Una nueva rebaja fiscal, la quinta en Castilla y León. Una rebaja que afectará para bien a casi 1.300.000 contribuyentes y que según la Junta supondrá un ahorro de 70 euros por ciudadano. Se trata de la quinta rebaja tributaria llevada a cabo en los últimos cuatro años, que se suma a las acciones que ha puesto en marcha la Junta dentro de los compromisos de su política fiscal. La primera de las medidas fue la bonificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobada en mayo de 2021.

De esta manera, la Junta de Castilla y León ha remitido al Consejo Económico y Social (CES) para su informe el Anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas que acompaña al presupuesto. El documento, que incluye nuevas rebajas tributarias, mantiene la apuesta de la Junta de Castilla y León por una política fiscal moderada y justa, con bajada de impuestos para reducir la carga fiscal de familias, jóvenes, autónomos y empresas.

El objetivo global del Presupuesto para 2025 y de la ley de acompañamiento es seguir impulsando un “crecimiento sostenido y sostenible, innovador y transformador de la economía de Castilla y León”, ha anunciado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que garantice “un tejido productivo moderno y competitivo en una economía global y conectada, utilizando las ventajas de las nuevas tecnologías y la transición energética, y fomentando al máximo la iniciativa a través del emprendimiento. Asimismo, en el ámbito de los servicios públicos, continuar con la consolidación de la calidad, la igualdad y la solidaridad en todo el territorio”. Esta ley, que tiene rango de ley, por lo tanto, necesitaría apoyo de las Cortes de Castilla y León.

En segundo lugar, en diciembre de 2022, se aprobó la Ley de Rebajas Tributarias que, entre otros beneficios, incluye la rebaja del 9,5 % al 9 % en el tipo del primer tramo del IRPF de la tarifa autonómica; la mejora hasta el 40 % de la deducción incrementada por nacimiento o adopción en el medio rural; y se elimina el pago de la tasa general por licencias de caza y pesca.

Además, se aplica una reducción del tipo en la transmisión de inmuebles para sede social o centros de negocios en el medio rural, bajando al 2 % frente al general del 8 %.

Asimismo, se elimina totalmente el pago del impuesto por el arrendamiento de fincas rústicas y se rebaja a la mitad el pago del impuesto aplicable a la transmisión de explotaciones agrarias.

El tercer paquete de medidas se incluye en la Ley de Medidas Tributarias de Castilla y León -aprobado en febrero de 2023-, que incorpora una mejora del tratamiento fiscal a familias numerosas, con un incremento del 20 % en la deducción; y el incremento hasta 1.500 euros anuales de la deducción por la adquisición de los jóvenes de su vivienda habitual en el medio rural.

El cuarto bloque se produce en 2024 con la reducción a la mitad el pago por las operaciones que se formalicen en escritura pública en el medio urbano y rural sobre suelo industrial y terciario en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados; la mejora de los beneficios fiscales aprobados el pasado ejercicio para favorecer la continuidad de las explotaciones agrarias, en relación con la bonificación del 100 % en la cuota del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas por arrendamiento de fincas rústicas; y los beneficios fiscales en apoyo a la familia y al medio rural, cuando se amplió la deducción incrementada hasta el 40 % por nacimiento o adopción en el medio rural a los residentes en entidades locales menores de 5.000 habitantes pertenecientes a municipios de más de 5.000 habitantes

De igual modo, se mantiene la congelación de tasas que viene aplicándose desde 2014, para no trasladar la inflación a los ciudadanos de Castilla y León.

Estas son las cuatro novedades tributarias

El nuevo paquete de rebajas tributarias que será aprobado por la Junta incluye varias novedades. Nueva rebaja del tipo mínimo de la escala autonómica en el IRPF, pasando del 9 % al 8,5 %, después de la bajada aprobada en 2022 (del 9,5 % al 9 %), lo que consolida a Castilla y León como la comunidad con el segundo tipo mínimo más bajo de España y también con una de las tarifas autonómicas menos gravosas para el contribuyente, al tener 3 de los 5 tramos de la tarifa autonómica rebajados respecto a la tarifa estatal.

Esta medida tiene por finalidad aumentar la renta disponible de todos los contribuyentes de la Comunidad, ya que todos están sujetos al tipo mínimo, y especialmente la de las rentas medias y bajas.

Nuevo beneficio fiscal para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes de la Comunidad, que crea un tipo superreducido del 3 % en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas para la adquisición, por jóvenes, de su vivienda habitual en el medio urbano de la Comunidad, cuyo precio sea inferior a 150.000 euros. Este tipo superreducido se une al tipo cero (0,01 %) vigente para los jóvenes del mundo rural.

Con este nuevo incentivo fiscal se hace frente a uno de los mayores retos a los que se enfrentan los jóvenes, el acceso a la vivienda, se fomenta su emancipación y, con carácter general, se atrae y fija población joven en la Comunidad.

Así, para Carriedo, “Castilla y León será la comunidad autónoma con los impuestos más bajos para los jóvenes respecto al alquiler y la adquisición de vivienda habitual”.

Incremento de la deducción en la rehabilitación de viviendas en el medio rural para alquiler. Se incrementa del 15 % al 20 %, una mejora del 33 %, el porcentaje de deducción en el IRPF que se aplica a las rehabilitaciones de estas viviendas.

“Esta mejora persigue un doble objetivo de política social y económica: por un lado, incentivar la rehabilitación del parque de viviendas existente en el medio rural, y por otro, facilitar el acceso a las mismas”, ha afirmado Carriedo.

Además, se amplían los beneficiarios de la reducción del 99 % de la base imponible del impuesto sobre sucesiones por adquisición de explotaciones agrarias, hasta los colaterales por consanguinidad de cuarto grado del causante, así como a cualquier adquirente persona física que a la fecha de fallecimiento del causante mantuviera una relación laboral a jornada completa dentro de la explotación agraria, con una antigüedad mínima acreditada de tres años. La finalidad de esta medida es fomentar la continuidad de la actividad agraria en el medio rural evitando el abandono de las explotaciones agrarias.

Finalmente, el Anteproyecto de Ley se completa con distintas modificaciones de orden técnico.