Francis Fukuyama. Foto: Kike Para

Hace diez años la principal cura que los expertos recetaban a los Estados en dificultades era la del adelgazamiento, mientras que hoy la preocupación se centra en la debilidad de esos Estados. En su último y muy interesante libro Francis Fukuyama explica por qué.

Fue tras las crisis de finales de los años noventa cuando se impuso la percepción de que los problemas del desarrollo eran más complejos de lo que parecían creer los partidarios del "consenso de Washington", llamados neoliberales por sus críticos. A partir de entonces la opinión dominante sostiene que es bueno adelgazar... pero sin perder musculatura. Es decir que el mercado no impulsa por si solo el desarrollo si no existe un Estado de derecho que garantice la libertad económica, propor- cione las infraestructuras necesarias y fomente la educación. El propio Milton Friedman ha reconocido recientemente que, para la transición a la economía de mercado, el Estado de derecho es más importante que la privatización.

Este es el tema que Fukuyama, catedrático de Economía Política Internacional en la Universidad Johns Hopkins, analiza en la primera parte de La construcción del Estado. Su tesis es que, al analizar las funciones del Estado, es necesario tener en cuenta dos dimensiones. Por un lado su alcance, es decir, si un Estado se limita a realizar tareas básicas como defensa, ley y orden y salud pública, o aborda también otras más ambiciosas, y por otro su eficacia en realizarlas, que depende de la calidad de su administración pública. Respecto a lo primero, un exceso de alcance puede resultar perjudicial si se traduce en una restricción de la libertad económica, pero no hay un consenso respecto a los límites óptimos y los europeos prefieren un Estado de más alcance que los norteamericanos. Ahora bien, según Fukuyama, lo más importante para el desarrollo es lo segundo, la eficacia del Estado.
Un Estado eficaz ha de basarse en una administración honesta y competente pero, como explica el catedrático norteamericano en la segunda parte de su libro, no resulta fácil transpasar a los países en desarrollo el modelo administrativo de una Dinamarca, por ejemplo. Porque no se trata tan sólo de buenas prácticas que se pueden copiar, sino de todo un sustrato cultural que sólo se modifica lentamente y hace difícil que la ética profesional de la burocracia arraigue en países habituados a prácticas clientelares.

En la parte final del libro Fukuyama analiza los gravísimos problemas que los Estados débiles o fracasados plantean a la comunidad internacional: violaciones de los derechos humanos, conflictos internos y externos, migraciones masivas y promoción del terrorismo internacional. Ello dio lugar a las "intervenciones humanitarias" de los años noventa, en las que la comunidad internacional se arrogó el derecho de violar la soberanía de ciertos Estados en nombre de principios superiores a la soberanía nacional.

Tras el 11-S ha surgido un tipo de intervención internacional más polémica: la guerra preventiva auspiciada por el gobierno de Bush. El debate más importante no se refiere al caso concreto de la guerra de Iraq, acerca de cuya valoración Fukuyama se muestra dudoso, sino al principio básico de qué instancia debe decidir, en caso necesario, una intervención. Los norteamericanos tienden a atribuir esa responsabilidad a los Estados, y en concreto al suyo, mientras que los europeos son más favorables a las organizaciones internacionales. En el plano teórico, admite Fukuyama, parecen tener razón los europeos, pero existe un problema: las organizaciones internacionales carecen de fuerzas propias para actuar. Sólo los Estados soberanos disponen de esas fuerzas y no les resulta sencillo coordinarse para una acción firme. Durante los años noventa se logró en los casos de la guerra del Golfo y de Kosovo, pero ello no habría sido posible sin un fuerte liderazgo de los Estados Unidos.