Manuel Azaña

La cuestión catalana, escribiría Azaña en uno de sus últimos artículos periodísticos, fue un permanente "manantial de perturbaciones" desde que el nacionalismo político catalán hiciese su aparición a finales del siglo XIX.

La creación del Instituto de Estudios Catalanes, en 1907, o la puesta en marcha de la Mancomunidad catalana, en 1914, son momentos clave en el proceso de consolidación de un sentimiento nacional que, al proclamarse la segunda República española, creyó llegada su oportunidad de avanzar decididamente hacia una diferenciación política con respecto al resto de España. De hecho, a la misma hora en que se proclamaba la República en Madrid, Francesc Maciá proclamaba en Barcelona la República Catalana como estado integrante de una supuesta Federación Ibérica.

El pronunciamiento de Maciá, acompañado de otro similar que hizo Lluis Companys, tomaba como referencia lo acordado por republicanos españoles y catalanes que se habían reunido en San Sebastián en agosto del año 1930. Niceto Alcalá-Zamora -y no Manuel Azaña, como se sugiere en el estudio preliminar- haría valer allí el principio de que los catalanes someterían su estatuto a las futuras Cortes Constituyentes, cuya autoridad reconocían, pero la cuestión catalana se presentaba complicada para quienes trabajaban por el cambio de régimen político en España. Manuel Azaña ya había expresado su opinión a finales de marzo de ese mismo año en Barcelona, con ocasión de una visita de intelectuales madrileños a la capital catalana, y allí manifestó su admiración por la cohesión nacional de Cataluña. Es el primero de los textos recogidos por el académico Eduardo García de Enterría en un volumen que reúne también discursos parlamentarios, anotaciones de su diario y algunos artículos periodísticos relacionados con la guerra civil. Todo ese material está incluido en las Obras completas de Azaña (1966), junto con las ediciones de los discursos realizadas por Javier Paniagua (1992) y Santos Juliá (2003) que, curiosamente, no aparecen citadas en este volumen.

El excelente estudio introductorio de García de Enterría centra su atención en las intervenciones de Manuel Azaña que, como presidente del Gobierno, tuvo que hablar sobre el tema de la autonomía catalana en el debate constitucional y en el que, inmediatamente después, se suscitaría sobre la propuesta de estatuto que se hizo desde Cataluña. Debates en los que, como en estos días, se planteaba la cuestión de la dificultad de engarzar las exigencias catalanas en el marco constitucional. Los argumentos jurídicos, sin embargo, no fueron completamente iguales y García de Enterría aporta una reflexión de gran calidad sobre la aplicación del derecho de autodeterminación, que había cobrado una gran actualidad con las doctrinas que el presidente Wilson llevó a la conferencia de París, tras el final de la guerra europea. Azaña entendió que el problema catalán no se podía soslayar y puso toda su formación jurídica al servicio de la solución del problema, especialmente en el discurso de 27 de mayo de 1932, esencial para la comprensión de su postura, y al que el autor dedica algunas de las mejores páginas de su estudio.

El Estatuto se aprobaría en la línea sugerida por Manuel Azaña que, sin embargo, adoptaría una postura política difícil de comprender a partir de las elecciones del año 1933, que no ayudó a la consolidación del régimen político republicano. De "verdaderamente subversiva" la califica Eduardo García de Enterría, cuando nos recuerda que Azaña pidió la anulación de las elecciones de 1933 e insistió durante meses en la deslegitimación de los vencedores. No saldría de esta actitud hasta que, vueltas ya las izquierdas al poder tras el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936, empezará a utilizar el término "piedad" para poner fin a los enfrentamientos entre españoles.