los gastos por operaciones corrientes aumentan un 16%, pasando de 8.460 M€ en 2019 a 9.846 M€ en 2020, cuando hasta entonces habían disminuido un 1% con relación a los existentes en 2017. Los gastos de personal, que habían aumentado un 4% hasta 2019, se incrementan en 2020 en 717 M€, un 19%, alcanzando los 4.532 M€.

El mayor incremento relativo se produce en gastos corrientes en bienes y servicios, un 38% interanual en 2020, por importe de 552 M€, cuando hasta ese año habían disminuido un 20% con respecto a 2017.

Los gastos financieros mantienen una tendencia descendente, mientras que los de transferencias corrientes crecen un 5%, con tendencia al alza en todo el periodo. La ejecución del gasto por operaciones de capital tiene una tendencia creciente, situándose en 2020 en 1.181 M€, un 6% más que en 2019. El volumen de obligaciones por operaciones financieras, que ascendió en 2020 a 1.193 M€, es similar al de 2019.

Las modificaciones presupuestarias aumentan un 18% en 2020, 14 puntos más que en 2019, situándose el grado de ejecución de la totalidad de los gastos en el 97%, similar al de ejercicios anteriores.

En cuanto a ingresos presupuestarios, ascienden en 2020 a 12.039 M€, mayores en un 15% (1.527 M€) con respecto al ejercicio anterior como consecuencia del aumento de las transferencias corrientes, que hasta 2019 tenían una tendencia ligeramente descendente. Los ingresos tributarios se estancan, los ingresos por operaciones de capital aumentan un 3%, sobre todo en concepto de transferencias, ascendiendo a 344 M€ en 2020 y por operaciones financieras crecen un 31%, pasando de 1.272 M€ en 2019 a 1.662 en 2020 por la emisión de pasivos financieros, rompiendo la tendencia de años precedentes. El grado de ejecución de la totalidad de ingresos se sitúa en el 95% en 2020.

Con la aparición de la pandemia en 2020, la autonomía en el ámbito presupuestario disminuye un punto respecto a 2019, pasando este indicador del 88% al 87%. La autonomía fiscal también disminuye, pasando del 53% al 51%, al estancarse los ingresos tributarios al tiempo que aumentan las transferencias recibidas y la necesidad de recurrir a pasivos financieros.

La carga financiera global de la deuda en el periodo 2017-2020 pasa del 14% al 13% reduciendo en un punto el impacto sobre los ingresos corrientes necesarios para atender el funcionamiento de los servicios. Así, el volumen de amortización de pasivos financieros se mantiene a partir de 2019, mientras que disminuyen los gastos financieros en un 15% y los ingresos corrientes aumentan un 13%.

En este sentido, Amilivia señaló que “el margen derivado de la actividad corriente es estructuralmente insuficiente para atender las obligaciones exigibles derivadas de la carga de la deuda, así como para destinar recursos a financiar gastos de operaciones de inversión”. Así, se constata que el margen de funcionamiento (capacidad de generar recursos derivados de las operaciones corrientes, excluidas las transferencias) experimenta un brusco descenso con respecto a 2019, con una cuantía que se sitúa en valores negativos (-583 M€).

Si se tiene en cuenta el impacto neto de las transferencias corrientes se constata que el ahorro bruto muestra también una tendencia desfavorable, pero en este caso con valores positivos en los últimos tres ejercicios, situándose en 186 M€ en 2020.

Por otra parte, si de este ahorro bruto se deducen los créditos gastados para atender la amortización de la deuda, el ahorro neto resulta negativo en el periodo analizado, ascendiendo a 940 M€ en 2020. Existen necesidades estructurales de financiación en el periodo analizado, que en 2020 ascienden a 650 M€. Aunque disminuyen un 18% con respecto a las existentes en 2017, aumentan un 95% en relación con las de 2019.

El resultado presupuestario presenta un comportamiento variable, registrando en los dos últimos ejercicios valores negativos (182 M€ de déficit en 2020).

En cuanto a los indicadores per cápita en 2020, el presidente significó que el gasto público por habitante muestra una tendencia creciente (5.103,31 €); la inversión por habitante muestra una tendencia ascendente (493,44 €); la carga financiera soportada por cada ciudadano, una tendencia decreciente (550,68 €); los ingresos públicos en 2020 son de 5.027,05 € por habitante; la presión fiscal se sitúa en 2.559,88 € por habitante, mientras que el déficit presenta un valor de -76,27 € por habitante.

Con relación al balance de situación consolidado, que refleja la situación y variación del activo, el pasivo y el patrimonio, el presidente expuso que el sector público administrativo de la Comunidad presentó un patrimonio neto negativo por primera vez en 2019 de -6.156 millones de euros y que en 2020 se situó en -5.860 M€.

Dentro de los elementos para su cálculo, aumenta el pasivo exigible, alcanzando en 2020 los 14.927 M€, siendo relevante el crecimiento del pasivo exigible a largo plazo, que se sitúa en 12.208 M€, con un aumento del 4%.

El balance refleja una situación de desequilibrio, con un fondo de rotación o maniobra (la diferencia entre los activos y pasivos corrientes) que indica necesidades estructurales de financiación para atender las obligaciones a corto plazo. En 2020 fue de -358 M€, inferior a los -715 M€ en 2019, por lo tanto, con tendencia favorable.

Coherentemente, la ratio de liquidez general pasa de un 74% en 2019 a un 87% en 2020 que, sin perjuicio de la mejora, señala una situación que estructuralmente genera tensiones de liquidez. En cuanto a los plazos medios de cobro y pago, se han reducido con respecto a 2019, situándose en 2020 en los 33 y 43 días, respectivamente.

Los indicadores de endeudamiento reflejan una dependencia total de las entidades de crédito y de la emisión de deuda para obtener financiación, constituyendo el pasivo exigible más del 100% de los recursos financieros. Así, la deuda soportada por cada castellano y leonés pasó de 6.051 € en 2019 a 6.233 € en 2020. Los indicadores relacionados con la solvencia a largo plazo ponen de manifiesto una evolución desfavorable en el periodo analizado y por tanto un aumento de la dependencia de terceros.

El índice de inmovilización es negativo pasando de un -102% en 2019 a un -114% en 2020 por la existencia de un patrimonio neto negativo, lo que vuelve a ratificar la dependencia de recursos financieros ajenos.

Con relación a la cuenta del resultado económico-patrimonial consolidada, los resultados son positivos en el periodo analizado, con un ahorro de 1.669 M€ en 2019, que desciende notablemente en 2020 hasta los 168. En 2020 los ingresos ordinarios son superiores a los gastos ordinarios, en una tendencia favorable.

En cuanto al análisis del impacto de la COVID-19 en la ejecución de ingresos y gastos, así como en la evolución de las políticas y programas presupuestarios, Amilivia indicó en primer lugar que el año en que surge la pandemia, la política de Sanidad, con 4.751 M€, supone el mayor peso relativo del gasto, un 39%, siendo la que mayor incremento interanual experimenta (1.046 M€).

A continuación, Educación, un 18% del gasto total, con 2.256 M€ y un incremento de 225 M€. Le sigue Agricultura, ganadería y pesca, con el 11%, que supone 1.313 M€, descendiendo 3,45 M€.

La Deuda Pública también disminuye en 7,77 millones hasta los 1.268 M€. Servicios sociales y promoción social representa un 7%, con 871 M€, y un aumento de 79 M€.
La política que más aumenta en términos relativos es Seguridad ciudadana, un incremento del 536% y de 62 millones de euros, para situarse en 2020 en 73 M€.

Dentro de las políticas descritas, aparte de la Deuda pública de la Comunidad, los programas que incurren en gastos más significativos en 2020 son los siguientes:

- Asistencia sanitaria, el 38% del gasto total y un importe de 4.627 M€.

- Enseñanza escolar con un gasto de 1.797 M€, su peso relativo en 2020 es del 15% del total y se ha incrementado en 187 M€ con respecto a 2019.

- Regularización mercados, en el ámbito de la Política Agraria Común, implica un gasto de 930 M€, que supone el 8% del total.

- Acción social, cuya cuantía asciende en 2020 a 841 M€ y supone el 7% del total. Su tendencia es creciente, incrementándose en 80 M€ con respecto a 2019.
En 2020, los 5.103,31 € de gasto público por habitante en que incurre la Comunidad se reparten principalmente entre los subprogramas siguientes:

- 1.278,73 € se destinan a Atención especializada.

- 593,41 € a Atención primaria.

- 529,71 € a Amortización y gastos financieros deuda pública comunidad autónoma.

- 415,44 € a Educación secundaria, formación profesional, educación especial, enseñanzas artísticas e idiomas.

- 383,88 € a FEAGA, regularización de mercados.

- 281,46 € a Educación infantil y primaria.

- 167,11 € se destinan a Enseñanzas universitarias.

- Y 138,03 € a Servicios sociales básicos e integración social.

En lo referente al análisis del impacto en los ingresos presupuestarios por la COVID-19, a tenor de la información certificada por la Consejería de Economía y Hacienda, el importe total de los derechos liquidados correspondientes a la pandemia provocada por la COVID-19 en el ejercicio 2020 asciende a 911 M€.

El 99% de los ingresos recibidos son transferencias corrientes procedentes de la Administración del Estado. Los ingresos procedentes del Fondo COVID ascienden a 843 M€ y suponen más del 90% de los fondos recibidos para combatir la pandemia.

Los ingresos relativos a los tramos 1 y 2 del citado Fondo, destinado al gasto sanitario, ascienden a 544 M€, el 65%. El tramo 3 (gastos de educación) ha supuesto 84 M€, el 10%. Por último, los derechos del tramo 4, asociado fundamentalmente a la disminución de los ingresos por la caída de la actividad económica, han supuesto ingresos por importe de 214 M€, el 25%.

Otros ingresos de menor cuantía, pero relevantes cualitativamente, han sido:

- 25 M€ del Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual.

- 19 M€ del Fondo Social Extraordinario destinado exclusivamente a las consecuencias sociales del COVID-19, para financiar las prestaciones básicas de los correspondientes servicios sociales.

- 13 M€ de recursos adicionales para financiar el Sistema Nacional de Salud.

Finalmente, el informe aborda el análisis del impacto COVID producido en el gasto presupuestario, a nivel orgánico, económico y funcional.

Ante la ausencia de identificación de las fuentes de financiación y su afección al gasto ocasionado por la pandemia, se constata -continuó Amilivia- que el sistema establecido por la administración autonómica ha tenido una capacidad limitada para identificar los gastos COVID.

Así, en 2020 el importe total de las obligaciones reconocidas certificadas por la Consejería de Economía y Hacienda correspondientes a la pandemia asciende a 453 M€. No obstante, el importe de los documentos contables referidos al COVID, según los datos de la Cuenta General, son superiores por un importe estimado de 136 M€, hasta los 589 M€.

El aumento del gasto producido en 2020 asciende a 1.468 M€, por lo que el gasto certificado imputado a la pandemia representa el 31% de dicho incremento.
El mayor gasto computado como COVID es de la Gerencia Regional de Salud, por importe de 239 millones de euros, mientras que 156 M€ se han gestionado por la Administración General de la Comunidad.

En la Gerencia Regional de Salud, el importe mayoritario de gasto corresponde a la Gerencia de Atención Especializada del Hospital Río Hortega de Valladolid con 72 M€; seguido de la Gerencia de Atención Especializada de Salamanca y la del Hospital Clínico de Valladolid, con 28 y 27 M€, respectivamente.

Dentro de la Administración General, las consejerías que han incurrido en mayores gastos son Fomento y Medio Ambiente con 94 M€; Educación con 33 M€; y Empleo e Industria con 11 M€. En cuanto al SEPE, su mayor gasto es por importe de 16 M€ en subvenciones a las entidades locales para contrataciones de personas desempleadas. El Instituto para la Competitividad Empresarial realiza la práctica totalidad del gasto por la pandemia en transferencias de capital que suman 17 M€ para apoyar la liquidez de pymes y autónomos.

El 50% de los gastos COVID-19 certificados, 226 M€, se destina a bienes y servicios. En su mayoría son suministros de material sanitario, de laboratorio, y productos de consumo especifico (mascarillas, guantes, EPIS, etc.), aunque también figuran trabajos realizados por empresas y profesionales o de transporte.

Los gastos de personal ascienden a 75 M€. Con respecto a gastos contabilizados por trasferencias, el importe a empresas privadas asciende a 62 M€.
Los gastos COVID han recaído mayoritariamente en la política de Sanidad, más del 50%, con 237 millones de euros. La política de Seguridad Ciudadana computa 62 millones gestionado por la Agencia de Protección Civil. La tercera corresponde a Fomento del empleo, con 33 M€. El gasto en Educación asciende a 30 M€.

En Infraestructuras asciende a 26 M€, de los que más del 90% pertenecen al subprograma de Promoción y ordenación del transporte. El gasto de Industria y energía, 17 M€, recae en el subprograma de Competitividad. La política de Servicios y promoción sociales gestionada por la Gerencia de Servicios Sociales ha incurrido en unos gastos de 14 M€.

Las principales políticas, programas y subprogramas afectados por la COVID han registrado en general modificaciones presupuestarias superiores al 10%, y su ejecución es superior al 80%, con algunas excepciones con algunas excepciones como los subprogramas de Servicios complementarios a la enseñanza y Mejora calidad enseñanza, en los que además los remanentes de crédito han sido superiores a sus modificaciones presupuestarias. En este sentido, los subprogramas con mayores remanentes de crédito son Atención especializada, 133 M€; Atención a personas mayores, 33 M€; Servicios complementarios a la enseñanza, 19 M€; y Competitividad, 15 M€.

En el capítulo de recomendaciones, Amilivia concretó que, desde el punto de vista de liquidación del presupuesto, la Comunidad debería llevar a cabo actuaciones para que el margen de funcionamiento alcance niveles positivos. En relación con la solvencia, sería aconsejable vigilar el indicador de endeudamiento general y los índices de inmovilización y firmeza, con el fin de garantizar mayor independencia frente a terceros, así como una mayor estabilidad patrimonial.

La Comunidad debería realizar actuaciones para corregir el desequilibrio financiero a corto plazo existente, que ha generado un fondo de rotación o maniobra negativo en el periodo analizado. Además, debería corregir la tendencia inadecuada del indicador de liquidez inmediata.

También que, teniendo en cuenta que los gastos ocasionados por la pandemia son coyunturales y en buena medida no han de convertirse en gasto estructural, la Comunidad debe establecer un sistema específico en las partidas presupuestarias o fuentes de financiación para identificar los gastos e ingresos derivados de las medidas aplicadas como consecuencia de la COVID-19 en el ejercicio 2020, más allá de los textos de los documentos contables.

En relación con el análisis funcional de los programas y subprogramas de gasto y su impacto derivado de la COVID-19, la Comunidad debería ejecutarlos siendo coherente con las modificaciones presupuestarias que aprueba, evitando la existencia de remanentes de crédito a final del ejercicio, especialmente en aquellos en los que su peso relativo es mayor y se encuentran afectados por la pandemia.