Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, se enfrenta a uno de los momentos económicos más inciertos desde que fue nombrado titular de esta cartera y tras el desplome que supuso para las economías de mercado la irrupción de la pandemia. 

Tras anunciar ayer un techo de gasto no financiero récord para la Comunidad el próximo año, con un incremento sobre el anterior del 13,57% hasta los 12.470 millones de euros, el titular de economía hace balance del último ejercicio y desgrana las bases sobre las que se articularán los presupuestos, en los que trabaja aún junto a su socio de Gobierno, Vox.

Todo ello con la previsión que maneja el Ejecutivo de Mañueco para 2023, que pasa por un crecimiento del PIB regional del 1,6%, una tasa de paro del 10,1% y un aumento de los puestos de trabajo a tiempo completo del 2,3%.

Unas previsiones que dependen, en buena medida, de la evolución de la guerra en Ucrania, de los precios de las materias primas, de la moderación de los precios energéticos, del comportamiento de la inflación y de la capacidad de las empresas de la Comunidad por mantener empleo y ser competitivas. 

En este sentido, el Colegio de Economistas de Castilla y León (Ecova) ya adelantó el pasado mes de septiembre que los datos macro apuntaban a una posible recesión técnica en la Comunidad a finales de año. Datos que la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) confirmó hace un par de semanas en Valladolid.

Los números que tiene que hacer el Gobierno autonómico para cuadrar gastos e ingresos se complican, además, tras el tijeretazo que prevén los Presupuestos Generales del Estado de 2023 para la Comunidad, que recibirá un 4,17% menos de inversiones para el próximo año.

Además, también ha tenido que volver a sacar la calculadora para hacer ajustes tras el anuncio del Gobierno nacional de subir los sueldos a los funcionarios un 2,5% el próximo año y que afectará a cerca de 90.000 empleados en la Comunuidad.

Números y previsiones en medio de un escenario con una inflación disparada que todo hace indicar seguirá rondando los dos dígitos durante meses, con el euríbor en niveles de 2009 asfixiando aún más los bolsillos de los ciudadanos con hipoteca variable y afectando al consumo, y una política de subida de tipos de interés poniendo aún más difícil el acceso a la financiación.

Así las cosas, el titular de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León y portavoz del Gobierno, anuncia que "los próximos presupuestos para la Comunidad serán los más altos de su Historia", y continúa fijando como objetivo prioritario recuperar en 2023 el 100% del PIB perdido durante la pandemia (8,7%). La economía de Castilla y León ha recuperado ya el 93%, frente al 77% nacional.

Fernández Carriedo hace balance de la situación para EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León con la mirada puesta en la recuperación total de la economía castellana y leonesa. 

Han sido dos años muy complicados de los que hay que hacer balance...

Durante los dos años de pandemia se pusieron en marcha líneas de ayudas directas y de carácter financiero, desarrollando el potencial de la Comunidad para cuando la situación fuera de crecimiento económico. 

De hecho, la venta de suelo industrial ha sido incluso más alta que en períodos anteriores y hemos seguido creando puestos de trabajo: la tasa de desempleo de Castilla y León está por debajo de la media nacional. Sin embargo, empezamos a sufrir las consecuencias de la crisis, por lo que hemos planteado un programa de reducción de impuestos.

Nosotros hemos demostrado que somos capaces de mantener servicios públicos altos con impuestos bajos, por lo que esa idea de que no se pueden mantener si no es subiendo impuestos, hay que desterrarla. Igual que tenemos ejemplos de otras comunidades autónomas con impuestos más altos y servicios de mucha menos calidad que los nuestros. 

Nosotros apostamos por unos impuestos inteligentes y competitivos, un clima de diálogo para la inversión, hacer atractiva la Comunidad para los emprendedores y en definitiva, ofrecer un escenario de ayudas y suelo ventajosas para la inversión.

En Castilla y León cuando se nos dice cómo estamos en Educación, hablamos del Informe Pisa, mientras otras comunidades autónomas hablan de la cantidad de dinero que gastan. Y no siempre gastar más es garantía de mejores servicios, sino que se trata de gastar mejor. 

Hay que presentar en breve los Presupuestos de Castilla y León para 2023. ¿Qué nos puede avanzar?

El del próximo año será el presupuesto más alto de la Historia de la Comunidad, basado en la salida de la crisis y la creación de empleo, apoyo a las familias y personas con mayores dificultades para llegar a fin de mes, compromiso con el mundo rural, así como consolidar los servicios públicos, que son de muchísima calidad. Pero tendremos que hacer ajustes por gastos que se han disparado para las administraciones públicas.

Serán los presupuestos más altos, pero también en un contexto de inflación. No siempre disponer de más fondos supone poder hacer más cosas. El escenario de aumento de inflación nos ha permitido también aumentar la recaudación en Castilla y León, así como la bajada de impuestos. El próximo año no tendremos Fondo Covid aunque hay gastos Covid que sí continuamos gestionando. Pero para 2023 esperamos ya estar hablando de un déficit público en torno al 0,3% del PIB regional, más compatible con la estabilidad presupuestaria a medio plazo. Hablamos de un control en el volumen del gasto.

Son los primeros presupuestos del Gobierno de coalición PP-Vox. ¿Cuál ha sido la sintonía entre ambas formaciones?

Somos dos partidos distintos y con visiones distintas en algunos asuntos que son importantes, y eso es natural porque somos opciones políticas diferentes. Pero en otras hay una amplia coincidencia y en concreto, lo que tiene que ver con el Presupuesto de la Comunidad, coincidimos en que debe centrarse en el crecimiento económico y la creación de empleo, en los servicios públicos, en el mundo rural y en aquellos que más lo necesitan. Y creemos que es una buena base de partida para elaborar un presupuesto.

Cuando la gente votó en Castilla y León el 13 de febrero, quiso un Gobierno del Partido Popular que fue quien ganó las elecciones, pero también quería estabilidad y que nos entendiéramos con otras fuerzas políticas y el pacto de Gobierno es el que los ciudadanos han elegido.

Sin embargo, los PGE para 2023 contemplan un recorte en las inversiones para Castilla y León del 4,17%...

La prioridad de los PGE no son crear empleo ni la salida de la crisis económica, y a tiempo está el Gobierno central de poder rectificar. Pero para eso debería reconocer la gravedad del momento por el que estamos pasando. Hay una falta de sintonía entre el escenario económico del Gobierno central y la realidad. 

La delegada del Gobierno, Virginia Barcones, ha invitado a los ciudadanos a 'no fijarse en las cifras de estos PGE', como si en un presupuesto lo importante no fueran precisamente las cifras, sino la literatura, y al final los números son contundentes: el presupuesto de inversión sube en 15 comunidades autónomas y sólo baja en dos, una de ellas en Castilla y León. Y lo hace cuando se dispone de un aumento de la recaudación muy importante y con la llegada de fondos europeos, lo cual refleja el compromiso que han tenido con esta tierra. No han explicado aún por qué ésta es una Comunidad en la que los presupuestos tienen que bajar. 

Yo creo que el Gobierno nacional está a tiempo de rectificar y vamos a ayudarlo a hacerlo y a reconocerlo si lo hace.

Pero ¿cree que lo harán?

Bueno, nosotros vamos a intentarlo.

En plena batalla fiscal por bajar impuestos, a lo que se han sumado comunidades gobernadas por el PSOE, hay quien habla de que el dinero está mejor en el bolsillo de los contribuyentes y quien cree que quien mejor lo gestiona es la Administración...

No se trata de dónde mejor está, pero realmente cada euro que cobremos las administraciones públicas a un ciudadano, tenemos que hacer la pregunta de si vamos a ser nosotros más eficientes gastando ese euro de lo que lo sería el ciudadano haciéndolo él. Y sobre todo preguntarnos en qué va a contribuir a la sociedad. La gente está muy dispuesta a pagar impuestos si contribuyen a mejorar su vida o la de la sociedad en la que vive, o si permite disponer de unos servicios sociales de calidad. Pero la gente es reacia a pagar impuestos si al final en vez de ir a crear empleo o riqueza, se dirigen a tener una Administración Pública más grande. Lo que tenemos que plantearnos es si cada euro de impuestos que cobramos al ciudadano, somos capaces de devolverlo en forma de servicios. La gente sí está dispuesta a pagar impuestos cuando sabe que sus impuestos sí son útiles. 

Sin embargo, el Gobierno central también ha anunciado una rebaja fiscal para quien cobre menos de 21.000 euros, aunque deja fuera a quien cobre un euro por encima...

Desgraciadamente, para el Gobierno de España el que cobra 21.001 euros ya es rico, y no hace falta más que ver cómo está la vida para darnos cuenta de que no es así. Al final, los ciudadanos ven con rechazo cómo parte de sus impuestos van simplemente para tener una Administración cada vez más dimensionada, cuando lo que debemos plantearnos es cómo hacer más con menos.

Lo que hay que plantearse es si somos capaces de mantener los servicios que prestamos a la gente, con menos esfuerzo fiscal para el conjunto de los ciudadanos, que es lo que hacemos en Castilla y León. Preferimos que se nos mida por los resultados a por la cantidad de dinero público que gastamos.

Bueno, en Castilla y León se ha aprobado la mayor rebaja fiscal de la Historia, pero se les resiste la eliminación del impuesto de Patrimonio, que también demanda la propia CEOE... 

La gente hace mucho esfuerzo y trabaja mucho para luego poder legar eso a sus hijos, por tanto, los padres quieren que ese esfuerzo y ahorro valgan para que sus hijos puedan también tener un proyecto de vida y de negocio en una comunidad productiva, por eso hemos eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones en Castilla y León.

Venimos de eliminar ese gravamen, hemos rebajado el IRPF para todos los contribuyentes y creemos que hay que bajar impuestos, pero de momento éste es el paso que hemos dado, que no es pequeño.

Hablemos de los Fondos Next Generation, consejero: Los últimos datos indican que su Gobierno ha tramitado ya 620,5 millones de euros de estas ayudas europeas, pese a que el Ejecutivo nacional tramitó la mayor parte a finales de 2021, pero cuando hablamos con los empresarios, se quejan de que no llegan.

El mecanismo más habitual para que llegue a las empresas son los Pertes. Pero están convocados pocos y mal diseñados. Algunos son un ejemplo de que el número de solicitudes ni siquiera se corresponde con las expectativas de las convocatorias formuladas (el Perte de Automoción se quedó cubierto sólo en un 20%).

El propio diseño de las bases nacionales limita de tal forma la capacidad de las empresas para presentarse, que inviabiliza una respuesta positiva. Un error de este Gobierno es que son Pertes diseñados en lo que el Gobierno cree que es bueno para la sociedad y no en los planes que tienen las empresas. Sería bueno que el Gobierno comenzara a escuchar lo que realmente necesitan familias y empresas y no establecer esa idea de decirle a la gente lo que debe hacer, porque las empresas conocen mejor qué necesitan y lo bueno sería poderles ayudar en aquello que van a hacer y no en lo que el mercado no prevé. Las empresas son las que mejor conocen su sector y saben dónde necesitan invertir, y esta idea del Gobierno de Pedro Sánchez de saber mejor que los demás lo que hay que hacer, es equivocada. No hay que obligarles a hacer lo que no quieren hacer.

Esto nos lleva a la reflexión de por qué no somos capaces de hacerlo bien para otros sectores productivos donde parece que priman más los criterios ideológicos, por encima de por dónde va realmente el mercado. Y pelearse contra la realidad es un esfuerzo que no da fruto. Cuando hemos gestionado nosotros, sí han funcionado. Dos ejemplos: el de autoconsumo energético, que hemos tenido que pedir más fondos porque ha funcionado muy bien. Y somos la primera comunidad en porcentaje de pymes que han solicitado su kit digital, que también hemos gestionado nosotros. Son líneas de apoyo que funcionan. Pero cuando se nos deja hablar a las comunidades autónomas, pero no se nos escucha, las cosas no funcionan y las empresas no se presentan ni a las convocatorias.

¿Cómo va a articular la Junta de Castilla y León su política para, en un escenario tan complicado, bajar impuestos, crear empleo y mantener una senda positiva?

El deterioro de las expectativas ha sido muy acelerado y es un error negarlo e insistir en lo contrario. Ha sido uno de los problemas del Presupuesto del Gobierno porque hay una realidad y una tendencia que no se corresponden con la realidad. Y cuanto antes nos demos cuenta de ese deterioro, antes podremos reaccionar. 

Un deterioro en el que influye la subida de los precios de las materias primas, la inflación, la subida de los tipos de interés o el anunciado incremento de impuestos que va a contribuir negativamente en esa dirección. 

En contra de lo que ocurre en el conjunto de España donde hay un saldo comercial negativo, aquí en Castilla y León es positivo, somos capaces de exportar y competir en mercados muy exigentes y eso es porque el nivel de competitividad de las empresas es alto. Ahí tenemos a Renault anunciando un nuevo vehículo en su plan industrial, o en El Bierzo, en zona minera, cómo Tvitec ha anunciado una inversión importante de 180 millones de euros. Y esto significa que aquí sigue habiendo dinamismo empresarial. Y éstas son las bases que nos han hecho fuertes. Aquí la Junta es un elemento más del engranaje, pero el liderazgo ha de ser siempre de las empresas.

Pero el escenario es preocupante. ATA Castilla y León anunciaba hace poco que, si la situación continúa así, prevé una oleada de cierres...

Las empresas no pueden seguir deteriorando su margen de beneficios con los sobrecostes. También el pequeño comercio tiene un consumo energético muy alto, pequeños negocios de ámbito familiar, que han entrado en pérdidas y no siempre pueden, además, trasladar los incrementos de costes a los mercados, como les pasa a los agricultores y ganaderos también. Nos reclaman soluciones, por eso planteamos ayudas de autoconsumo energético en vez de prohibiciones, limitaciones y sanciones que es lo que plantea el Gobierno central.

Ellos tienen un escenario ideológico que anteponen al interés y realidad de los ciudadanos y empresas, y eso trae malos resultados porque la realidad se impone siempre. Se puede aguantar unos meses con ese escenario, pero al final el deterioro de las empresas pasa factura. Y lo que necesitan es un escenario de seguridad, garantía y estabilidad.

Castilla y León está mejor preparada que otras comunidades porque además nuestras empresas tienen un nivel de ahorro mayor, pero no estamos exentos de este problema. Por eso es tan equivocado, que justo en este contexto, el Gobierno anuncie subidas de impuestos a las empresas o anuncie subidas en las cuotas de la seguridad social que ni siquiera se habían anunciado, porque nos hemos enterado cuando los medios de comunicación han ido describiendo los PGE. Son nuevos impuestos sobre el empleo, que es lo que menos se necesita ahora que lo que nos hace falta es empleo. Se perjudica a las empresas a las que el Gobierno central ve como una fuente de pagar impuestos o más cuotas a la Seguridad Social.

Hablando de empresas, el alcalde de Valladolid fue dando pistas sobre la llegada de Inobat, la eslovaca de baterías eléctricas, aunque la Junta continúa manteniendo silencio...

Bueno, no es casualidad que entre los equipos directivos de las empresas que eligen esta Comunidad se encuentren personas que previamente habían trabajado en empresas internacionales en Castilla y León y que saben de la seriedad de este Gobierno y de nuestras posibilidades, por lo que cuando tienen que tomar decisiones otras empresas, también vuelven a pensar en esta Comunidad. Porque aquí el liderazgo le corresponde siempre a las empresas, la Administración está para acompañar y apoyar, pero no para anticiparnos en los anuncios de las propias empresas. Son ellas las que deben ir por delante y la Administración acompañando y no al revés, porque son ellas las que crean el empleo. Las empresas que han venido, no se han arrepentido y sirven de ejemplo para que vengan más.

Pero sí es cierto que Valladolid está especialmente bien posicionada para que Inobat elija asentarse aquí y no en una ciudad de Inglaterra, ¿no?

Castilla y León ha demostrado siempre su capacidad de atraer empresas a través de sus potencialidades, y en este sentido es necesario no sólo el trabajo durante meses intensos, sino que estos asuntos se lleven con la discreción de las administraciones públicas y el protagonismo de las empresas, que son las que crean empleo. 

Efectivamente, Castilla y León está especialmente bien posicionada con su liderazgo en el sector del automóvil ya no sólo por las grandes empresas que están aquí instaladas, sino por la red de proveedores que hay en la Comunidad. Nadie tiene 150 empresas importantes en su territorio y trabajo tan cualificado, que contribuyen a generar este polo de atracción en Castilla y León. Somos referencia nacional y estamos ubicados geográficamente en un lugar estratégico respecto a otros polos como el vinculado en Galicia, Aragón, Navarra, País Vasco o Madrid.

Si hablamos de balance y economía, consejero, la natalidad tiene mucho que ver con las oportunidades de crecimiento de Castilla y León, y no sólo apenas nacen niños sino que, además, tenemos un grave problema con la despoblación...

Lo primero que hay que tener claro es que no es una única receta la que contribuye a que la gente tenga más hijos, ni está asociado sólo al entorno en el que viven, también tiene que ver su decisión personal y momento vital, pero la obligación de la Administración es ayudar en esa decisión personal de las parejas. ¿Cómo? Creando empleo. Castilla y León tiene una tasa de desempleo por debajo de la media nacional, creando un escenario donde haya servicios públicos de calidad en el territorio, tenemos colegios abiertos allí donde hay tres alumnos y la mejor educación de España, y eso es un elemento positivo. Y las parejas buscan conciliación. Hemos puesto en marcha la educación gratuita para los niños de uno a dos años también, ayudas para las familias como cheque de ámbito familiar, reducciones fiscales, somos líderes en reducciones fiscales familiares, nos piden ventajas específicas en el mundo rural donde la densidad de población es menor, y darnos cuenta de que hay que estar muy atentos para ver qué obstáculos son los que retrasan esa decisión de tener hijos o incluso impedir que se produzca. 

Tampoco ignoramos que la natalidad es especialmente baja en los países occidentales y paradójicamente más en los países más desarrollados, contrariamente a lo que podría parecer. El número de hijos por familia es más bajo y la edad a la que se tiene el primer hijo empieza más tarde. A veces pensamos que tiene que mucho que ver con el nivel de desarrollo, y no siempre es así. 

Pero la realidad es que llevamos perdiendo población muchos años... 

Sí, pero se da la paradoja de que ya el último año aumentó la natalidad en Castilla y León y nuestro saldo migratorio es positivo, pero tenemos un saldo vegetativo negativo, aún hay más fallecimientos que nacimientos, y aunque comience a remontar la natalidad, la brecha que teníamos era muy importante. Además, somos conscientes de que para una tasa de reposición adecuada necesitaríamos que cada mujer tuviera 2,1 hijos, y en España estamos en 1,3 y en Castilla y León incluso un poco por debajo. No es que estemos cerca de remontar esa situación en términos de crecimiento vegetativo, es que aún nos falta mucho.

Ni siquiera la decisión de tener hijos está asociada sólo en el escenario en el que viven, también hay condicionantes personales. Pero hemos de ayudar con escenarios donde se cree empleo, y Castilla y León está por encima de la media nacional, así como garantizar los servicios de educación incluso en colegios con tres alumnos.

Al final hay motivaciones de todo tipo para esta decisión personal. No tenemos ningún país occidental con tasas por encima del 2,1, ni siquiera los países nórdicos llegan a tasas de reposición que entendemos como ideales y son países donde tienen una política de familia muy desarrollada.