La activación de la política de Memoria Democrática costará al Gobierno casi 12 millones de euros

La activación de las políticas de memoria histórica al amparo de la nueva Ley de Memoria Democrática que el Congreso aprobará a comienzos del próximo año supondrá un gasto de 11,8 millones que aparecen consignados en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022.

En concreto, son 11.826.300 euros los que figuran en el documento entregado hoy a las Cortes para desarrollar aquellas novedades que comportará la entrada en vigor de esta norma, cuyo debate de totalidad celebra mañana el pleno de la Cámara Baja.

Estos 11,8 millones elevan en 500.000 euros los 1,3 millones presupuestados para el vigente ejercicio, con una previsión de actuaciones que también estaba sujeta a la reforma normativa que estaba prevista para este año 2021, pero cuyo retraso no permitirá aplicar muchos de sus planes hasta el próximo.

Por ese motivo, en la descripción del programa dedicado a Memoria Democrática, a cargo del Ministerio de la Presidencia, se repiten muchos de los enunciados que ya figuraban en los presupuestos de 2021, como los referidos a la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y la Dictadura, la actualización del mapa de fosas, un nuevo banco nacional de ADN de familiares y un censo de víctimas.

Eso sí, la guía de objetivos eleva a un millar los cuerpos que se prevén localizar en 2022 gracias a las actuaciones impulsadas desde el Gobierno, y se cuantifican en 800 los cuerpos que se quieren exhumar; el cálculo para el año en curso apunta a 700 desaparecidos localizados y 450 exhumaciones.

El número de fosas actualizadas en el mapa nacional se mantiene en 400 y suben a 120 los beneficiarios de subvenciones para aplicar políticas de memoria, 40 de los cuales en régimen de concesión directa y 80 en concurrencia competitiva.

Se calcula la incorporación de un millar de víctimas al Censo Nacional de Víctimas, la misma cifra que figuraba para 2021 y que no pudo ejecutarse porque la ley no ha sido aprobada aún.

Igualmente se presupuesta la recogida de ADN a 500 familiares y se repite la catalogación no realizada de 200 edificios que fueron construidos mediante trabajos forzados por los batallones disciplinarios del franquismo.

El documento con las cuentas públicas de 2022 indica que la nueva Ley de Memoria Democrática podría estar aprobada antes de que acabe el primer trimestre del próximo año y destaca que permitirá iniciar la "monumentalización" de los llamados "lugares de memoria".

También continuar con la resignificación democrática de Valle de los Caídos con intervenciones para identificar "el mayor número posible" de restos allí depositados, así como crear un Centro Nacional de Memoria Democrática que funcione como "organismo de referencia" en las políticas de promoción de los derechos humanos.

Para la gestión del banco de ADN de los familiares de los represaliados del franquismo hará falta adquirir un software ya previsto en el presupuesto del Ministerio de Presidencia, y también se consignan varias actuaciones específicas concretas.

Una de ellas es una exposición sobre La Desbandá, el éxodo a pie desde Málaga hasta Almería de civiles y tropas republicanas ante la llegada del Ejército franquista a la provincia y que costó la vida a muchas personas.