Es importante destacar que lograr los hitos fijados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no supondría alcanzar un El dorado global, sino cubrir unos mínimos.
Por ejemplo, nadie viviría con menos de 1,25 dólares al día, pero seguiría habiendo muchos que contarían con poco más-. O contener el calentamiento global, pero sin lograr aún revertirlo. Se busca evitar el colapso al que conducirían situaciones de sufrimiento extremo, daños ecológicos irreversibles y el aumento de los conflictos sociales y geopolíticos.
A finales de 2021 habrán transcurrido seis de los quince años previstos para el cumplimiento de esta Agenda 2030. Es decir, un 40% del tiempo disponible. Y cabe preguntarse cuál ha sido el grado de avance hasta la fecha. Este progreso se mide en 232 indicadores adoptados por Naciones Unidas que la red SDSN sintetiza en el SDG index.
Lograr los hitos fijados por los ODS no supondría alcanzar un El dorado global, sino cubrir unos mínimos.
Los resultados no son muy alentadores: calculando la media global, el punto de partida era 64% y hoy solo hemos llegado al 65,5%, lo que implica que en el tiempo restante habría que ir nada menos que 15 veces más rápido. La pandemia nos frenó aún un poco más., pero el ritmo era ya completamente insuficiente.
En España, partíamos de un nivel de cumplimiento del 78,5% y solo hemos mejorado hasta el 79,5%. Recordemos que sería un error pensar con complacencia que ya tenemos un notable alto porque el 100% de los ODS sólo significa superar umbrales mínimos.
Así, por ejemplo, según los datos del INE, la tasa de personas en riesgo de pobreza o exclusión social (ODS 1) se sitúa en un alarmante 25% -¡un cuarto de la población española!-. En educación (ODS 4), la tasa de niños y niñas que al final de la primaria han alcanzado al menos un nivel mínimo de competencia en lectura y matemáticas ha descendido en los últimos años y no supera el 68%.
Sobre cambio climático (ODS 13), estamos disminuyendo las emisiones de efecto invernadero sólo a razón de un 2% anual. Esto permitiría alcanzar en 2030 el conservador objetivo fijado por la Ley de Cambio Climático de reducir en un 23% de las emisiones, pero quedaría muy lejos del compromiso europeo de reducir el 55%. Y más aún de la neutralidad climática que escuchando los discursos políticos parecería una realidad a la vuelta de la esquina.
Tendríamos serias dudas sobre el éxito de la expedición al Everest si en el día 40 sólo hubiéramos cubierto un 5% del camino
Está claro que no vamos bien. Como dice con lucidez Santiago Saura, concejal de Madrid, avanzamos en la dirección correcta, pero nos falta velocidad. Digamos que, si quisiéramos coronar el Everest en 100 días, resultaría normal que pasáramos inicialmente algún tiempo en el campamento base, aclimatándonos, quizá poniendo a tono los músculos, preparando el equipo y planificando la ruta.
Pero seguramente tendríamos serias dudas sobre el éxito de la expedición si en el día 40 sólo hubiéramos cubierto un 5% del camino. Nos encontramos exactamente en esa situación, apenas saliendo del campamento base.
En España, por ejemplo, tras dos años y medio de Gobierno de Rajoy y tres y medio de Sánchez, sólo ahora se acaba de publicar una estrategia de país, que ha sido elaborada desde una Secretaría de Estado aunque cuenta con que muchas de las acciones habrán de ser asumidas a nivel autonómico y local.
Se ha fijado un plan. Pero ¿será suficiente para dar un vuelco a la situación? Veamos los tres grandes tipos de dificultades que superar, que no son de índole técnica, sino principalmente políticos.
En primer lugar, los desafíos de la Agenda 2030 son de naturaleza compleja, problemas de los que se suelen llamar enredados, o incluso perversos (wicked problems, en inglés). Son difíciles de formular en términos de causas y efectos, en cuyo abordaje es necesario avanzar de manera simultánea y convergente en diferentes frentes, adoptando una mirada sistémica, y donde las acciones emprendidas pueden tener efectos que parezcan paradójicos.
Ante ellos no caben soluciones simplistas. Es el caso por ejemplo de la ley trans -todavía en tramitación-, que parte de un objetivo loable, como es el proteger a un colectivo desfavorecido, pero cuyo enfoque desestabiliza el entramado actual de políticas públicas con perspectiva de género (ODS 5) que se basa precisamente en las categorías que esta ley busca difuminar. En otras palabras, buscando proteger a un colectivo de decenas de miles personas, perjudicamos potencialmente a 24 millones.
Por ejemplo, la ley trans parte de un objetivo loable, como es el proteger a un colectivo desfavorecido, pero cuyo enfoque desestabiliza el entramado actual de políticas públicas con perspectiva de género
Otro problema complejo es la economía circular (ODS 12), una de las nueve políticas palanca recogidas en el plan de acción del Gobierno. Implantar este nuevo paradigma requiere no sólo superar desafíos tecnológicos para mejorar la tasa de recuperación de materiales, sino transformar la lógica de diseño de los productos, así como sus cadenas de suministros.
Se requiere también una transformación en los hábitos de los ciudadanos y el desarrollo de sistemas adaptados de recogida y transformación de residuos a nivel urbano, regional y nacional. Existen pues múltiples dimensiones y actores que intervienen en el problema, que se relacionan de manera compleja.
Esto nos lleva al segundo desafío. ¿Cómo conseguir que esos múltiples actores -gobiernos centrales en diferentes países, administraciones a diferentes niveles y de diferentes signos políticos, distribuidores, fabricantes, investigadores, consumidores, sociedad civil…- colaboren o cooperen en torno a un objetivo común?
La colaboración es tanto más difícil cuanto en numerosas ocasiones se plantean dilemas del prisionero. Es decir, situaciones en las que todos ganaríamos si decidiéramos colaborar y adoptar prácticas sostenibles, pero en la que el riesgo para un actor es alto si dicho actor lo hace en solitario y los demás no le secundan.
Por ejemplo, un país o región que emprendiera en solitario una remodelación profunda de su sistema energético o sus sistemas de movilidad tendría que asumir sobrecostes que le harían menos competitiva con respecto a otras regiones que siguieran utilizando tecnologías más asentadas (y contaminantes).
Dada la complejidad de los retos, es difícil sostener que una colaboración al nivel y con la velocidad deseada pueda establecerse de manera espontánea, ni por buenismo ni por la lógica mercantil del laissez faire. Por otro lado, una vía demasiado dirigida o jerárquica (top-down) resultaría poco eficiente y podría encontrar oposición por resultar autoritaria.
Existe una tercera vía, que consiste en poner en marcha mecanismos de gobernanza flexible, plataformas colaborativas que reúnen a múltiples actores y sectores en torno a un desafío o misión. Esto, que puede resultar algo abstracto, está empezando a encarnarse con éxito en algunas experiencias reales.
Un ejemplo es la reciente iniciativa CitiES 2030, plataforma impulsada desde El Día Después por cuatro ciudades españolas de distintos signos políticos (Madrid, Valencia, Barcelona y Sevilla) que constituyen un espacio de colaboración público-privada-social en torno a la misión europea de conseguir ciudades climáticamente neutras.
Por supuesto, el despliegue y consolidación de estas iniciativas no es fácil y aún queda camino por recorrer para conseguir establecer mecanismos e indicadores claros que permitan medir la eficiencia y la eficacia de estas plataformas. En definitiva, su éxito a la hora de favorecer la transición ecológica.
La tercera preocupación es probablemente la que más debe preocuparnos en España. Podemos considerar que la Agenda 2030 cuenta con el necesario discurso político en términos de narrativa de cambio y planes que sobre el papel permitirían cumplir casi plenamente los objetivos, pero hay más dudas respecto a la preocupación por implementarlas de forma eficaz.
En efecto, en el sistema actual parece existir una cierta desconexión entre la voluntad política declarada y la calidad de la implementación.
La Agenda 2030 cuenta con el necesario discurso político en términos de narrativa de cambio, pero hay dudas respecto a su implemnetación
¿Cómo explicar, sino, el batacazo de políticas ideadas para combatir la pobreza como el Ingreso Mínimo Vital? El IMV -que incidiría en el ODS 1- se lanzó de manera precipitada en mayo de 2020, buscando sin duda un efecto mediático.
Su diseño no está adaptado a las circunstancias de los más vulnerables pues añadió burocracia y planteaba condiciones que dejan fuera precisamente a los que más lo necesitan. Adolece también de graves problemas técnicos y de un despliegue administrativo claramente insuficiente. Un año después de su lanzamiento se había concedido la prestación únicamente a un 31% de los potenciales beneficiarios.
Hubiera sido probablemente más eficaz -aunque menos mediático y vendible políticamente- haber reforzado el sistema de rentas mínimas autonómicas o incluso haber considerado la implantación de un sistema de renta básica incondicional.
En su último libro, el economista y filósofo belga Philippe Van Parijs sostiene que para implementar políticas públicas innovadoras y transformadoras se necesita una combinación de perfiles. Está claro que necesitamos visionarios, quijotes capaces de imaginar utopías posibles.
Quijotes además que se atrevan a imaginar más allá de las ideologías de uno y otro signo. Pero, sobre todo, en el momento actual, necesitamos sancho panzas, fieles y leales escuderos, con verdadero conocimiento y experiencia, capaces de trabajar pacientemente en la sombra y desarrollar los procesos y mecanismos adecuados para que la transformación pueda concretarse.
Escuderos leales, sí, pero no sujetos a la tiranía de las audiencias ni a la férrea disciplina de los partidos. Escuderos capaces de plantarle cara a Don Quijote para decirle que aquellos gigantes son en realidad molinos de viento. Quizá el enclave ODS está en la ínsula Barataria.
*** Teresa Sánchez Chaparro es profesora de la Universidad Politécnica de Madrid.