Amoedo destaca la preparación y prestigio de Tomás Quintana

El procurador del Común, Javier Amoedo, ha destacado la "preparación" y el "prestigio" del catedrático de Derecho Administrativo Tomás Quintana para encabezar las funciones de la institución del Defensor del Pueblo en Castilla y León y ha augurado por ello que va a ser "un gran Procurador". "Si no lo es el primero que le va a dar unas collejas soy yo", ha bromeado Amoedo en su última intervención en el Parlamento regional.

A preguntas de los periodistas momentos antes de presentar en la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común la Memoria Anual del Comisionado de Transparencia correspondiente al año 2017, Amoedo ha explicado que conoce bien a Quintana, con quien compartió clase en la Universidad de León, y ha insistido en que se trata de una persona "muy preparada" y "de toda garantía" para concluir que es una "muy buena designación".

"Cuando me he enterado me he alegrado", ha reconocido Amoedo, quien se ha mostrado interesado en que su sustituto sea una persona con "prestigio suficiente" para desempeñar el cargo de defensor del pueblo en Castilla y León y mantener en "auge" una institución de la que se ha mostrado "tremendamente satisfecho" por el trabajo desarrollado por parte de un equipo "francamente bueno" y por su nivel de apertura a los ciudadanos. "Deja el nivel muy alto", ha reconocido por su parte el presidente de la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común.

Dicho esto, el actual Procurador del Común ha preferido no entrar en el debate político sobre la elección de Quintana consensuada por PP y PSOE con las críticas del resto de las fuerzas políticas por no haber podido participar en esa designación como ha lamentado este mismo jueves el portavoz de Ciudadanos en esta Comisión, José Ignacio Delgado, quien ha cargado contra el "bipartidismo excluyente" y contra las formas de PP y PSOE a los que ha acusado de juntarse para tomar un café y decidir un nombramiento que se debería haber elegido entre todos "por higiene democrática".

En el mismo sentido se ha pronunciado la portavoz de Podemos en esta Comisión, Josefa Rodríguez Tobal, que ha lamentado los "vicios" y los "compadreos" de Partido Popular y PSOE por haber adoptado solos decisiones que competen "a todos".

Más reclamaciones en lo que va de año 

Respecto a la Memoria Anual del Comisionado de Transparencia correspondiente al año 2017, Javier Amoedo ha significado el "ostensible" incremento del número de reclamaciones tramitadas el pasado año con 202, el doble que en 2016, a lo que ha sumado que en lo que va de 2018 hay ya mayor número de reclamaciones que en todo el ejercicio precedente.

En este sentido, Javier Amoedo ha considerado que sería "bueno" aumentar el personal de esta Institución para poder "agilizar" el trabajo de la Procuradoría y del Comisionado de la Transparencia ante el hecho "objetivo" de que las resoluciones van "en aumento" ante el mayor conocimiento por parte de los ciudadanos.

"Se va conocimiento más cada año y eso es un dato objetivo y demuestra que el trabajo que realizamos y la publicidad que damos al trabajo que vamos desarrollando tiene sus efectos", ha significado el comisionado de la Transparencia ante algunas de las críticas de los grupos parlamentarios.

Amoedo ha recordado también que, a diferencia de las del Procurador del Común, las resoluciones del Comisionado son "vinculantes" y "de obligado cumplimiento" y ha informado de que sólo se han recurrido tres que han pasado a la vía contenciosa y que todavía no se han resuelto.

Según consta en esta Memoria, el 60 por ciento de las 202 reclamaciones tramitadas en 2017 se presentó frente ausencias de respuesta a peticiones de información en las entidades locales (96 Ayuntamientos, doce diputaciones, doce entidades menores y una mancomunidad) el 21 se presentó frente a la Administración autonómica, el ocho por ciento a las universidades, el resto se presentaron frente otros organismos del sector público local, autonómico o colegios profesionales.

El 80 por ciento de las reclamaciones presentadas se ha interpuesto ante la ausencia de respuesta a una solicitud de información y un 20 por ciento ante una resolución expresa, donde los motivos que con mayor frecuencia han sido utilizados para denegar la información fueron los de protección de datos personales y la necesidad previa de reelaboración de la información solicitada.

Por otro lado, el 37 por ciento de las reclamaciones se presentó a través de medios electrónicos. En 155 de esas reclamaciones se ha adoptado algún tipo de Resolución por la Comisión; 61 de ellas han sido estimadas, total o parcialmente, y por tanto se ha ordenado a la Administración o Entidad afectada que proporcionase la información solicitada en cada caso y en 43 han sido adoptadas por desaparición del objeto al ser concedida la información solicitada cuya denegación había motivado la reclamación inicial. Cabe recordar que las resoluciones de la Comisión son obligatorias y ejecutivas, quedando sólo la vía contencioso administrativa.

Como ejemplos de algunas de estas resoluciones destaca que a través de ellas se ha instado a la Administración autonómica a facilitar los datos correspondientes a sus Relaciones de Puestos de Trabajo y a la ocupación de forma temporal de algunos de ellos, así como las retribuciones o dietas de diversas entidades públicas, y se ha solicitado que se proporcionen los datos en materia de publicidad institucional en varias administraciones.

Asimismo, se han solicitado por parte de los ciudadanos tener acceso a expedientes urbanísticos, información económica financiera, autorizaciones o licencias, entre otros temas.

Por otra parte y en cumplimiento del mandato específico contenido en la Ley, la Memoria incluye una parte en la que se ha tratado de realizar un informe general sobre el cumplimiento en Castilla y León de las obligaciones de publicidad activa y de acceso a la información --están obligadas a cumplir con los parámetros de publicidad activa más de 5.000 entidades--.

El Comisionado ha explicado al respecto que ante la ausencia de mecanismos jurídicos y medios para profundizar en esta área se ha solicitado la colaboración de las administraciones a través de la cumplimentación de una serie de cuestionarios, que tras su análisis se puede concluir que las administraciones públicas de mayor tamaño están realizando esfuerzos para cumplir la normativa pero más en el aspecto cuantitativo que cualitativo olvidando aspectos como la claridad, la facilidad en el acceso, la reutilización.

Por su parte, las entidades locales de menor tamaño o corporaciones de derecho público los incumplimientos alcanzan ambos aspectos. Con respecto a la Administración local (capitales de provincia, municipios de mayor tamaño o Diputaciones) se constata que continua siendo habitual que estructuren sus publicaciones en función de los criterios establecidos por Transparencia Internacional y relegando a un papel secundario la clasificación de la información en base a la normativa, además del uso excesivo del formato PDF para sus contenidos.