Informes de la Guardia Civil sobre sus buques oceánicos.
Interior admite la falta de mantenimiento en sus buques contra las pateras y lanza una subcontrata
Un informe de la Guardia Civil reconoce sus carencias para mantener y reparar los buques que controlan la inmigración irregular.
4 septiembre, 2024 02:28La Guardia Civil reconoce en un informe sus carencias para mantener y reparar los buques con los que controla la inmigración irregular hacia las islas Canarias, en la ruta del Atlántico, la principal vía de entrada de cayucos y otras embarcaciones a lo largo del último año.
El documento al que ha accedido EL ESPAÑOL está elaborado por el Mando de Fronteras y Policía Marítima del Instituto Armado, dependiente del Ministerio del Interior. En él se admiten las deficiencias de los buques utilizados para controlar las pateras, así como la "insuficiencia de medios" en el Cuerpo para suplir esas necesidades.
El dossier pertenece a una licitación de Interior en la que se remarca la exigencia de "ejecutar un nuevo expediente de emergencia para cubrir las prestaciones mencionadas, por un periodo desde el 1 de agosto de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, entrada prevista del expediente que se pretende tramitar".
El Servicio Marítimo de la Guardia Civil dispone actualmente de tres buques que componen su flota oceánica. Estos "son imprescindibles para poder llevar a cabo las funciones propias del Cuerpo en los diferentes espacios marítimos donde opere", explica el informe.
"Tanto la gestión de los buques como su mantenimiento periódico son necesarios para garantizar su funcionamiento", prosigue. Pero ahora, la Guardia Civil "no dispone de personal para llevar a cabo esta gestión y el mantenimiento en su totalidad". Por tanto, el Instituto Armado se ve obligado a contratar dicho servicio de forma externa.
Los buques están continuamente sometidos a períodos de navegación intensos que afectan a sus condiciones. Ahora, con el incremento en la llegada de inmigrantes por vía marítima, también están realizando operaciones en el exterior.
"Con motivo de las operaciones internacionales para prevenir la inmigración irregular que actualmente viene desarrollando el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en aguas de la costa del continente africano, y especialmente en aguas jurisdiccionales de Mauritania y Senegal, puede hacerse preciso la realización de trabajos de mantenimiento correctivo en dichos países", señala el documento.
Así, Interior ha lanzado una licitación por valor de 31 millones de euros. En ese contrato la Guardia Civil reconoce la insuficiencia de medios del cuerpo para mantener la flota.
Cifras nunca vistas
Las necesidades de la Guardia Civil en materia de inmigración se han incrementado en los últimos meses. La crisis de pateras y cayucos hacia canarias se ha recrudecido en un mes de agosto de auténtica "emergencia", sobre todo en Ceuta y en el archipiélago.
La llegada de inmigrantes en situación irregular a la ciudad autónoma por la frontera terrestre con Marruecos se ha triplicado respecto a los datos de 2023. En las Islas Canarias, el dato es también espectacular: el 123,1% de subida frente al año pasado: a sus costas han arribado ya 25.524 personas, más de 200 al día en la última quincena.
El documento del Ministerio del Interior, actualizado a fecha del 31 de agosto, refleja que el acumulado de entradas a la ciudad autónoma en el norte de África por vía terrestre en el año 2023 a estas alturas del verano era de 650 personas. En el mismo periodo del ejercicio 2024, Ceuta se ha visto desbordada con un total de 1.917 llegadas de inmigrantes.
La gravedad de la "emergencia humanitaria" llevó este lunes a Fernando Clavijo, presidente de Canarias, a proponer a su Consejo de Gobierno llevar al Ejecutivo de Pedro Sánchez a los tribunales "por dejación de funciones". Sus continuas llamadas de auxilio provocaron que el presidente lo recibiera en La Palma, hace ahora 10 días, al acabar sus vacaciones en Lanzarote. Pero la crisis sólo se ha recrudecido.
De esos más de 25.500 migrantes sin papeles llegados a las costas de las islas, más de 5.300 son menores no acompañados (menas), cuya atención es competencia de la Comunidad Autónoma. Por eso, y ante la "sobreocupación" de los centros (que han pasado de 33 a 81 en este último año), el pasado mes de julio, estalló una crisis política.
