Un concejal de la CUP, primer imputado por incitación a la sedición

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado a Joan Coma,concejal de la CUP en Vic, por incitar a la sedición, convirtiéndose así en el primer cargo público investigado por incitar a la independencia en Cataluña. Se le acusa por el llamamiento que hizo a desobedecer las resoluciones del Tribunal Constitucional cuando se debatía en el pleno la legalidad de una moción de apoyo a la declaración independentista del Parlamento catalán.

Según confirman fuentes jurídicas a EL ESPAÑOL, el magistrado acuerda su investigación a raíz de la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que dirige Javier Zaragoza. Esta investigación se enmarca en la causa que ya se investiga a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) por delitos de rebelión y sedición por "impulsar" y "promover" las mociones de ayuntamientos catalanes de apoyo a la resolución independentista del Parlament catalán, anulada por el Tribunal Constitucional.

Reclamó desobedecer

Durante la sesión del pleno a la que hace referencia el auto, el ex líder del partido Plataforma per Catalunya (PxC), Josep Anglada, planteó como cuestión previa la retirada de esa moción de apoyo, basándose en un informe del secretario municipal que advertía de la ilegalidad de esa iniciativa.

El fiscal recogía en su escrito que hubo "referencias directas a la comisión de actos contra la legalidad" y Coma reclamó dejar de "supeditar las decisiones de nuestras instituciones a las decisiones de las instituciones españolas".

En su intervención, el concejal de la CUP añadió: "desobediencia, hace tiempo que venimos reclamándolo. Nosotros siempre hemos dicho que para hacer la tortilla habrá que romper los huevos". Además, aludió "expresamente" a la declaración de soberanía del Parlament no como "simplemente declaración de intenciones", por lo que conminó a los asistentes al pleno a que se tomaran "muy en serio la declaración".

Moreno investiga tres ayuntamientos

Ismael Moreno es el único juez de la Audiencia Nacional que tiene abiertas investigaciones a varios ayuntamientos a raíz de varias denuncias de la Fiscalía por delitos de rebelión y sedición tras apoyar la resolución independentistas del Parlamento catalán del 9 de noviembre.

Además del de Vic (Barcelona) tiene abiertas causas sobre Girona y Deltebre (Tarragona). Sin embargo, otros magistrados como José de la Mata o Carmen Lamela decidieron archivar las denuncias, decisión confirmada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

En esta resolución, el tribunal explicaba que estos delitos requieren "actos concretos" que "inciten" a la ciudadanía a conseguir por la fuerza la derogación de la Constitución o la independencia. Un argumento similar al que ya expuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) cuando rechazó dos querellas contra la presidenta de la Asamblea autonómica, Carmen Forcadell, y varios de sus diputados.

Para la Sala, en este momento actual no se puede atribuir a los ediles actos concretos que hubieran provocado estos delitos. Es más, la Sala recuerda que cuando se dio luz verde a ambas mociones municipales aún no se había aprobado la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba la ilegalidad e inconstitucionalidad de la resolución soberanista aprobada por el Parlament.

Según los magistrados, no parecía que esa moción de adhesión hubiera ido más allá aunque dejaban la puerta abierta a que el escenario judicial pudiera modificarse en caso de nuevos actos.