Como viene haciendo puntualmente cada año, FORBES ha hecho públicos los salarios de los presidentes de las 17 comunidades autónomas del país. Una información que siempre levanta ampollas pues, al no existir un baremo público nacional para determinarlos, cada Gobierno se rige por sus propias leyes, es decir, las redactadas por ellos mismos en su propio beneficio. En el caso del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la paga anual del mandatario regional es de 83.531 euros, en la media de la tabla, bastante alejada del que más percibe (Pere Aragonés, Cataluña, 106.778 euros) y también del que menos (Juanma Moreno, Andalucía, 68.243 euros). A partir de su toma de posesión en 2015, García-Page comenzó recibiendo el mismo salario de su predecesora en la presidencia, María Dolores Cospedal, unos haberes de 68.981 euros. Una cantidad que ha ido aumentando progresivamente en estos años hasta los emolumentos actuales.

Mas el problema de la política en España no es lo que cobran sus representantes, tampoco los presidentes autonómicos, una retribución comparativamente más baja que la de sus homónimos de otros países del entorno. La incógnita es la ristra de asesores que pueden designar a dedo cada uno de ellos en sus respectivos territorios y departamentos ministeriales, los dominios donde sestean habitualmente las redes clientelares.

Cada vez que hay elecciones autonómicas, también generales y municipales, miles de cargos públicos dependen del resultado en este país, muchos de ellos militantes en sus partidos desde la adolescencia y la política como único empleo. Una convocatoria solo apta para afiliados de la formación ganadora, cuyo futuro laboral depende exclusivamente de los contactos políticos del aspirante, y no de su experiencia laboral para conseguir el empleo encomendado. Un procedimiento que estimula más al candidato en lo primero que en el desarrollo de su propio talento.

Mientras en este país las formaciones políticas funcionen como empresas de recursos humanos por cuenta de la Administración, el problema no será cuánto perciben estos cargos, sino quién los nombra, utilidad y criterios de selección adoptados. Y cuando un país, comunidad autónoma o Ayuntamiento se siente administrado por ineptos, no es extraño que el sueldo de sus políticos siempre parezca excesivo.