La inhabilitación de Torra por desobediencia obligará a Sánchez a negociar cara a cara con un condenado

Este jueves, el president de la Generalitat, Quim Torra, será salvo sorpresa inhabilitado para ejercer su cargo por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que tiene previsto hacer público su fallo sobre el conocido como caso de los lazos o pancartas reivindicativas que el jefe del Ejecutivo autonómico colgó de la fachada del Palau contra las órdenes explícitas de la Junta Electoral. 

Si es condenado por desobediencia con una pena de inhabilitación, Torra podría recurrir el fallo al Tribunal Supremo, que es quien hace firme el fallo. No está claro que apele, aunque los últimos análisis sobre la situación de la siempre líquida política catalana apuntan a que podría hacerlo para ganar tiempo al frente de la Generalitat mientras decide, con más o menos influencia del expresident fugado Carles Puigdemont, si convoca o no elecciones autonómicas.

La decisión de llamar a las urnas en Cataluña es un cóctel con muchos elementos: además del ánimo de cada momento concreto, está la investidura de Pedro Sánchez y sus primeras semanas o meses al frente de un Gobierno con plenas funciones, el posible reconocimiento de la inmunidad para Puigdemont, que le permitiría ejercer como eurodiputado, y el estado de las difíciles relaciones entre JxCat y ERC. 

En cualquier caso, parece que un Torra inhabilitado estaría aún semanas o algún mes más en el cargo. Eso abriría un nuevo escenario para Sánchez, en caso de ser investido antes de finales de mes, como busca. 

La clave de bóveda de la negociación de investidura de Sánchez con ERC es un documento en el que quedará plasmado el compromiso de crear una mesa de diálogo entre Gobiernos, el del conjunto de España y el de la Generalitat. La máxima representación de la Generalitat seguirá siendo Torra, por lo que esa mesa podría contar con una de sus dos partes inhabilitada para ejercer un cargo público, una situación inédita e insólita que complicará mucho las cosas a Sánchez. 

El presidente del Gobierno de España no sólo tendría que sentarse a la mesa con quien consideró el 'Le Pen' de la política española, al que prometió no coger el teléfono hasta que ERC le obligó. Estaría dialogando con un inhabilitado por la Justicia para ejercer su cargo. Y estaría hablando nada menos de cómo solucionar la crisis en Cataluña que el último comunicado conjunto de PSOE y ERC bautizó como el "conflicto político sobre el futuro de Cataluña" para el que los independentistas buscan un referéndum.