El Supremo sentencia por fraude la devolución de 5,1 millones a CCM

Los hechos datan de 2008 y 2009, años convulsos para Caja Castilla-La Mancha (CCM) previos a su intervención por el Banco de España en marzo de 2009. El Tribunal Supremo acaba de ratificar la sentencia dictada en enero de 2021 por la Audiencia Provincial de Cantabria contra el administrador de un grupo empresarial cántabro, que condenó a cuatro años y tres meses de prisión por falsificar hasta 108 certificaciones de obra pública, y presentarlas ante siete entidades bancarias para obtener así anticipos millonarios. La mitad de ellos en la sucursal número 13 de CCM en la ciudad de Albacete.

En esta oficina, como en el resto de los bancos, el condenado lograba importantes cantidades de dinero a que no tenía derecho mediante el descuento (endoso) de múltiples certificaciones de obra pública, principalmente del Gobierno de Cantabria y de dos ayuntamientos de la Comunidad. Unas certificaciones que si bien no se correspondían con la obra contratada o el importe que contemplaba no se ajustaba con el real de la certificación, siendo muy superior a esta. Incluso, continua la sentencia, “en algunos casos una misma certificación se endosaba a varias entidades bancarias”.

En la sucursal número 13 de CCM en Albacete, el condenado contaba con J.M., gestor comercial de la caja de ahorro y con autorización, hasta su despido en noviembre de 2008, para operar la cuentas del administrador sancionado. Sin embargo, el empresario cántabro continúo operando en esta oficina, lo mismo que el bancario despedido en su condición de administrador de una de sus empresas, Proy Eurosistemas, de la que tenía un 30% de capital. No obstante, la resolución de la Audiencia de Cantabria, ratificada ahora por el Supremo, absuelve al trabajador de CCM de cooperación en los delitos de estafa y falsedad pues “la colaboración entre ellos no acredita en modo alguno que el empleado de banca estuviese al tanto del origen falso de las certificaciones que el empresario descontaba, ni de la improcedencia de los pagos que efectuaba”.

La sentencia condena al principal acusado, además de la pena de cárcel, a indemnizar a los bancos en la cantidades que se concretaron en la fase de ejecución de sentencia, un total de 7,5 millones, que en el caso de CCM corresponden 5.158.000 euros. Un crédito que ahora deberá percibir Unicaja como entidad absorbente en su día de la caja de ahorro castellano manchega.