Hace unos catorce meses pusimos sobre la columna de aire las elecciones a la dirección de la SGAE, tras el desmantelamiento por lo judicial del chiringuito de desviar dinero a los propios bolsillos que al parecer (en julio se cumplirán dos años de aquella operación SAGA y el sumario sigue instruyéndose) tenía montado la anterior junta directiva con Eduardo Bautista a la cabeza.

Allí intentamos explicar qué supone ser un socio de poca monta de tal entidad y cuáles parecían desde tal posición los asuntos principales que causaban en nosotros y en los no socios de la calle la sensación de que sería mejor que tal sociedad (una de las "instituciones" en que los españoles se ponen de acuerdo a la hora de maldecir) se refundara por completo o, directamente, desapareciera.

Volvemos a ello tras lo ocurrido la semana pasada, en la que la votación de las cuentas se saldó con la salida a la palestra y lamentable confrontación de intereses particulares y oposición desaforada por parte de empleados de la misma junta directiva al trabajo de su presidente, Antón Reixa. Tal era el clima previo en el avispero que se había planteado como una especie de moción de censura a su gestión.

La presente convulsión parece provenir, al menos en parte, del intento del regente gallego de atajar corruptelas y fraudes. En tal asamblea el mismo Reixa atacó sin cautelas a una parte de los que se enfrentaban a él. Son aquellos con los que mantiene un pulso desde mediados de marzo, cuando, mediante carta enviada a los socios, denunciara la irregular situación de once afiliados enriquecidos de forma rara-rara-rara en los últimos años ejerciendo como intermediarios en la música de las emisiones televisivas de madrugada. El caso es complejo y huele a chanchullo por todos lados. Por si no lo conocen es básicamente el siguiente:

Las cadenas de TV pagan a SGAE un canon anual por la utilización de su catálogo. Este canon supone la mitad de los ingresos totales de la sociedad de gestión. Desde hace un tiempo, las televisiones han creado editoriales musicales que intermedian en parte del catálogo que emiten y como editores perciben una parte de lo que SGAE les cobra, recuperando así lo que pagan. Merced a estas editoriales musicales, las cadenas de televisión se han convertido a la par en cliente pagador y en editor cobrador de derechos de autor. A ello, obsceno pero aún legal, se suma que esas editoriales televisivas contabilizan especialmente el repertorio editado por ellas y que éste consiste generalmente en arreglos sobre músicas de dominio público y suena en esos programas de madrugada de azar o tarot, donde intérpretes tocan (a menudo de modo inaudible) músicas que ciertos intermediarios (cesionarias y productoras) preparan para generar unos derechos de autor en alegre reparto con las televisiones. Así, según el sindicato de guionistas ALMA, en 2012 más del 60% del repertorio editorial de TVE se concentra en 4 autores. Todo ello apestaba. En marzo Reixa, o sea SGAE, denunció tal tinglado de intermediarios que con el advenimiento de las televisiones se llevan parte del otro 50%, correspondiente al compositor-arreglista de tales músicas. Fundamentalmente un grupo de once afiliados a SGAE que habría pasado de obtener en conjunto una suma de 550.000 euros de cobro por derechos en 2005 (con 106 obras registradas) a más de 25 millones (con casi 25.000 títulos), convirtiéndose de ese modo en los que más recaudan: el triple que autores de moda como Pablo Alborán. Para acabar con lo que considera un fraude, SGAE ha modificado su reglamento, lo que entrará en vigor a partir de la recaudación de julio de 2014.

De tales denuncias públicas y reformas vienen muchos de estos lodos. Parece que ellas han desatado la ira de estos socios "supernumerarios" que han intentado sacarlo de pista. Como los que más cobran también son los que más votos tienen, junto con otros opositores a la directiva de Reixa, casi lo consiguen. Esos otros opositores vienen acusando a Reixa de malas prácticas y se suman últimamente a las voces que claman por la ineficacia en la gestión económica y a las que lo hacen por causar enfrentamientos entre socios, que más bien parece una preciosa forma de llamar a lo que Reixa ha hecho de tirar de la manta de los intermediarios y las televisiones.

En abril, Reixa ya había pasado por un trance complicado que llegó a provocar una moción extraordinaria para decidir su continuidad. Fue cuando se supo que 23 días antes de que Juan Carlos Fasero se incorporara a SGAE como delegado de la zona noroeste, desde su todavía cargo en la Axencia Galega de Industrias Culturais (Agadic), había firmado una sustancial ayuda (casi la tercera parte del presupuesto total de la Xunta en 2012 destinado a la distribución de espectáculos escénicos y musicales) para financiar la gira madrileña del montaje Galicia Caníbal. O musical, de Filmanova Invest, productora de Reixa. Todo ello acabaría con la destitución en mayo de Fasero, un despido disciplinario por no informar de la ayuda, y la consiguiente reacción pública del destituido delegado de la zona noroeste.

Estos asuntos con tintes escandalosos y la Asamblea General Ordinaria de la pasada semana muestran cómo sigue la cosa por SGAE. La aprobación de cuentas fue una reunión, a puerta cerrada, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Pero según cuentan los cronistas que vienen siguiendo e informando de estos asuntos (como Daniel Verdú en El País y Darío Prieto en El Mundo) y consiguieron enterarse de algo, resultó tensa y camorrista. Poco se debatió allí sobre los problemas que acucian a los creadores culturales por la recesión de la demanda, la brutal subida del IVA o los cambios en la ley de propiedad intelectual impulsados por el gobierno Rajoy. Mucho menos se habló seriamente de los esenciales problemas de transparencia y democracia internas y ya no digamos sobre cómo convertirse en un agente regenerador y potenciador de la alicaída creación cultural del país.

Finalmente las cuentas fueron aprobadas por el 56,13% de los votos frente al 42,95% en contra. Reixa aguanta este segundo envite, así pues, pero todo ello muestra una situación más turbia que hace catorce meses. Ayer, 26 de junio, supimos que el ruido de sables continúa y a un volumen cada vez más alto. Antonio Onetti, uno de los que más apoyó a Reixa y actual presidente de la Fundación Autor (que entre muchas otras cosas gestiona el monstruo llamado red de teatros Arteria), anunció que dimitirá por profundas desavenencias. Todo esto podría acabar con una nueva moción de confianza el próximo 16 de julio o con elecciones anticipadas.

La acción más notable de Reixa y su SGAE ha sido esta seguramente bienhechora intervención ante un chanchulleo aparentemente flagrante, lo cual no deja de ser algo que afectaba al reparto económico de los socios. Pero mientras la última asamblea y todas las polémicas surgidas en los últimos meses siguen trayendo olores a momia, a cloacas subterráneas y a dinero mal adquirido y guardado en cuevas, los cambios imprescindibles y prometidos no han empezado a darse. Mientras se busca la trampilla por la que ha de caer Reixa por su atrevimiento a remover y hacer público algún que otro sumidero, queda por hacerse todo aquello que la nueva junta directiva y su presidente predicaban poco más de un año.