Aquel Consejo de Ministros que inauguró la legislatura de Mariano Rajoy tomó una decisión que, cuatro años después, puede ser fatal para las arcas del Estado a la vista de las conclusiones del abogado general de la Unión Europea. Eliminar el canon digital a cargo de las empresas tecnológicas y penalizarlo con el bolsillo de los españoles vía Presupuestos Generales del Estado sin tener en cuenta el daño causado a los autores es ilegal. En sus análisis prejudiciales ha sido tajante: no puede fijarse un límite previo como hace España, en función de los presupuestos asignados al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y no al daño real causado.
Golpe millonario
Las entidades de gestión reclaman casi 400 millones de euros a las arcas públicas por una responsabilidad patrimonial incumplida con los titulares de los derechos desde 2012 a 2015. Las entidades de gestión que interpusieron el recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 16.57 (“Jamás podrá exceder el límite presupuestario”) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, VEGAP, DAMA y EGEDA han estimado que el perjuicio es de 130 millones de euros anualmente. Estas sociedades han declinado hacer declaraciones por ser entidades demandantes del proceso pendiente de sentencia. Las conclusiones del abogado abren la puerta a la reclamación de la cantidad adeudada, si el Tribunal coincidiera con él en su sentencia.
Compensación insuficiente
El abogado explica que la compensación a los autores “no puede establecerse a priori y de manera rígida en un límite que no tenga suficientemente en cuenta el importe del perjuicio sufrido por los titulares de los derechos”. Es decir, el sistema creado por el PP es ilegal y la compensación de 5 millones es insuficiente. Hasta 2011 la compensación de los cerca de 115 millones de euros anuales queda congelada. Esto supuso una quiebra de la jurisprudencia comunitaria para las entidades, que demandaron.
Temeridad legislativa
El informe del abogado general indica que el sistema confirmado con la aprobación de la Ley de Propiedad Intelectual, en noviembre de 2014, sólo con los votos del PP, es ilegal. El sistema que se implantó y que defendió el Secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, no es acorde con la directiva europea, porque no es un sistema equitativo de compensación y porque no estudió el impacto económico sobre los titulares antes de actuar contra la anterior norma.
El sector cultural se reunió en noviembre de 2014 contra la Ley Lassalle.
Penalizar a ciegas
El Gobierno alega “una sana política presupuestaria” para justificar la aniquilación de la compensación a los creadores. Pero la Unión Europea responde que ese mismo principio exige que se efectúe un estudio de impacto económico y presupuestario de toda nueva norma. No se hizo. “Si se hubiera llevado a cabo tal estudio antes de la modificación del sistema de financiación de la compensación en concepto de copia privada, las autoridades españolas habrían conocido los importes necesarios para garantizar una compensación equitativa”.
El Ministerio, contento
A media tarde, la Secretaría de Estado de Cultura lanza un comunicado en el que asegura valorar “positivamente” las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la UE, porque “argumentan la clara compatibilidad con el ordenamiento jurídico comunitario la financiación de la compensación por copia privada a cargo de los Presupuestos Generales del Estado”. Efectivamente, el coste a cargo de los españoles no es lo ilícito que señala el informe, sino que no se compense lo suficiente y que no se hiciera un informe previo para calcular cuál es la compensación real antes de alterar el sistema. “¿Puede permitirse el Estado cargar a los españoles con una compensación de 130 millones de euros anuales? El abogado ha declarado ilícito este sistema del PP”, aseguran las fuentes de las gestoras de derechos consultadas.
Ignorar al Consejo de Estado
En diciembre de 2013 el Consejo de Estado adelantó las conclusiones del abogado, con un informe durísimo en contra del anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. El organismo no dejó lugar a dudas sobre la compensación a los creadores: “No resulta suficiente para cubrir las necesidades”. Este sistema “no tiene paralelo en ningún otro Estado miembro” de la Unión Europea. “Esta situación, que no es en absoluto descartable, supondrá de producirse una tensión en el sistema de compensación equitativa que no es deseable”, aclaraba el supremo órgano consultivo del Gobierno. Cultura no escuchó las apreciaciones de rectificación.
Dinero para el golpe
El responsable de Cultura, número dos de Méndez de Vigo y de José Ignacio Wert, aseguraba, tal y como recogió Europa Press, tener previsto un fondo de contingencia por si el Tribunal Supremo fallaba en contra de su reforma de de la Ley de Propiedad Intelectual. José María Lassalle reconoció que, ante la hipótesis de una posible sentencia desfavorable al Gobierno respecto al canon digital y el sistema actual de compensación por copia privada, “las contingencias presupuestarias siempre están atendidas por la capacidad que los Presupuestos Generales del Estado prevén para atender ese tipo de urgencias”. El resto de los grupos políticos del Congreso también dudaron de la fiabilidad de esta reforma y de sus graves consecuencias económicas.
Fracaso de una ley fracasada
Los titulares de los derechos se manifestaron en contra de la Ley Lassalle en pleno trámite de aprobación y terminaron pidiendo la dimisión de José María Lassalle. Pedían la retirada inmediata del proyecto de ley, porque el texto aislaba a los creadores y trabajadores de la cultura de Europa, como se indica en las conclusiones del abogado. Los titulares se manifestaron desprotegidos ante la prioridad de otros ministerios implicados en la aprobación de la norma. “Deja indefensos a los actores culturales”, se explicó entonces en un acto multitudinario, que recordó a las marchas de 2003 por el No a la guerra. “Sólo favorece a las empresas tecnológicas de aparatos reproductores”, añadió José Luis Acosta, presidente de la SGAE.
Acoso y derribo cultural
Las explicaciones del abogado general de la Unión Europea se suman a unas políticas que el sector ha descrito como perjudiciales para el desarrollo de las industrias culturales: el IVA más alto de Europa, el fracaso de la reforma de la Ley de Mecenazgo, los recortes sobre los Presupuestos Generales del Estado de la partida cultural, una Ley del Cine criticada, el patrimonio arrinconado, la falta de transparencia y la nula comunicación entre la Secretaría de Estado de Cultura y el sector que representa. La cultura ha acudido directamente a Europa a defender sus derechos, tal y como refleja este informe.