Los empresarios prescinden de los descuelgues salariales en la crisis COVID

Los empresarios de Castilla y León han prescindido de los descuelgues salariales como medida para superar la crisis del coronavirus. Las inaplicaciones de las condiciones pactadas en convenio se cuentan ya con los dedos de las manos, y solo fueron nueve en 2021 sobre 109 trabajadores, cuando en el año 2013, tras la reforma del gobierno de Mariano Rajoy, se dispararon hasta las 122 sobre 3.495 empleados. 

Esta figura, que no se ha tocado en la nueva reforma laboral, aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados, ha ido perdiendo peso a medida que se ha ido consolidando la recuperación, pero con la COVID tampoco ha sido recurrente para hacer frente a las situaciones comprometidas de las empresas, que apostaron por los expedientes de regulación temporal de empleo u otras medidas de flexibilidad. 

En este sentido, fuentes de CEOE Castilla y León consideraron a Ical que la evolución temporal de la utilización del descuelgue salarial "está muy ligada a la propia evolución de la economía en cada momento". "En épocas de crisis económica tiene mas sentido su utilización que en momentos de mayor estabilidad; pero incluso en momentos de grave crisis como la ocasionada por la pandemia, la existencia de otros mecanismos de flexibilidad como los ERTES han determinado una utilización menor del descuelgue salarial", sostuvo la patronal, que matiza que la destrucción del propio tejido empresarial producido desde el año 2013, y especialmente a causa de la COVID 19, también ha podido influir en la disminución del uso de este mecanismo.

Además, hay que tener en cuenta que las subidas salariales pactadas por empresarios y sindicatos no han alcanzado valores como para distanciase de los acuerdos, ya que el año pasado se situó en el 1,4 por ciento, cuando el IPC cerró el ejercicio en el 7,3 por ciento, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo.

La crisis financiera de 2008 dio lugar a una reforma laboral de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, en la que después profundizó la de Mariano Rajoy de 2012, estableciendo este mecanismo, por el que las empresas pueden acogerse a su derecho a no aplicar las condiciones pactadas en convenios colectivos, si concurren determinadas circunstancias económicas, técnicas, organizativas o de producción. 

Es decir, cuando están en dificultades, pueden incumplir lo pactado en negociación colectiva en aspectos como jornada o salarios, pactando con los sindicatos, En este sentido, en numerosas ocasiones se denunció que la pequeña empresa campó a sus anchas, ante la ausencia de delegados sindicales, con la creación de comisiones ad hoc por parte del empresario para rebajar las condiciones, algo que no ha sucedido en los nuevos tiempos de la pandemia. 

Las cifras del Registro de Depósitos de Convenios Colectivos, Acuerdos Colectivos de trabajo y Planes de igualdad (Regcon), revelan que las inaplicaciones salariales se concentran en las empresas de uno a diez trabajadores, 59,1 por ciento del total registrado desde 2012; frente al 27,9 por ciento en las de once a 49; el 5,7 por ciento en las de 50 a 99; y el cinco por ciento en las de más de 100 empleados. 

La evolución en la Comunidad, de los descuelgues, revelan que si en 2011-2012 ascendieron a once (515 empleados afectados); en 2013 se dispararon a 122 (3.495), para empezar a partir de entonces una bajada progresiva. El año 2014 fueron 75 (1,738 afectados); el 2015 se redujeron a 55 (1.295); el 2016, se contrajeron hasta 45 (639); el 2017 cayeron a 28 (365); el 2018 fueron 23 (269); el 2019 solo 16 (153); el 2020 subieron ligeramente a 20 (388); en 2021 sumaron nueve (109), y en lo que va de 2022 van tres (469.

Por provincias, el año pasado no hubo descuelgues en Ávila, Segovia, Soria y Zamora, y se registraron cuatro en Burgos, que modificaron las condiciones de 67 empleados; dos en Valladolid (22 afectados); y uno en León (uno), Palencia (cinco) y Salamanca (14), en los tres casos. En 2013, en el marasmo de la crisis financiara se produjeron ocho inaplicaciones salariales regionales (867 trabajadores afectados); 24 en Valladolid (741); 21 en León (764); 19 en Burgos (500); 14 en Ávila (83) y Palencia (173); 12 en Salamanca (256); ocho en Zamora (88); y dos en Soria (33). No hubo descuelgues en Segovia.

Flexibilidad interna

La patronal celebra una medida que "favorece la flexibilidad interna en las empresas" y es una "alternativa a la destrucción de empleo". "Se trata de adaptar las condiciones de trabajo existentes a las circunstancias concretas de carácter económico, técnico, organizativo y productivo por las que las empresas puedan encontrarse atravesando", apuntó CEOE Castilla y León. Además considera es un "recurso útil", pero admite que está condicionado no solamente por la existencia de "una casuística muy extensa, en cuanto a las situaciones de dificultad por las que puede atravesar una empresa, sino igualmente por si su utilización puede resultar eficaz o suficiente para superar dichas dificultades".

Respecto a otro tipo de figuras que permitan a la empresa adaptar las condiciones de su plantillas a la situación del mercado, CEOE reiteró que el siempre ha reclamado la existencia de mecanismos de flexibilidad que "permitan garantizar la continuidad de la actividad de las empresas, especialmente de aquellas que atraviesan por dificultades". Al respecto, "no se puede negar que son las empresas las principales generadoras de empleo" y es por ello que las políticas económicas a aplicar deben ser "sensibles" y "garantizar la existencia de diferentes alternativas legales que permitan al empresario continuar con su actividad, dado que ello determina directamente la continuidad de los puestos de trabajo".