Apresurémonos a advertir que lleva este libro el subtítulo Política y religión en la II república española (1931-1936), que es lo que propiamente se explica en sus páginas. Y no puede ser más novedoso y me atrevería a decir que importante.

Se trata de una investigación basada en un amplio elenco de prensa y bibliografía de la época. Y la tesis fundamental es ésta: la política religiosa de la II República nació sesgada desde la elaboración de la Constitución de 1931. El Gobierno formó una Comisión redactora, que preparó un anteproyecto liberal: el Estado se declaraba laico; se reconocía el peso social de la religión católica y se reconocía personalidad jurídica a la Iglesia. Pero las elecciones a Cortes Constituyentes de junio de 1931 dieron el triunfo a la izquierda, en la que se impuso el maximalismo. No bastaba con someter la Iglesia al derecho común; había que reducir su influencia; así que en la Comisión parlamentaria de redacción del proyecto constitucional se modificó aquel anteproyecto: el Estado seguía siendo laico pero desaparecía el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia y se imponía la enseñanza estatal en los primeros niveles educativos, excluyendo los colegios privados, en su mayoría católicos. Luego vino la discusión del proyecto en las Cortes y los socialistas se mostraron aún más intransigentes: si la Iglesia carecía de personalidad jurídica, no podía ser titular de propiedades, de manera que hasta los templos debían pasar a ser bienes del Estado, aunque se dejara a los curas dedicarlos al culto; culto que sólo podría ser privado; los religiosos no podían dedicarse a la enseñanza más que para formar a sus novicios. Y se prohibía el voto de obediencia a cualquier autoridad extranjera (de manera que la Compañía de Jesús tenía que dejar de existir). Se trataba en suma -dice el autor- de llevar a cabo una verdadera revolución religiosa. Los católicos quedaban excluidos de la República. Luego, cuando una gran parte de ellos dio a la CEDA la victoria en las elecciones de 1933, los socialistas darían otro paso: ya que no bastaba la revolución religiosa, harían la revolución política, negándose a aceptar el resultado de las urnas. Supuso la Revolución de 1934. La sangrienta persecución religiosa de 1936 no sería más que el corolario. Primero se había echado a los católicos; luego se había supeditado la democracia a ese fin y ahora se les mataba.

No se entiende cómo, si fueron así las cosas, persiste el discurso oficial que nos habla de un golpe de estado fascista dado en 1936 contra un régimen democrático. No había tal. En 1936 hubo un golpe militar contrarrevolucionario; porque se había desencadenado una revolución antidemocrática. Otra cosa es que el general que llevó el gato al agua se quedara con él cuarenta años. Para entender que fuera así, álvarez Tardío examina el pensamiento político de la época y da la clave: los socialistas de aquel tiempo consideraban la democracia y el liberalismo (y la libertad religiosa) como un sistema caduco, que había que superar por medio de una revolución. Lo malo es que los contrarios pensaban lo mismo. Se evitó una dictadura comunista y se impuso una de derechas.