Ilustración de Ajubel.

Los asistentes a la reunión organizada por Álex de la Iglesia en la sede de la Academia de Cine han salido bastante satisfechos. Todos coinciden en que "ha sido un buen comienzo". En la misma mesa, aparte del director vasco, que hacía de anfitrión, se han sentado representantes de los bandos enfrentados sobre el marco legal que debe regularlos derechos de autor en Internet. Por una parte, Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, y Julio Alonso, director de Weblogs. Por la otra, Pedro Pérez, presidente de la Asociaciones de Productores Audiovisuales de España (FAPAE).

Elcultural.es ha conversado con todos ellos tras el encuentro. Parece que verse las caras de cerca les has hecho recapacitar. Han constatado al fin que un acuerdo, en el fondo, les favorece a ambos. El propio Álex de la Iglesia explica esa -digamos- iluminación mutua en los siguientes términos: "Los unos nos necesitamos a los otros. El público a los creadores y los creadores al público". El problema es que esa relación se encuentra emponzoñada por -según Pedro Pérez- "un tercer grupo intermediario que provee contenidos protegidos en la Red". Para que desaparezca, advierte el presidente de la FAPAE, es necesario "instaurar un nuevo modelo de negocio".

En este nuevo modelo hay una costumbre que ha de erradicarse: "la barra libre de contenidos". Aquí coinciden todos, de nuevo. "Nunca antes en la historia de la explotación de los derechos de propiedad ha primado la gratuidad. Los creadores y los proveedores de sus creaciones deben obtener su beneficio. El gratis total en Internet tiene que acabarse", señala Pérez.

Lo que tiene también que acabarse, a juicio de los internautas, es la posibilidad de que una comisión, de naturaleza administrativa y controlada por el Ministerio de Cultura, pueda cerrar, motu proprio, una web. "Esto atenta contra la tutela judicial efectiva. Una decisión así sólo puede tomarse por un tribunal de la administración de Justicia", afirma Víctor Domínguez,

Álex de la Iglesia asiente: "Yo creo que la ley Sinde lo establecía así, pero parece que hay cierta confusión, por eso este punto debe redactarse de forma más clara, para que no haya dudas de que sólo los jueces tienen potestad para clausurar una web". El cineasta no sabe en qué medida esta iniciativa suya puede tener influencia en la negociación política. Pero sí al menos tiene la esperanza de que "los políticos aprendan a relacionarse mejor con los ciudadanos, porque hay ya un gran hartazgo de la crispación".