La sucursal del Museo Reina Sofía en Santander costará 10 millones

En octubre de 2014 se hizo pública la operación Archivo Lafuente, que conlleva crear una sede del Museo Reina Sofía en Santander para albergar, conservar y exponer los 120.000 documentos (revistas, cartas, libros, carteles, catálogos, panfletos) y 3.000 obras del coleccionista desde 2002 y empresario lácteo José María Lafuente. José María Lassalle, secretario de Estado de Cultura y santanderino también, es el activo más involucrado que Lafuente cuenta para llevar a buen puerto un acuerdo que obligará a rehabilitar el edificio Banco de España por casi 10 millones de euros, tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL.

Los documentos a los que ha tenido acceso este periódico aclaran que la intervención a acometer se ejecutará en un plazo de 24 meses, por un coste total de 9,6 millones de euros. EL ESPAÑOL ha preguntado a la Secretaría de Estado de Cultura quién pagará la obra civil: "Quien deberá asumir el coste es el Gobierno de Cantabria, que es el titular del edificio". La rehabilitación integral del edificio supone 6,9 millones de euros y un millón en suministros (armarios peines, planeros, equipos audiovisuales, informáticos, de conservación, mobiliario de exposición, de oficina, de biblioteca, etc). La comunidad autónoma ha presentado un déficit de 1,38%, incumpliendo así los presupuestos del Estado.

El “programa de necesidades del Archivo Lafuente”, firmado por el Museo Reina Sofía y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, asegura que “el estado de conservación actual es deficiente, requiriendo de una intervención integral de su conjunto interior con objeto no sólo de consolidar las estructuras presentes sino también de ponerlas en valor y adecuarlas a los frutos de nuevos usos”. En particular, explica el informe, que la utilización de la planta sótano se hace imposible “por las condiciones de humedad a que está sometida”.

El MACBA, la referencia

De esta manera, la superficie útil del edificio es de 2.646 metros cuadrados. Las áreas “que debería incluir el futuro proyecto de rehabilitación” se dividen en la zona de público, la de investigación y consulta, la de oficina, catalogación, recepción, restauración, almacén y áreas de servicio. La referencia que toma el estudio es el Centro de Estudios y Documentación del MACBA, por uso y escala: “Podríamos hablar de dos instituciones con objetivos y funcionamiento similar”.

En el área pública habrá una sala destinada a la exposición y otra a las actividades. La primera estará en la sala de acceso y recomienda “la posibilidad de oscurecerse total o parcialmente, ya que la exposición, en particular, de obras en papel requiere de las más exigentes medidas de control lumínico”.

De los 2.646 metros cuadrados de superficie útil, el espacio abierto al público, las salas de exposiciones y actividades, ocupan 650 metros cuadrados

El papel es el protagonista del archivo Lafuente que se idea en estos momentos. De hecho, la sala de restauración se indica que estará destinada “básicamente” a la limpieza y restauración de papel. En el almacén también se comprueba la incidencia de los 120.000 documentos, que estarán a buen recaudo en armarios compactos y planeros para los documentos. “Igualmente contará con un triple espacio-nevera regulado a diferentes temperaturas para almacenaje de material especialmente reactivo a las condiciones ambientales”, señala.

Junto a la sala de exposiciones hay una de actividades, que “será un espacio de pequeñas dimensiones que permita albergar conferencias de hasta 25-30 personas”. Como la propuesta arquitectónica está pendiente de diseñar, todavía se desconoce su ubicación. Además, hay espacio para una biblioteca de 20 usuarios máximo, y otro para investigadores. De los 2.646 metros cuadrados de superficie útil, el espacio abierto al público, las salas de exposiciones y actividades ocupan 650 metros cuadrados.

Carmen Cervera y Lafuente

Las condiciones en las que se va a firmar el acuerdo entre el empresario y el Estado nunca se han dado a conocer desde que se presentó. Sí se sabe que el mecenas Lafuente no quiere ceder su archivo, sino prestarlo durante 10 años para luego venderlo. “No me puedo permitir donarlo”, dijo en la presentación. De esta manera, nos encontramos con una situación similar y polémica a la generada con la colección de Carmen Cervera y el Museo Thyssen-Bornemisza. El propio Lassalle explicó en su día que dejaba la responsabilidad de la compra a quien estuviera en el Gobierno dentro de una década, eso sí, después de haber hecho la inversión para rehabilitar el espacio.

Por si fuera poco, el valor del archivo tampoco se ha tasado. Si se ha hecho un informe de catalogación sobre el conjunto a la venta no se ha dado a conocer y desde la Secretaría siempre han aclarado que no estaba listo. A pesar de ello, las referencias que se hacen a la colección es “de incalculable valor”. Pero en algún momento habrá que calcularlo porque ahora debe pagarse en 10 años. Lassalle nunca ha detallado cuánto está dispuesto a hipotecar los presupuestos del futuro.

Lafuente no tendrá ninguna limitación para realizar cesiones y depósitos temporales en cualquier momento

El pasado 18 de febrero se firmó un convenio entre Lafuente y el Estado, en el que quedaba claro que el derecho de uso preferente del Museo Reina Sofía sobre las obras prestadas no será gratuito y, además, será muy limitado. La puesta a disposición del Estado de los bienes del archivo y de José María Lafuente no será gratuita, se aclara en el convenio. Al contrario, al remitirse a futuros contratos de préstamo o depósito, esta cesión será siempre a título oneroso y a los precios habituales que el MNCARS abona por este tipo de préstamos y depósitos. Lo único que es gratuito es el derecho de uso preferente de los bienes de la colección por parte del MNARS, que constituye precisamente el objeto del convenio.

Además, la cláusula 14 dice que “el Archivo Lafuente y José María Lafuente podrán diferir el préstamo de determinados fondos del Archivo Lafuente al MNCARS, cuando estos hubieran sido previamente objeto de préstamo a terceros, al no tener disponibilidad sobre los mismos, justificando debidamente tal situación al MNCARS”. Es decir, Lafuente no tendrá ninguna limitación para realizar cesiones y depósitos temporales en cualquier momento de vigencia del convenio y aunque estén alojadas, conservadas y custodiadas, a coste público, en el edificio creado para sus documentos.

En el convenio se aclara que si Lafuente considera que no se cumplen las condiciones acordadas del depósito, podrá recuperar los fondos sin coste

Por último, la cláusula 4.1.4 del convenio al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL es claramente perjudicial para los intereses del Estado. En ella se dice que si una vez depositados los bienes en la sede de Santander, el archivo Lafuente (o el MNCARS) considera que no se cumplen las condiciones acordadas del depósito, podrá obligar a trasladar la colección a la sede del MNCARS de Madrid o, a su elección (a través de la denegación del consentimiento al traslado), recuperar los fondos sin coste. A los especialistas consultados por este periódico, les sorprende que los servicios jurídicos de la Secretaría hayan aceptado esta cláusula, “claramente dañina a los intereses generales”.