La guerra del agua continúa en Castilla y León, que sigue padeciendo una sequía agudizada por las escasas precipitaciones junto a una crisis hídrica que parece no tener un claro final. Una de las armas para combatir estos problemas ha sido el embalse de Ricobayo, construido en el curso inferior del río Esla y que el pasado verano fue protagonista de la polémica por su desembalse. La indignación explotó entre vecinos y hosteleros y se materializó en una denuncia contra Iberdrola y la CHD en el juzgado, que fue archivada. Las investigaciones policiales concluyeron que no se atentó contra el medioambiente ni se produjo desabastecimiento en los pueblos cercanos. Parte de los afectados, sin embargo, no han tirado la toalla y han recurrido ante la Audiencia Provincial de Zamora el archivo de la causa.

María Pilar Calvo Fernando, abogada zamorana que tiene su despacho en Salamanca, ha sido una de las caras visibles en la lucha por mantener la capacidad del embalse. Sin embargo es el Gobierno quien este verano adoptó, a través del Convenio de la Albufeira, el acuerdo de movilizar 400 hectómetros cúbicos del embalse de Almendra, y es quien acuerda el trasvase de agua de los embalses españoles a Portugal. El Convenio de Albufeira es un tratado internacional que regula el 'peaje' hídrico y las obligaciones vecinales de España con Portugal en materia de agua, dado que muchos de los ríos pertenecen a cuencas hidrográficas compartidas, ya que su nacimiento se produce en España, pero atraviesan también Portugal para desembocar en el Atlántico. De esta manera, los embalses de las cuencas compartidas están obligados a soltar agua por mandato del Gobierno para cumplir así con este compromiso legal internacional con el país luso.

"El año pasado se pasó de un 74% a un 10% en tres semanas. Se han perjudicado los regadíos, las tomas de agua y numerosos pueblos se quedaron sin agua potable. Desde el punto de vista medioambiental, aunque los informes que hizo la Guardia Civil señalaban que no habían afectado a la fauna piscícola, porque no había peces muertos, el Ministerio para la Transición Ecológica estableció mediante un informe que la concentración de oxígeno en agua estaba por debajo de un 5%. Lo que sería agua podrida", asegura. Extremo desmentido desde la compañía hidroeléctrica, que realiza un seguimiento limnológico de los embalses y asegura que los resultados, tanto el año pasado como este año, "muestran unos parámetros de calidad dentro de la normalidad, sin riesgo para el consumo humano ni para la vida acuática". 

A pesar de ello, la abogada sostiene que el no solo ha afectado a la provincia zamorana, sino también a otras provincias de la misma cuenca. "El embalse de Ricobayo vierte sus aguas al Duero y afecta a los embalses de Villalcampo, Castro, Aldeadávila, Miranda, Bemposta y Picote. Durante los meses de agosto y noviembre, las aguas de Villalcampo y Castro estaban en un 3% de oxígeno, saltos que proveen de agua para consumo humano a Carbajosa, Pino, Villadiego y Villadepera. El agua que se ha estado suministrando desde el año pasado a estos municipios no tenía todas las garantías y la gente no lo sabía".

El embalse fue construido en el curso inferior del río Esla en 1935, momento en el que se le otorgó una concesión de 75 años que finalizaba en 2010. Sin embargo, el por entonces presidente del Gobierno, Felipe González, durante su mandato, prorrogó dicha concesión 30 años más. Un hecho que contrasta con la ley de 1964 en el que se limitaba a un máximo de 99 años las concesiones hidráulicas.

"Es una situación de indignación total y absoluta. En una zona despoblada, no hay inversiones, no hay industria más que la del sector primario -bastante potente-, no tenemos fábricas de coches, altos hornos, ni química, ni nada. La única industria que tenemos es la producción de energía eléctrica, eólica, hidráulica y fotovoltaica. En el caso de la hidráulica se le adjudica en 1926 a la Sociedad Hispano Portuguesa de Transportes Eléctricos la concesión de los Saltos del Duero. Se expropiaron los terrenos y se construyeron las centrales. Todo lo generado se suministra inicialmente a los Altos Hornos del País Vasco".

Con esto, los afectados de Zamora se enfrentan al gigante energético: "Entendemos que Iberdrola está incumpliendo la concesión de 1926, porque no llevó a cabo las infraestructuras que tenía que hacer y se le obligaba a contratar gente de esta tierra para trabajar en las presas. En su momento sí que lo hizo, pero se trasladó la sede social y fiscal al País Vasco. Se han llevado a todos los trabajadores y han quedado una o dos oficinas en Zamora. ¡No nos han dejado nada! Para la seguridad se ha contratado a una empresa belga. Aquí se produce una cantidad ingente de riqueza que se contabiliza en el País Vasco. Si los impuestos revirtieran aquí, vale. La realidad es que se van a una Comunidad con una fiscalidad propia", ha remarcado Calvo.

La propia letrada junto con el exsenador constituyente Luis Rodríguez San León firmaron la denuncia por el desembalsado el pasado junio de 2021. Una situación en la que se llegó a pronunciar la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que calificó el movimiento como una "maniobra escandalosa". Sin embargo, no se actuó en consecuencia. "Este año se volvió a turbinar dejando sin regadío a Salamanca, Zamora y Ávila, porque dicen que Portugal necesitaba el agua. Cuando comenzaron las protestas se echaron para atrás".

Con todo, la situación generó serios problemas para la zona: "Los peces murieron en los embalses al enviarle el agua a Portugal. El Ministerio de Transición Ecológica acordó el año pasado que no podían bajar del 30% y los han dejado en un 12% en septiembre. He repasado el convenio de Albufeira y he preguntado a autoridades portuguesas y no hemos podido constatar que se hubiera hecho una petición de Portugal a España de un envío de agua. No se abrieron compuertas, se turbinó. Todo ello cuando el precio de la energía eléctrica estaba en torno a 500 euros el megavatio y cuando comenzó a bajar, dejaron de turbinar. Pasó el año pasado y vuelve a pasar este año".

La lucha frente a Iberdrola continúa

El pasado abril, el Juzgado de Instrucción número 4 de Zamora archivó la causa abierta contra Iberdrola y la Confederación Hidrográfica del Duero tras el vaciado del embalse. "Formulamos un recurso frente al auto que han archivado. Nos lo desestimaron como era evidente y ahora está en trámite el recurso de apelación. Se ha llevado a la Audiencia Provincial hace días, pero no sabemos lo que van a tardar en resolverlo", ha indicado María Pilar Calvo.

A la espera de la resolución, "cuando se hace un desembalse de este tipo tienes que solicitarlo a la Junta con tres meses de antelación y te lo tienen que autorizar, cosa que no ocurrió. La Confederación Hidrográfica del Duero miró para otro lado, la Comisión de Desembalses no sabía nada y nadie tomó ningún tipo de medidas salvo la propia Junta que abrió un expediente sancionador".

Y es que, legalmente, la extracción no "estaba amparada por la concesión, a partir de ahí se ha puesto en riesgo la flora y la fauna por el oxígeno de las aguas al estar por debajo de un 5%. Base jurídica hay, pero queda al albur de sus señorías determinar si se cumple el tipo objetivo del delito o si estamos ante una situación meramente administrativa".

Todo ello, no ha hecho más que generar problemas a unos agricultores desamparados por las instituciones en el desarrollo de su actividad profesional. "Un agricultor que regaba 120 hectáreas de maíz que tenía la toma del río ha tenido que hacer una inversión de 15.000 hasta 20.000 euros para regar, porque si no perdía la cosecha y con todo ello la inversión realizada. La desidia y dejadez de las administraciones públicas aboca a que la ganadería y agricultura se vean perjudicadas por falta de agua y cierren las explotaciones", ha sentenciado la letrada.