Sin ley ni reformas

Hemos debido soportar decisiones personales carentes de control social. Nunca se elaboró un proyecto de gobierno, se prefirió introducir parches

La transición política española de la dictadura a la democracia no estuvo tan llena de virtudes como nos quieren hacer creer algunos, pero supuso un cambio sin duda respecto a lo existente. Donde no hubo transición fue en el teatro. Crecieron los presupuestos de cultura y con ellos los destinados a ayudas al teatro; se crearon algunas instituciones teatrales de financiación pública, etc.; poco más. Lo que no se modificó en absoluto fue la estructura de relaciones y la toma de decisiones dominante. Cambiaron evidentemente los criterios y las personas, pero la totalidad de las decisiones siguieron en manos del cargo público de turno y se adoptaron siempre con absoluta discrecionalidad. Baste recordar que los teatros públicos nunca disfrutaron de una autonomía administrativa y de gestión, a fin de que asuman sus responsabilidades programáticas y gestoras ante organismos colegiados en los que se reúnen miembros de la administración y de las entidades que configuran la sociedad civil.

Tampoco se introdujeron las imprescindibles reformas organizativas en el conjunto de la trama teatral, ni se estableció un compromiso por el teatro como bien de cultura. No hemos tenido programas que establecieran un proyecto a corto, medio y largo plazo que nos permitiera trabajar hacia la consecución de objetivos concretos.

Las autonomías, excepto en lo referente a su producción propia y no siempre, han supuesto en la práctica la gestación de peligrosas endogamias, desconexiones y pérdida de expectativas comunes. Hoy el terreno está erizado de dificultades para establecer acuerdos que vertebren las tareas escénicas en España y una gran parte de la ciudadanía así como mucha gente de teatro lo ignora. En definitiva, hemos debido soportar decisiones personales carentes de control social. Nunca se elaboró un proyecto de gobierno. Se prefirió seguir dando continuidad a lo existente, introduciendo parches más o menos amplios. La Asociación de Directores de Escena reclamó casi desde sus inicios la existencia de programas específicos respecto a la organización y desarrollo de la acción teatral, elaborados por los partidos políticos o los gobiernos que se han sucedido. Nunca se hicieron. Con el mayor respeto hacia las tareas que emprendieron en su día el INAEM junto a otras entidades escénicas, la ADE se propuso la elaboración de un Plan Nacional para el Teatro. Hemos establecido un índice de 19 capítulos que van desde los fundamentos de una política cultural y teatral en un Estado moderno hasta propuestas estructurales y organizativas, la creación literiodramática, el concepto de repertorio, etc. Sobre todo ello existen numerosos estudios, algunos de ellos traducidos al castellano, pero que simplemente no se han leído ni tenido en cuenta nunca. Diré para concluir que no es de recibo que sigamos hablando de determinados temas con absoluta impunidad y desprecio, como si estuviéramos en épocas pretéritas. ¿Qué le pasa al teatro y a las gentes que en él trabajan, que aceptan el pasado existente como lo único posible?