En la hilera superior, Víctor Ábalos, Aarón Gómez, Blanca María de Juan de Castro, Carlos Castillo, Carmen Pano y Eugenio Ribón. En la hilera central, Félix Aparicio, Francisca de los Santos Álvarez, Francisco Javier Rodríguez, Jéssica Rodríguez, Javier Sequi Alemany y José Fernández Rosado. En la hilera inferior, Javier Herrero Lizano, Carlos Moreno, María Elvira Gutiérrez, Oriana Olisett Aciego, Pedro Antonio Marín Alba y Sergio Osle.
Del 'caso Koldo' al 'caso Begoña': Ábalos y otros 40 imputados y testigos pasarán por los juzgados los próximos 40 días
El exministro José Luis Ábalos declara el jueves como investigado en el Supremo, donde tendrá que hacer frente a las acusaciones que Aldama ha lanzado sobre él.
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El exministro José Luis Ábalos (acusado por Aldama de cobrar comisiones en la adjudicación de obras públicas), su expareja Jéssica, el jefe de gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero, la empresaria que afirma haber llevado 90.000 euros en bolsas de plástico a la sede socialista de Ferraz, la asesora de Moncloa que pidió a varias empresas financiación para la cátedra de Begoña Gómez...
Esta semana se inicia un nuevo calvario judicial para el Gobierno: 41 investigados y testigos del caso Begoña, el caso Koldo, el caso fiscal general y el caso hidrocarburos (en el que Carmen Pano ya ha apuntado a la presunta financiación ilegal del PSOE) desfilarán durante los próximos 40 días ante el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los Juzgados de Plaza Castilla.
El calendario convierte las próximas semanas en un campo de minas para el Gobierno, mientras Pedro Sánchez intenta cerrar el acuerdo con Puigdemont para recuperar el apoyo de Junts en el Parlamento.
La comparecencia más esperada es la del exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, citado a declarar el jueves ante el Supremo como investigado.
Tendrá que hacer frente a las acusaciones que ha lanzado contra él Víctor de Aldama, quien sostiene que el exministro y su asesor Koldo García cobraron comisiones por la adjudicación de obras públicas.
Según Aldama, Ábalos cobró más de 650.000 euros en efectivo y su asesor Koldo otros 300.000 euros. El exministro se benefició de otras prebendas. Un socio de Aldama destinó 82.000 euros a pagar el alquiler del apartamento que la novia de Ábalos, Jéssica Rodríguez, disfrutó durante tres años en la Plaza de España de Madrid.
Ábalos ya declaró de forma voluntaria el pasado 12 de diciembre ante el Supremo y negó el cobro de comisiones. Ahora lo hace como investigado, después de que el Congreso concediera el suplicatorio, por lo que el juez podría imponerle medidas cautelares (desde la retirada del pasaporte al ingreso en prisión preventiva) tras tomarle declaración.
Antes, el juez del Supremo Leopoldo Puente ha ordenado una prueba caligráfico (que se realizará el martes) para comprobar si fueron realizadas por Koldo García las anotaciones a mano que aparecen en un listado de obras públicas, presuntamente amañadas, que Víctor de Aldama entregó como prueba.
También el martes, declaran en la Audiencia Nacional por la trama Koldo la empresaria Carmen Pano y su hija, Leonor González Pano.
Carmen Pano fue detenida, y puesta en libertad, tras declarar que llevó 90.000 euros en metálico a la sede del PSOE de la calle Ferraz, como contrapartida para que el Gobierno otorgara a la sociedad Villafuel una licencia para comercializar hidrocarburos.
Su hija, Leonor González (que fue novia de Aldama), es la administradora de la sociedad Have Got Time SL, que compró un chalé en La Línea de la Concepción (Cádiz) para que lo disfrutara Ábalos. La UCO encontró en la casa de Leonor González en Sevilla una máquina de contar billetes, como informó EL ESPAÑOL.
'Caso fiscal general'
La semana se cierra con la comparecencia, el viernes 21, del decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, como testigo ante el juez Ángel Hurtado, que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos.
El ICAM ejerce la acusación popular en la causa contra el fiscal general. Ribón mantuvo una reunión con García Ortiz, 24 horas después de que la Fiscalía emitiera una nota de prensa con datos reservados sobre el novio de Ayuso, para protestar por la vulneración del derecho a la defensa que a su juicio había cometido el Ministerio público.
Los últimos informes de la UCO han puesto contra las cuerdas al fiscal general del Estado, al constatar que borró todos sus mensajes de WhatsApp y cerró su cuenta personal de Gmail (en la que había recibido el correo del abogado del novio de Ayuso), el mismo día que el Tribunal Supremo abrió la investigación contra él.
En su declaración como investigado, el pasado 29 de enero ante el Supremo, García Ortiz negó haber filtrado el email con datos del novio de Ayuso, y justificó el borrado de sus mensajes de WhatsApp para proteger la confidencialidad de sus comunicaciones.
'Caso Begoña'
El juez Juan Carlos Peinado dará, la semana que viene, un nuevo paso en la investigación del caso Begoña. Ha citado a declarar el 26 de febrero como investigada a Cristina Álvarez, la asistente de la Moncloa que envió un correo electrónico (con el membrete de Presidencia del Gobierno) a una empresa para pedirle que siguiera financiando la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense.
Cristina Álvarez ya declaró ante el juez como testigo el pasado día 20. Explicó que su labor en la Moncloa consiste en llevar la "agenda privada" de Begoña Gómez, pero que a veces le hace "favores personales" por "amistad". Al concluir su declaración, el juez le otorgó la condición de investigada.
El mismo 26 de febrero, Peinado tiene previsto tomar declaración a seis testigos en la causa. Entre ellos, el exsecretario de Estado Alfredo González Gómez (que fue quien contrató a Cristina Álvarez en la Moncloa), Elvira Gutiérrez-Vierna (interventora de la Universidad Complutense) y Blanca de Juan de Castro, que fue profesora del máster en fundraising que codirigía Begoña Gómez.
Los otros tres testigos citados son representantes de las tres compañías tecnológicas que diseñaron el software financiado por la Complutense para la cátedra de Begoña Gómez, que ésta acabó incorporando a una página web a su nombre: el consejero delegado de Telefónica (que invirtió 55.000 euros en el software), Sergio Osle, y los CEO de Indra (invirtió otros 155.000) y Google en España.
'Caso Ábalos'
Tras escuchar a Ábalos, el juez del Supremo Leopoldo Puente comenzará a tomar declaración la próxima semana a 17 testigos, para contrastar las acusaciones planteadas por Víctor de Aldama contra el exministro de Transportes.
El martes 25 de febrero están citados Carmen Pano y su hija Leonor González Pano (esta vez ante el Supremo), Jesús Manuel Gómez García y el empresario Claudio Rivas.
Jesús Manuel Gómez García fue el subsecretario del Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos y participó en la compra de mascarillas a la sociedad Soluciones de Gestión, tras la que se ocultaba Aldama.
Por su parte, Claudio Rivas lideraba presuntamente la trama de hidrocarburos que defraudó 222 millones a Hacienda, mediante la apertura y liquidación de sucesivas sociedades. El juez Puente le preguntará si pagó comisiones para obtenerla licencia de hidrocarburos de Villafuel.
Dos días después, el 27 de febrero, el magistrado del Supremo tomará declaración a otros cinco testigos para esclarecer el caso Ábalos. Entre ellos, la pareja del exministro, Jéssica Rodríguez, y el empresario Alberto Escolano (socio de Aldama), que pagó el alquiler del apartamento que ésta disfrutó en la Plaza de España de Madrid, durante tres años.
El juez también interrogará como testigos a dos empresarios de la construcción que obtuvieron contratos millonarios del Ministerio de Transportes: José Ruz y Manuel Contreras. Según Aldama, José Ruz pagó comisiones al ministro Ábalos y a su asesor Koldo García.
Su constructora, Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), recibió un contrato de 70 millones de la Dirección General de Carreteras, otro del Gobierno canario que presidía Ángel Víctor Torres y el Ayuntamiento de Leganés, gobernado por el PSOE, le adjudicó la construcción de 108 viviendas sociales, que abandonó sin terminar.
Manuel Contreras es presidente de Azvi. Contrató a la empresa de Koldo García (con una retribución de 6.000 euros mes), tras recibir adjudicaciones por importe de 165 millones de euros del Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos.
El quinto testigo citado a declarar el 27 de febrero es el empresario Manuel Sallés Carceler, que se asoció con Koldo cuando éste salió del Ministerio de Transportes. Ambos viajaron además a Venezuela y México para hacer negocios. Sallés es además directivo de Gaslow, una de las empresas investigadas en la trama de hidrocarburos por defraudar a Hacienda.
El juez Leopoldo Puente retomará la declaración de los testigos del caso Ábalos en la primera semana de marzo. El 4 de marzo desfilarán por el Supremo Víctor Ábalos (hijo del exministro de Transportes, que según Aldama cobró comisiones en el extranjero para su padre), Joseba García (hermano de Koldo, que según Aldama viajó tres veces a República Dominicana para cobrar mordidas) y Carlos Moreno, actual jefe de gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero.
La ministra de Hacienda primero puso "la mano en el fuego" por su jefe de gabinete pero luego, en una entrevista, reconoció que Moreno mantuvo al menos cuatro reuniones con el comisionista Víctor de Aldama (entre diciembre de 2019 y mayo de 2021) porque el Gobierno "está para ayudar a las empresas".
Aldama declaró ante el juez haber pagado a Carlos Moreno 25.000 euros, por las gestiones para retrasar el pago de una deuda tributaria de una de sus empresas, Pilot Real State.
El 4 de marzo declaran otros dos testigos ante el magistrado del Supremo Leopoldo Puente, en la investigación abierta al exministro Ábalos: Israel Pilar Ortiz (cuya consultora, Sortis, ganó contratos públicos de Correos) y Ana María Aranda (que fue la secretaria particular de Ábalos en el Ministerio).
Esta ronda de comparecencias se cierra el 5 de marzo con la declaración de otros cinco testigos ante el Supremo: la exsecretaria de Estado de Transportes Isabel Pardo de Vera, Javier Herrero y Alejandro de las Alas.
Javier Herrero era el director general de Carreteras en la etapa de Ábalos y la persona de la que dependían las valoraciones técnicas en las adjudicaciones. En su declaración ante el Supremo, Aldama le señaló al afirmar que existían obras preadjudicadas en el Ministerio de Transportes.
Está imputado por prevaricación, tráfico de influencias y fraude por un presunto amaño de 25 millones en una adjudicación en la provincia de Ávila.
En cuanto a Alejandro de las Alas, fue oficial mayor del Ministerio de Transportes desde 2017 hasta que, en enero de 2024, fue destituido por Óscar Puente. Era el encargado del control del material sanitario y quien tenía los albaranes de las mascarillas compradas a Soluciones de Gestión, cuyo rastro se ha perdido.
'Caso hidrocarburos'
Se cierra el círculo. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar, entre el 5 de marzo y el 3 de abril, a los 17 investigados por el caso hidrocarburos, en el que investiga un presunto fraude de 222 millones de euros a la Hacienda Pública.
Se trata de Javier Cillán, Pedro Antonio Marín, Félix Aparicio, Oriana Elisett Aciego, Juan M. Rodríguez Velez, José Fernández Rosado, Javier Segui, Aaron Gómez, Carmen Pano y su hija Leonor González Pano (quien tendrán que declarar de nuevo, esta vez como investigadas), Luis Alberto Escolano, Carlos Castillo, Francisca de Santos Álvarez, Francisco J. Rodríguez, Jaime Salmerón, Iván Castañer y Villafuel SL.
Fue precisamente en este causa, en la que Pedraz ordenó el ingreso en prisión de Víctor de Aldama, si bien le dejó en libertad el 21 de noviembre después de que accediera a colaborar con la Justicia y aportar pruebas que señalan al exministro Ábalos y otros cargos públicos.
