El concejal de Seguridad de Carmena, imputado por llamar "fascistas" a unos municipales

Enésimo problema legal para el equipo de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. En esta ocasión es Javier Barbero, su concejal de Seguridad, Salud y Emergencias, el que se encuentra en el punto de mira de la Justicia. Barbero tendrá que acudir a los juzgados de Plaza de Castilla el próximo 25 de abril por llamar "fascistas" a unos policías que le acosaron en la calle el pasado 16 de febrero. 

Una denuncia del Colectivo Profesional de Policía Municipal obligará a Barbero a hacer el 'paseíllo' en Plaza de Castilla.  Según la versión oficial del Ayuntamiento de Madrid, "las declaraciones por las que el sindicato ha presentado su acusación" se produjeron tras el "acoso" al que fue sometido en una manifestación del sindicato. 

En una rueda de prensa posterior al incidente, Barbero respondió a la pregunta de un periodista con estas palabras: "La imagen que han dado ese grupo pequeño, bueno, pues a mí a lo que más se me asociaba, básicamente, es a esos grupos de fascistas que hemos visto en algunas ocasiones, pero insisto que es un grupo pequeño el que ha hecho ese tipo de expresiones tan deleznables, a mi entender". 

En un comunicado oficial, el equipo de Manuela Carmena explica que Barbero recibió la citación judicial este martes y que ha han decidido hacer pública la noticia en aras a la "transparencia" que predican desde Ahora Madrid. El texto también indica que el concejal acudirá al tribunal "confiando plenamente tanto en la Justicia como en su inocencia". Cibeles subraya que este proceso legal se encuentra en fase de diligencias previas.

Barbero se suma a la lista de concejales de Carmena con 'affaires' con la Justicia. Rita Mestre fue recientemente condenada a pagar 4.320 euros por irrumpir semidesnuda en el altar de una capilla. Por su parte, Guillermo Zapata estrenó los dolores de cabeza de Carmena al poco de llegar al Ayuntamiento. El entonces responsable de Cultura -hoy edil de distrito- fue imputado por unos tuits antes de entrar en política. Su caso se encuentra pendiente de un recurso de apelación tras el segundo archivo del juez instructor. 

Tras las navidades, Celia Mayer también se vio envuelta en la polémica tras una denuncia a los titiriteros que contrató para una obra infantil en la que se mostraba una pancarta haciendo apología de ETA.